Una semana después de la más espantosa tragedia sufrida en la historia contemporánea de Venezuela, con más de 2,300 muertos, una perturbadora cifra de 43 mil desaparecidos y un país sumido en la devastación, la administración Trump tiene ante sí una ineludible decisión de humanidad hacia la comunidad venezolana en Estados Unidos.
El reclamo es cada vez más urgente y necesario junto con ayuda de más de $300 millones que Washington ha destinado para paliar la crisis general del país. El Secretario de Estado y Consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, debe pedir de inmediato al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se congelen indefinidamente las deportaciones a Venezuela, y recomendar al Presidente que decrete a la mayor brevedad el estatus de protección temporal para los 600 mil venezolanos que quedaron desprotegidos y a expensas de ser arrestados por ICE tras la suspensión de sendos TPS, el pasado año, como parte de la política de restricciones migratorias de Donald Trump.
Se impone una declaración oficial de la administración y del DHS, más allá de las tácitas intenciones de las agencias federales y los altos cargos gubernamentales de postergar la persecución de inmigrantes venezolanos, y de las gestiones de políticos de ambas bancadas por buscar un alivio frente una situación tan despesperada.
La administración Trump debe dar el paso, pero también los congresistas y los políticos y funcionarios electos de la comunidad del sur de la Florida tienen que ejercer presión sobre Washington para conseguir un aplazamiento humanitario que resulta, de hecho, ineludible.
Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca para su segundo mandato, un total de 30 mil venezolanos han sido deportados en vuelos de ICE a Caracas y otros destinos. El último de esos vuelos, el número 164, realizado horas antes de ocurrir el terremoto, llevó a 147 deportados desde las cárceles de inmigración de Estados Unidos a una pesadilla de terror. Solo algunos lograron sobrevivir al derrumbe del hotel adonde fueron llevados para procesarlos.
¿Acaso podría pensarse en otro operativo de deportación en las actuales circunstancias? ¿Tiene entonces algún sentido mantener en un limbo legal a miles de personas en territorio estadounidense sin permitirles sustentarse ni poder contribuir a las necesidades de familiares y compatriotas que atraviesan por la etapa mas oscura de la nación suramericana?
“Todo es dantesco por dondequiera que lo veas”, comentó Ade Ferro, directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, organización que ha llevado la voz cantante en los litigios legales sobre al TPS de los venezolanos y espera ahora por una solución razonable a la crisis humanitaria.
El abogado de inmigración Willy Allen considera que tanto la paralización de las deportaciones como la implementación de un TPS para todos los venezolanos que estaban en territorio estadounidense hasta el 24 de junio, son medidas que no deben esperar.
“El silencio de los tres congresistas republicanos del sur de Florida es un bochorno, pero tampoco he escuchado pronunciarse a los políticos demócratas locales, todos los funcionarios de Miami-Dade, los alcaldes de nuestras comunidades, pidiendo el TPS y protección para todos los venezolanos… Lo que se necesita en estos momentos es una comunidad venezolana fuerte en Estados Unidos, capaz de generar dinero y proporcionar ayuda material para reconstruir Venezuela. Y es una responsablidad local reclamar este tipo de ayuda legal”.
Además de suspender los vuelos de deportación y firmar un TPS con carácter de emergencia, el Presidente tiene la opción de decretar una medida conocida como Deferred Enforced Departure (DED), que es una protección temporal y discrecional que elimina el peligro de deportación para ciertos ciudadanos extranjeros. El DED no constituye un estatus legal ni conduce a la residencia permanente, pero permite a las personas elegibles permanecer en Estados Unidos sin riesgo de expulsión y solicitar autorización para trabajar.
Las opciones están puestas sobre la mesa y no hay tiempo que perder ante este desgarrador momento de infortunio en nuestro hemisferio. La única política viable en esta hora es la que ponga por delante el sentido común para beneficiar a quienes padecen la desgracia.
Para la administracion Trump es una prioridad estratégica como nunca antes lo habían sido Venezuela y los venezolanos.
