Aquí es donde el balance de estos 30 años de la Ley Helms-Burton se vuelve interesante. Si somos honestos, nuestro marco de actuación ha sido a menudo estructuralmente sólido en una sola cosa: preservar un argumento. Ha sido menos eficaz a la hora de modificar la economía política interna del sistema. Durante décadas, hemos vuelto a escenificar viejas batallas.
Al mismo tiempo, Cuba ha evolucionado hacia algo más parecido a una economía de nichos privilegiados, donde el control se ejerce no solo a través de la ideología, sino mediante el acceso preferencial: la logística portuaria, los puntos de estrangulamiento en el comercio minorista y las entidades comerciales vinculadas a los servicios de seguridad y a las redes militares. Las consignas han seguido siendo las mismas; los mecanismos de control, en cambio, se han modernizado.
Así pues, he aquí el ejercicio mental —y sí, se trata de una cuestión que responde al «corolario Trump», y no de un proyecto nostálgico de la era Biden. La postura de la Estrategia de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental —que pone fin a la era de tolerancia hacia la migración masiva, prioriza la estabilidad y la seguridad en el entorno regional inmediato, fortalece a las Américas como zona económica y de seguridad, fomenta el nearshoring y busca la colaboración de socios regionales competentes— exige que dejemos de tratar a Cuba como si fuera una pieza de museo congelada en el tiempo. (Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos/ noviembre de 2025).
Cuba no es solo una cuestión moral; es un hecho geográfico situado en el corazón del Caribe, y su disfuncionalidad se desborda hacia Florida, hacia el resto de la región y hacia el ámbito de la competencia estratégica, nos guste o no.
¿Qué aspecto tendría una política hacia Cuba que priorizara el sector privado, que fuera firme frente al sistema, que no impusiera agendas políticas a los cubanos y que, además, encajara realmente en una estrategia pragmática de «las Américas primero»?
Una advertencia antes de dejarnos llevar por las consignas: en Cuba, el término «sector privado» suele ser, en realidad, una etiqueta edulcorada para referirse al mercado negro. Es la economía que surge cuando la economía oficial fracasa. Washington también ha contribuido a mantener una «ficción cordial», al tratar a muchos de los vehículos designados por el Estado como «privados» —incluidas las MIPYMES— como contrapartes aceptables a efectos de concesión de licencias, siempre y cuando se cumplan otras restricciones.
Muy bien. Pero no confundamos una categoría administrativa con un verdadero sector privado. No puede existir un mercado liberal clásico sin derechos de propiedad, sin un sistema judicial fiable y sin la capacidad de celebrar contratos sin necesidad de obtener un permiso político. A menos que se produzca un cambio de política que incluya modificaciones en la legislación estadounidense, es posible que debamos trabajar con la Cuba que existe —y no con la Cuba que desearíamos que existiera—, y diseñar una política que canalice el apoyo hacia los hogares, al tiempo que estrechamos el cerco en torno al andamiaje estatal y militar.
Esto comenzaría con una licencia general de amplio alcance para el sector privado —acompañada de exclusiones estrictas y normas claras de «puerto seguro» en materia de diligencia debida—, diseñada para ampliar el espacio legal para los hogares y emprendedores cubanos, a la vez que se intensifica la presión sobre el aparato coercitivo y las redes financieras que lo sustentan.
Una licencia general de amplio alcance para el sector privado no constituye una «normalización». No es un ritual de perdón. No es un «reinicio suave». Es un rediseño focalizado del funcionamiento de los permisos estadounidenses, articulado en torno a un principio sencillo: si vamos a permitir que fluyan recursos hacia Cuba —algo que, de hecho, ya hacemos—, entonces debemos dejar de permitir que el sistema los capture por defecto.
Debemos estructurar el comercio y las finanzas legales de modo que eludan la captura estatal siempre que sea posible, y debemos elevar el costo del lucro vinculado a los aparatos de seguridad allí donde este exista. Este tipo de política también debe ir acompañada de algo que Washington, con demasiada frecuencia, trata como opcional: la rendición de cuentas.
Una política que priorice al sector privado no es un programa de amnistía. Es una estrategia para ampliar el espacio legal en favor de las familias y emprendedores cubanos, al tiempo que se intensifica la presión sobre el sistema coercitivo y los funcionarios que lo mantienen en funcionamiento. Esto incluye la exigencia de responsabilidades por los crímenes cometidos contra ciudadanos estadounidenses. El derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996 no fue un «incidente»; fue el asesinato de tres ciudadanos y un residente legal de Estados Unidos.
Los funcionarios cubanos involucrados en la planificación, autorización o ejecución de dicho ataque —así como aquellos responsables de otros crímenes contra personas estadounidenses, incluidas las detenciones arbitrarias y el uso de personas como moneda de cambio al estilo de la toma de rehenes— deben ser tratados del mismo modo en que los países serios tratan a los actores estatales que atentan contra su propia ciudadanía: mediante imputaciones formales allí donde exista jurisdicción, una labor de investigación sostenida, una cooperación coordinada entre las fuerzas del orden a nivel internacional y la oferta de recompensas cuando resulte pertinente. La actuación en frentes paralelos es fundamental.
La justicia no se negocia ni se intercambia. Se persigue con paciencia y perseverancia. Este es, precisamente, el elemento que brilla por su ausencia en la política hacia Cuba. En lo que respecta a las sanciones, Estados Unidos debería mantener —y endurecer— las medidas financieras selectivas y las restricciones de viaje contra las personas implicadas y sus redes de apoyo: prohibiciones de visado, congelación de activos y la designación enérgica de empresas fachada, facilitadores y canales de financiación vinculados a los servicios de seguridad y a actores militares-comerciales. El mensaje debe ser sencillo y coherente: el comercio destinado al pueblo cubano no servirá de escudo para quienes ordenaron actos de violencia, represión o crímenes contra ciudadanos estadounidenses.
