Por Jason Poblete*
Nuestro gobierno federal –y quizás todos los gobiernos– tiene una habilidad especial para mantener leyes obsoletas artificialmente con vida. Lo aprendí de cerca en el Capitolio. El Congreso impuso en su momento un “impuesto telefónico” durante la Guerra Hispano-Estadounidense, presentado al pueblo estadounidense como un gravamen “temporal” que databa de 1898, y que todavía aparecía en las facturas telefónicas modernas mucho después de que los Rough Riders se convirtieran en material para una noche de trivia.
En el año 2000, yo trabajaba en el Congreso y recuerdo el debate en el Comité de Medios y Arbitrios. Los legisladores todavía debatían cómo eliminarlo, con una propuesta para hacerlo gradualmente durante tres años, como si necesitáramos una salida lenta y digna de una guerra que terminó en el siglo XIX. La cuestión no es la nostalgia. Resulta que la inercia política es real, y la política hacia Cuba es uno de los ámbitos más costosos donde hemos permitido que la apatía sustituya a la estrategia. Ese mismo año, el Congreso aprobó una ley de flexibilización de las sanciones, la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales, que conformó una tríada de legislaciones que desde entonces han perjudicado los intereses nacionales de Estados Unidos con respecto a Cuba.
En un artículo anterior sobre sobre Cuba, afirmé que la política estadounidense hacia Cuba se ha “arrastrado como un zombie”, un “cadáver legislativo mantenido con soporte vital”, porque demasiadas personas en Washington todavía se comportan como si fuera 1996. La Guerra Fría es cosa de historiadores. La intención no era criticar deportivamente leyes antiguas. El objetivo era crear conciencia y animar a los colegas a reflexionar detenidamente sobre los próximos pasos. Necesitamos admitir lo que mostraría una autopsia real: la causa de la muerte son décadas de estancamiento y falta de seguimiento, mientras que el simbolismo sustituye a la estrategia.
Este seguimiento del tema en cuestión trata sobre el marco que dio forma al mundo donde vivimos ahora —1992, 1996 y 2000— y por qué es hora de dejar de recrear esas viejas batallas como si los dragones no hubieran cambiado. En la década de 1990, las suposiciones de Washington con respecto a Cuba eran comprensibles. Las leyes se crearon para una Cuba en transición. Las especulaciones se basaban en un mundo en el que el antiguo régimen de Fidel Castro eventualmente desaparecería, los aliados se unirían a un esfuerzo hemisférico liderado por Estados Unidos, y el tiempo y la presión harían el trabajo pesado.
Pero el panorama geopolítico ha cambiado de manera que quienes redactaron esas leyes, en algunos casos, no pudieron haber imaginado: nuevos rivales se han afianzado, las actividades de inteligencia se han expandido, las redes disidentes han sido diezmadas o exiliadas, y el sistema interamericano se ha debilitado. La década de 2020 presenta un mapa político diferente. Y si el objetivo era una «transición pacífica», como se afirma en la susodicha ley, deberíamos ser lo suficientemente honestos para decir esto: ha habido una especie de transición, pero no de la manera en que la concibieron sus artífices.
La pregunta ahora no es si el viejo modelo era «lo suficientemente firme». La pregunta es qué viene después, y si la política estadounidense finalmente se ajustará a la realidad actual en lugar de seguir el guion de ayer. El pasado puede explicar cómo llegamos hasta aquí; no puede dictar lo que haremos en lo adelante.
Una de las maneras más fáciles de perder el rumbo de ese argumento es centrarlo en las empresas estadounidenses que hacen negocios con Cuba. Si no fueran empresas estadounidenses, empresas de otras naciones llenarían el vacío. Eso no es cinismo; así funcionan los mercados y el capitalismo de Estado. La crisis migratoria probablemente sería mucho peor. Así que el verdadero problema no es la bandera de la factura. El verdadero problema es si la política estadounidense ha proporcionado voluntariamente al sistema cubano los insumos menos sustituibles: las fuentes de combustible que son más difíciles de reemplazar.
Para Cuba, los viajes, las remesas y las divisas fuertes vinculadas al turismo funcionan de la misma manera que el petróleo para regímenes como los de Venezuela o Irán. No porque «el turismo sea malo», sino porque en una economía controlada por el Estado, esos ingresos son poder convertible, apropiado, gravado, redirigido y utilizado para estabilizar la seguridad del Estado. Si se intenta privar de oxígeno a un sistema hostil a Estados Unidos, es absurdo tratar el oxígeno como «ayuda humanitaria». Sin embargo, eso es lo que se hizo con las leyes de la tríada mencionada y las regulaciones que las acompañan.
