Por Redacción CaféFuerte
El gobierno de Bahamas anunció la entrada en vigor de un «nuevo procedimiento operativo” para la repatriación de inmigrantes cubanos que llegan o son interceptados en aguas territoriales de esa nación.
La decisión es el resultado de un acuerdo con el gobierno de La Habana e implica que a partir de esta semana las autoridades bahamenses reducirán al mínimo el tiempo para la devolución a Cuba, por aire o por mar, de los «inmigrantes cubanos irregulares» que eran retenidos por largo tiempo en el campamento de refugiados de Carmichael Road.
El acuerdo fue anunciado por Frederick Mitchell, ministro de Relaciones Exteriores e Inmigración de Bahamas, en un comunicado oficial difundido este jueves. La inciativa es el resultado de las conversaciones sostenidas por una delegación del gobierno bahamense con representantes cubanos en La Habana, los días 2 y 3 de septiembre.
La delegación interinstitucional bahamense estuvo encabezada por Philip Miller, secretario permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien se reunió en La Habana con funcionarios cubanos durante la primera reunión técnica sobre cuestiones migratorias entre Cuba y las Bahamas.
Retorno expedito
«El objetivo central de este acuerdo es reducir el tiempo de retorno de los inmigrantes irregulares que llegan a Bahamas desde Cuba», indicó el documento. «Mediante el fortalecimiento de los mecanismos de comunicación entre las dos entidades de interdicción marítima de nuestros países y el establecimiento de compromisos concretos con plazos determinados por ambos países, se espera reducir el tiempo de repatriación de inmigrantes cubanos irregulares de la situación actual de meses retenidos en un centro de detención, a semanas como máximo».
Mitchell quien dijo que la repatriación expedita de cubanos tuvo consenso entre ambas partes, y argumentó que el proceso se había visto atascado hasta ahor debido a las complicaciones burocráticas en ambos países.
Agregó que el pacto para la repatriación deja espacio para el respeto de las obligaciones contraídas con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en virtud de garantizar la adecuada selección de los inmigrantes que califican para asilo político.
La reunión bilateral de septiembre entre Cuba y Bahamas se sucedió luego de una visita oficial del gobierno de Nassau, liderada por Mitchell, a comienzos de agosto, en medio de una tensa crisis interna por quejas de abusos cometidos contra refugiados cubanos. Las protestas se extendieron luego de la difusión de un video de golpizas en la televisión de Miami, el pasado junio, y desencadenaron una ola de manifestaciones en la comunidad exiliada, incluyendo una huelga de hambre por los activistas Ramón Saúl Sánchez y Jesús Alexis Gómez..
Proceso judicial por abusos
Tras el incidente, Bahamas accedió a liberar a varios cubanos, repatrió a una treintena de ellos y procedió a realizar una investigación sobre los abusos denunciados.
A comienzos de este mes, el gobierno de Bahamas inició un proceso judicial contra cinco custodios del Centro de Detención de Carmichael Road por supuestos abusos contra inmigrantes cubanos el pasado mayo. El juicio, con carácter sumario, fue realizado por un tribunal militar presidido por un alto oficial del Ejército,
Las denuncias incluyen abusos sexuales contra mujeres detenidas en Nassau. Una de ellas, Mairelis Saurí González, de 24 años, quien fue deportada a Cuba con un embarazo como resultado de la supuesta violación de un guardia del campamento.
Hasta ahora los balseros, entre ellos familias con niños, permanecían arrestados durante meses en el centro de Carmichael Road, sometidos a tratos irregulares por los custodios.
«Aunque estos procedimientos son una solución tangible a los desafíos que enfrenta la repatriación por ambos gobiernos, las discusiones seguirán en curso con vistas a seguir trabajando juntos en temas migratorios más amplios», indicó el documento.
Las negociaciones estuvieron asesoradas por equipo técnico de funcionarios de la Real Fuerza de Defensa de Bahamas, el Ministerio de Seguridad Nacional, la Fiscalía General, el Departamento de Inmigración y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
