El litigio por el dinero que las compañías de vuelos fletados pagan a Cuba es un asunto sensible para la política exterior de Estados Unidos y debe decidirse en un tribunal federal, ordenó un juez de Miami.
En un claro espaldarazo a la política de Washington, el juez federal Federico Moreno determinó que la solicitud de la publicista cubanoamericana Ana Margarita Martínez de embargar los pagos a las compañías autorizadas a volar a la isla para compensar una demanda millonaria es un asunto que rebasa la jurisdicción de los tribunales estatales.
“Este tribunal considera que mantener el caso en un tribunal estatal sería inútil, debido a que ya ha intervenido el gobierno de Estados Unidos y podría moverlo hacia un tribunal federal invocando priviliegios de seguridad nacional”, escribió el juez en un documento de ocho páginas.
La decisión de Moreno cierra las puertas a una moción presentada en agosto por los abogados de Martínez para retornar el caso a los tribunales estatales de Florida, donde inicialmente fue presentada la demanda el pasado marzo. Desde entonces el caso ha rebotado en dos ocasiones de la jurisdicción estatal a la federal.
Moreno argumentó que “Estados Unidos tiene suficiente interés en la acción de los demandantes” y recordó que un fallo adverso en una corte estatal podría perjudicar e interferir con la autoridad del gobierno para regular las transferencias de dinero y la política establecida hacia Cuba.
Con anterioridad, Moreno había enviado el caso al tribunal estatal que aceptó inicialmente la solicitud de embargo de los demandantes.
Martínez busca que parte de los fondos destinados a Cuba sean retenidos para pagar una compensación de 27 millones que le otorgó en el 2001 un tribunal de Miami por daños sufridos durante un matrimonio fraudulento con un agente castrista. El régimen cubano no considera procedente la reclamación.
La orden judicial estaba pendiente desde finales de agosto, luego de que el gobierno de Estados Unidos y las ocho compañías demandadas interpusieran sus argumentos en respuesta a la petición de Martínez para cambiar la jurisdicción del litigio.
Washington se opone a la retención de los fondos usados para pagarle a Cuba, pues considera que la medida pudiera traer la cancelación de los viajes directos entre ambos países y afectaría la política estadounidense en relación con la isla.
El gobierno cubano ha amenazado con suspender los vuelos directos desde Miami si se retienen los pagos por derecho de aterrizaje y otras tarifas contractuales entre la estatal Havanatur y las compañías radicadas en Estados Unidos. Los pagos fueron inicialmente interrumpidos en marzo.
Las compañías involucradas en el caso son ABC, Airline Brokers, C&T, Cuba Travel Services, Gulfstream Air Charter, Marazul, Xael, Wilson International y Xael.
El litigio comenzó el pasado 19 de febrero con una demanda interpuesta por Martínez en una corte de circuito de Miami-Dade. El gobierno de Estados Unidos se sumó a la disputa el 31 de marzo.
Martínez reclama que se le indemnice el monto determinado por el fallo judicial del 2001, que determinó que ella fue usada por su ex esposo, el espía Juan Pablo Roque, bajo órdenes del gobierno cubano.