La ley TSRA de 2000 marcó un momento decisivo para la «normalización» económica, o la idea de que podemos mantener el embargo «en los libros», mientras ampliamos los canales que hacen que el sistema sea más sostenible. El marco comercial de 2000 a menudo se defiende como «alimentos y medicinas» que facilitan «ayudar al pueblo cubano». Bien.
Los alimentos y las medicinas pueden ser excepciones moralmente justificables. Pero lo que ha sucedido con el tiempo es más importante que lo que dice el texto de cualquier estatuto. Una vez establecido, un gran canal legal se convierte en un grupo de interés político. Adquiere grupos de presión, cadenas de suministro, industrias de cumplimiento normativo, argumentos preestablecidos y un coro permanente que pregunta: ¿por qué no un poco más? Así es como lo «limitado» se convierte en «normal», y lo «normal» se convierte en «referencia», y esa referencia se transforma en argumento para una mayor erosión.
Luego llega la lógica del turismo con un halo de bondad: enviar más bienes de consumo, flexibilizar los viajes, ampliar las vías de remesas, enviar automóviles y televisores, todo por el bien de las familias. Pero en una economía de partido único, eso no es un acto neutral. Esos flujos reducen la presión interna sin necesidad de reformas políticas. Alimentan mercados de reventa que pueden ser controlados o gravados. Generan tarifas, puntos de control y estrangulamientos de divisas que el Estado puede explotar. Y contribuyen a construir la ilusión de un «sector privado en crecimiento», sin los fundamentos legales que hacen que la empresa privada sea real.
Aquí está el otro fallo inherente a nuestro antiguo marco de relaciones con Cuba: habla de presión y aspiraciones, pero no aborda seriamente el estado de derecho, la justicia y la rendición de cuentas, ni las cuestiones del Día Después que determinan si es posible un resultado duradero. Cuba tiene «estado de derecho», sí. Pero es el estado de derecho del Partido y del Estado, no el estado de derecho tal como lo entienden los estadounidenses (y la mayoría de las sociedades civilizadas): tribunales independientes, límites aplicables al poder gubernamental, normas comerciales predecibles y derechos de propiedad genuinos.
El régimen de propiedad es la clave, y una clave fundamental. Hay muchas otras. Mi punto aquí es que, independientemente de la documentación existente, la realidad subyacente evidencia que el Estado cubano conserva el control absoluto. Se observan variantes similares en otros modelos capitalistas autoritarios: acuerdos a largo plazo dominados por el Estado y que pueden parecer propiedad hasta que dejan de serlo. El «sector privado», cuando se le permite existir, puede constituir trabajo real realizado por personas reales, y aun así seguir siendo estructuralmente frágil, porque depende de permisos en lugar de derechos.
Y ese es el espejo: partes de nuestra propia política hacia Cuba también han sido ilusorias. Hemos actuado como si los estatutos y las excepciones pudieran sustituir un marco serio de transición legal. Hemos tratado las excepciones y los canales como si no tuvieran costo alguno. Hemos fingido que podemos alimentar al sistema con lo que necesita mientras seguimos afirmando que estamos «manteniendo la presión».
Así que mi punto aquí no es reprender a las empresas estadounidenses por operar dentro de la ley. Si las empresas quieren arriesgar su patrimonio personal en ese entorno, se les debe permitir hacerlo. La ley, tal como está estructurada hoy, lo permite. Debemos asumir esa decisión, en lugar de fingir que no es una decisión. Pero si también estamos de acuerdo en que los problemas específicos son reales, concretos y solucionables, entonces debemos dejar de dar vueltas a la noria y comenzar a elaborar políticas que prioricen a los estadounidenses y a las empresas radicadas en Estados Unidos. Y ahora más que nunca, Estados Unidos necesita empresas con contactos en Cuba para ayudar a evitar una crisis humanitaria y una nueva crisis migratoria. Sí, la situación puede empeorar mucho.
