La restricción de entrada a Estados Unidos a personas con problemas de salud afectará solo solicitantes de visa de inmigrante, no a las peticiones para viajes de turismo, aclararon fuentes gubernamantales.
El Departamento de Estado confirmó a Café Fuerte la implementación de una nueva normativa para el procesamiento de visados, la cual orienta a funcionarios consulares denegar el ingreso al país a personas con afecciones crónicas, incluidas enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y obesidad.
«No es ningún secreto que la Administración Trump está anteponiendo los intereses del pueblo estadounidense”, dijo Tommy Pigott, portavoz principal adjunto del Departamento de Estado. “Esto incluye la aplicación de políticas que garanticen que nuestro sistema de inmigración no suponga una carga para los contribuyentes estadounidenses».
La directiva fue enviada el pasado jueves 6 de noviembre a embajadas y consulados estadounidenses alrededor del mundo, y entrará en vigor de inmediato. Café Fuerte tuvo acceso a un correo electrónico con el texto del mensaje enviado por la oficina del secretario de Estado, Marco Rubio.
El criterio sobre la condición médica del solicitante estaría en manos de médicos autorizados por el gobierno y funcionarios consulares para evaluar si la persona puede permanecer saludable, encarar los costos de salud y mantener un empleo sin convertirse en carga pública.
«Deben tener en cuenta la salud del solicitante. Ciertas afecciones médicas —incluidas, entre otras, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos mentales— pueden requerir tratamientos que cuestan cientos de miles de dólares», señala la comunicación.
El anuncio menciona que la obesidad puede ser una condición relacionada con trastornos de asma, apnea del sueño e hipertensión.
«Todas estas afecciones pueden requerir tratamientos costosos y prolongados», indica la nueva orientación consular.
La medida ha desatado severas críticas entre organizaciones cívicas, abogados de inmigración y familiares de personas en proceso de emigrar a Estados Unidos, quienes consideran que se trata de una decisión cruel y deshumanizada.
Sin embargo, el Departamento de Estado especificó que el cambio respecto a los requisitos médicos no afectará a los visados B-2 de no inmigrante para aquellas personas que pueden sufragar sus tratamientos médicos y planean regresar a su país de origen.
Durante más de 100 años, el Departamento de Estado ha tenido la autoridad de denegar una solicitud de visado basándose en la probabilidad de que el solicitante se convierta en una carga pública a su arribo a Estados Unidos.
Pero, de hecho, los solicitantes de visa de inmigrante, ya se someten a exámenes médicos para detectar enfermedades infecciosas y se les exige un registro actualizado de vacunación, que incluye sarampión y hepatitis B.
“Es cierto que siempre han existido restricciones médicas, especialmente si la persona pudiera ser carga publica, pero habrá que observar la manera en que esta nueva normativa va a evaluar la condición de salud del solicitante”, dijo Willy Allen, abogado de inmigración en Miami. “Pero me temo pueda convertirse en otra barrera de la administración para desalentar la inmigración y beneficiar en última instancia a personas que puedan tener recursos suficientes para enfrentar sus problemas de salud”.
Varias categorías de reunificación familiar están condicionadas a que los reclamantes puedan responsabilizarse con sufragrar la cobertura médica del inmigrante.
En el caso de los cubanos y haitianos que entran al país como residentes no tienen derecho a acogerse a programas de protección adicional establecidos para ambas nacionalidades, como la Ley de Ayuda a la Educación de los Refugiados, vigente desde 1980, y la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales, de 1996. Ambas legislaciones permiten conceder asistencia financiera, servicios médicos, alimentación y capacitación para el empleo solo para quienes ingresen como refugiados o recibir asilo.
La directiva pondrá un énfasis mayor en el expediente médico, con adicional potestad para los funcionarios consulares a la hora de tomar una decisión sobre el peticionario.
La Administración Trump dice estar protegiendo a los contribuyentes estadounidenses mediante un “escrutinio minucioso” para evitar que los inmigrantes impedidos de cubrir sus propios gastos médicos vengan a Estados Unidos a sobrecargar el gasto público.