Pasemos ahora al aspecto práctico: ¿por qué este enfoque funcionaría mejor hoy que en 1996?
Porque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro en 2026 no es la misma que la OFAC de 1996. La OFAC es el principal organismo regulador de sanciones y agencia de aplicación civil del gobierno de Estados Unidos: la «policía» de las sanciones en materia monetaria y comercial. Hace 30 años, la aplicación de las sanciones se desenvolvía en gran medida en un mundo de rastros documentales en papel, canales bancarios más lentos y un ecosistema menos desarrollado de inteligencia para el cumplimiento normativo. Hoy día, Estados Unidos cuenta con herramientas mucho mejores para atacar sistemas específicos que para aplicar sanciones de manera indiscriminada, lo cual podría fortalecer —involuntariamente— a los actores más coercitivos.
El rastreo de la titularidad real, el análisis de redes, la inteligencia financiera moderna basada en el análisis de patrones comerciales y de transporte marítimo, y la capacidad de designar rápidamente a facilitadores y entidades fachada: estas herramientas cambian las reglas del juego si las utilizamos con disciplina. Podemos apuntar a los motores de flujo de efectivo y a los nodos logísticos que alimentan la coerción, al tiempo que creamos vías legales que fortalezcan la vida económica independiente de los cubanos de a pie.
Si se desea evitar que esto suene a una concesión unilateral, hay que hacer que sea condicional y mensurable. No se trata de «reformas» en abstracto, sino de resultados concretos.
Si Cuba desea un acceso más amplio del sector privado a los canales comerciales de Estados Unidos, entonces debe reanudar las conversaciones sobre la liquidación de reclamaciones con un cronograma real. Debe tratar las reclamaciones certificadas como lo que son: una deuda de larga data y una herida abierta desde hace mucho tiempo que distorsiona cualquier decisión de inversión seria. Debe liberar a los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente y dejar de tratar a los seres humanos como fichas de negociación.
Debe abordar las preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos que no son mera escenografía política: la cooperación en materia de inteligencia, la actividad cibernética hostil y cualquier punto de apoyo externo dirigido contra Estados Unidos desde una distancia de apenas 90 millas. Estas no son fantasías de los «halcones» de la política hacia Cuba; son responsabilidades básicas si La Habana aspira a ser tratada como algo distinto a una fuente permanente de inestabilidad regional.
Y no, nada de esto exige que Estados Unidos dé su bendición a una sucesión militar ni que finja que un modelo controlado por el Estado —aunque haya sido rebautizado— constituye un «sector privado». Esta cautela no es nueva. Hace años, en 2007, en un trabajo que coescribí con el doctor Jaime Suchlicki, argumentamos con claridad que normalizar las relaciones con una dictadura militar bajo el mando de Raúl Castro —o de cualquier sucesor suyo— envía un mensaje equivocado al hemisferio y recompensa los abusos. Ese argumento sigue vigente. Una estrategia que priorice al sector privado no representa un alejamiento de dicho principio; Es una forma de hacerlo operativo. Traza una línea clara entre el pueblo cubano y el sistema coercitivo que lo explota, y utiliza las herramientas de EE. UU. para ampliar esa brecha.
Existe también aquí una claridad moral que suele perderse ante la constante tentación de Washington de confundir la retórica con la capacidad de presión. Animar desde una distancia segura no es solidaridad; de hecho, es uno de los defectos más problemáticos de la Ley Helms-Burton y, en general, de la política estadounidense hacia Cuba.
Si la política de Estados Unidos no está diseñada para crear un espacio real donde las familias cubanas puedan construir vidas independientes —mediante contratos, pequeñas empresas, ingresos lícitos y comercio legal—, entonces nos quedamos con una política que simula dureza, pero que en realidad genera estancamiento. Peor aún: terminamos «incitando» a la gente con un lenguaje de derechos y un apoyo meramente simbólico, mientras el aparato coercitivo permanece financiado, intacto y sin temor alguno.
El propósito de una licencia general que priorice al sector privado no es «ayudar a que el sistema sobreviva». El objetivo es dejar de alimentar las partes equivocadas de dicho sistema, brindar a los hogares cubanos un margen legal para respirar y reducir las presiones humanitarias y migratorias que actualmente desestabilizan nuestra vecindad regional. También busca reencauzar la política hacia Cuba bajo una perspectiva de «prioridad para las Américas»: concebir el hemisferio occidental como una zona estratégica donde la estabilidad, el comercio lícito y la cooperación en materia de seguridad son fundamentales, y donde los adversarios aprovechan los vacíos de poder.
La premisa moral de la Ley Helms-Burton puede permanecer intacta: el pueblo cubano merece la autodeterminación y la libertad. Sin embargo, el mecanismo requiere una actualización. Treinta años es tiempo suficiente para admitir lo que nuestros propios ojos ya pueden ver: hemos mantenido con soporte vital legislativo a un cadáver jurídico, mientras la isla, la región y las amenazas han seguido evolucionando.
La solución no reside en la blandura, sino en la estrategia: una focalización moderna, exclusiones rigurosas, normas de cumplimiento exigibles y una arquitectura que priorice al sector privado, fortaleciendo así a los cubanos sin subsidiar a la maquinaria coercitiva que los mantiene en la pobreza.
Jason I. Poblete es un abogado cubanoamericano, fundador de la organización The Global Liberty Alliance, en Washington DC. Representante legal en Estados Unidos de Alina López Miyares, profesora condenada a 13 años de prisión en Cuba por espionaje.
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