En este análisis a manera de autopsia, expuse algunos de los puntos que deberían importar más a los contribuyentes estadounidenses: compensación por las propiedades robadas, liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente, reducción de la presencia de inteligencia hostil y estabilización de la región. El interés propio estadounidense, no la ideología. También argumenté que las leyes antiguas basadas en elementos como las representaciones simbólicas de la ONU no influyen en la seguridad estadounidense ni liberan a los presos políticos. Si la política hacia Cuba es un cadáver político, el siguiente paso debe ser un entierro adecuado y un reemplazo que funcione en el mundo donde vivimos, no en el mundo que recordamos.
Un marco con visión de futuro debería plantearse al menos tres cosas:
Primero: tratar los canales de flujo de efectivo como una herramienta de presión, no como una terapia. Los alimentos y los medicamentos están en la misma categoría. El turismo y los bienes de consumo son otra. Si los viajes y las remesas son oxígeno, entonces cualquier expansión debería requerir una reciprocidad clara y medible: en cuanto a los presos políticos, la presencia de inteligencia hostil del régimen y reformas legales verificables que realmente protejan a las personas y la propiedad. Y si vamos a usar sanciones, y deberíamos, entonces dirijámoslas a quienes corresponden: a los oligarcas cubanos y las empresas estatales de seguridad que se benefician del sistema, no a los estadounidenses ni a las empresas con sede en Estados Unidos que actúan legalmente. Dejemos que las empresas estadounidenses hagan lo que mejor saben hacer. El trabajo del gobierno no es microgestionar el comercio; es establecer algunas condiciones estrictas, hacerlas cumplir de manera consistente y asegurarse de que Estados Unidos aproveche sus recursos para obtener resultados reales en lugar de acciones superficiales.
Segundo: dejar de fingir que el Día Después es problema de otro. Cuba es económicamente pobre por diseño. Esa realidad tiene mucho más que ver con la gobernanza socialista y la captura del Estado que con el embargo o cualquier otra política estadounidense. Las reclamaciones de propiedad, la justicia, la rendición de cuentas y la arquitectura legal de una economía real no son cuestiones secundarias. Son el núcleo del problema. No se puede construir un futuro estable sobre la base de propiedades robadas, prisiones políticas y un sistema comercial que sigue dependiendo de permisos, donde el Estado puede confiscar capital a su antojo y no existe un verdadero Estado de derecho ni recursos legales fiables.
Si los estadounidenses quieren invertir en ese entorno, bien, pero deben hacerlo con los ojos bien abiertos y sin esperar que Estados Unidos respalde sus pérdidas o priorice sus riesgos privados por encima de las reclamaciones certificadas y otras obligaciones de larga data. Esto debe regularse por ley. Al mismo tiempo, Cuba está demasiado cerca como para ignorarla. La geografía no es una teoría. La proximidad importa, política, económica y en términos de seguridad. Consideramos la inestabilidad de México una prioridad nacional; por esa razón, debemos abordar la trayectoria de Cuba con la misma seriedad y urgencia.
Tercero: limitar los objetivos de Estados Unidos a lo que puede perseguir legítimamente y atenerse a ellos. El futuro político de Cuba depende del pueblo cubano, no de mí ni de ningún estadounidense. Nuestro papel no es «elegir líderes» para Cuba ni participar en guerras de cambio de régimen por medio de terceros. Lo hemos intentado en muchos lugares y, con el tiempo, no funciona. Basta con ver cómo ha resultado en Venezuela. Nuestro papel es defender los intereses de Estados Unidos, insistir en la reciprocidad legal cuando intervienen canales estadounidenses y construir un marco serio para la resolución de disputas, especialmente en lo que respecta a propiedades confiscadas y detenciones ilegales, al tiempo que confrontamos las operaciones hostiles cerca de nuestras costas.
Esto no es nostalgia. Es una cuestión de prioridades. Estados Unidos pasó la década de 1990 luchando contra un tipo de amenazas. La década de 2020 exige armas y prioridades diferentes. Y eso comienza con la honestidad más simple: admitir lo que ha funcionado y lo que no, comprender lo que nuestras políticas han subvencionado en realidad y decidir, explícitamente, qué apoyaremos y qué no en el futuro.
El pasado puede explicar cómo llegamos hasta aquí, pero no puede dictar lo que haremos a partir de ahora.
*Abogado cubanoamericano, fundador de la organización The Global Liberty Alliance, en Washington DC. Representante legal en Estados Unidos de Alina López Miyares, profesora condenada a 13 años de prisión en Cuba por espionaje.
