Estados Unidos teme por afectación de vuelos directos a Cuba
Estados Unidos consideró improcedente la retención de los fondos usados por las compañías de vuelos fletados para pagarle a Cuba y advirtió que la medida podría traer la cancelación de los viajes directos entre los dos países.
“Las visitas familiares y otros viajes autorizados dependen grandemente del servicio de las compañías de fletes, y los vuelos directos son vitales para el mantenimiento de los contactos que constituyen un interés de la política estadounidense”, declaró Peter M. Brennan, coordinador de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado. “El congelamiento de los pagos a las compañías autorizadas para volar a Cuba resultaría en la terminación de los vuelos directos”.
El funcionario agregó que “una interrupción de los vuelos fletados afectaría seriamente la política de Estados Unidos hacia Cuba”.
La declaración de Brennan forma parte de la más reciente respuesta del gobierno al intento de la publicista cubanoamericana Ana Margarita Martínez de embargar las transacciones destinadas a Cuba para cobrar una compensación millonaria, que ordenó a su favor un tribunal de Miami en el 2001.
La reacción gubernamental se produce en momentos en que la Casa Blanca estaría valorando una flexibilización de los viajes a Cuba como parte de la política de contactos pueblo a pueblo que promueve la administración de Barack Obama. Un posible levantamiento de restricciones para visitas académicas, religiosas, humanitarias y deportivas dispararía el uso de los servicios de viajes fletados a la isla.
El documento fue presentado ante un tribunal federal de Miami el pasado jueves, adjunto a los argumentos del Departamento de Justicia para rebatir una moción de Martínez, quien pretende retornar el caso a una corte estatal. Paralelamente fue entregada la respuesta de las ocho compañías que son objeto de la demanda, y que están representadas por el abogado Ira Kurzban.
Las compañías involucradas son ABC, Airline Brokers, C&T, Cuba Travel Services, Gulfstream Air Charter, Marazul, Xael, Wilson International y Xael.
Rebotando en los tribunales
El litigio comenzó el pasado 19 de febrero con una demanda interpuesta por Martínez en una corte de circuito de Miami-Dade y desde entonces el caso ha rebotado en dos ocasiones de la jurisdicción estatal a la federal. Washington se sumó a la disputa el 31 de marzo.
A comienzos de agosto, el equipo legal de Martínez había presentado una moción ante el juez federal Federico Moreno solicitándole que el caso se desplazara nuevamente a un tribunal estatal de Florida.
Las respuestas presentadas la pasada semana por el gobierno y las compañías afectadas insisten en que los fondos que busca cobrar Martínez son propiedad de Cuba bajo licencia de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y, por lo tanto, el caso debe permanecer bajo jurisdicción federal.
El gobierno reforzó también sus alegatos con una declaración de Adam Szubin, director de la OFAC, quien consideró fuera de lugar la reclamación de Martínez para agenciarse fondos cubanos.
“Al no contar con una licencia de OFAC, la orden obtenida por los demandantes contra los proveedores de servicios de vuelos fletados es nula y sin efecto de acuerdo con las regulaciones federales de control de bienes de Cuba [CACR]”, indicó Szubin en una declaración jurada.
El Departamento de Justicia solicitó también una audiencia a Moreno para que ambas partes ventilen sus argumentos ante el tribunal. Moreno podría anunciar una decisión el próximo mes.
Las compañías de vuelos fletados pagan al gobierno cubano por derecho de aterrizaje y otras tarifas contractuales. Los pagos fueron interrumpidos desde marzo y Cuba ha manifestado que los vuelos directos podrían verse afectados por esta medida.
A mediados de julio, los representantes de las ocho compañías de fletes fueron convocados para una reunión en La Habana con funcionarios de la estatal Havanatur-Celimar y autoridades cubanas, quienes mostraron inquietud por la eventual prolongación del caso legal.
Martínez reclama que el gobierno cubano le pague una indemnización de 27 millones de dólares, concedida por un tribunal de Miami tras ganar una demanda por daños sufridos durante su matrimonio fraudulento con el espía Juan Pablo Roque.
Según el fallo judicial, Martínez fue utilizada por su ex esposo bajo órdenes del gobierno cubano. Roque, que regresó a la isla en 1996, fingió ser un desertor de la Fuerza Aérea para encubrir sus actividades de espionaje como miembro de la Red Avispa.