El gobierno cubano aprobó este jueves un plan de emergencia de 176 medidas que buscan reformular la devastada economía nacional con cambios enfocados en evitar el colapso general del país.
Aunque el paquete anunciado en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular necesita aún precisiones sobre el alcance de las medidas, la propuesta se perfila como la mayor transformación económica proyectada en Cuba en los últimos 30 años.
Al hacer las conclusiones de la reunión, el gobernante Miguel Díaz-Canel marcó la urgencia de la situación cubana con un llamado a salvar al país: “Cuba, nuestra amada Cuba, vive las horas más difíciles de este siglo y tenemos la histórica responsabilidad de salvarla”.
Los cambios “urgentes y necesarios” que definió Díaz-Canel marcan giros radicales que reproducen estrategias implementadas en la vida económica de países como China y Vietnam desde hace décadas, y que Cuba estaba renuente a aplicarlas.
Pero con la crisis tocando fondo, arrinconado por la improductividad y la ineficiencia, el deterioro social, las carencias extremas de energía, alimentos y medicinas, y el cerco de sanciones de la administración Trump, el régimen cubano ha accedido a introducir las reformas postergadas como un gesto de salvamento.
“No podemos pensar y actuar como en tiempos normales porque no son tiempos normales”, acotó el mandatario.
A pesar de que varios expertos consideran que se trata de una movida a destiempo que no podrá contener la debacle económica para prevenir el descalabro total del país, habrá que ver si el programa logra instrumentar las modificaciones necesarias para la sobrevivencia del sistema.
Al presentar el paquete de medidas, el primer ministro Manuel Marrero advirtió que de no implementar estas transformaciones ahora “puede generar consecuencias irreversibles en el orden político y social” del país.
Entre las más arriesgadas propuestas aparecen la autorización de la banca privada por primera vez desde la nacionalización del sistema financiero hace más de 60 años, y la cual quedará bajo supervisión regulatoria del Banco Central de Cuba, pero en igualdad de condiciones con la banca estatal.
Esta es una relación de 30 de las principales medidas esbozadas en los medios oficiales y que tendrán que reglamentarse para su instrumentación en los próximos días:
EMPRESA ESTATAL
- Conversión de la empresa estatal en sociedad mercantil por acciones. El Estado solo mantendría participación mayoritaria en sectores estratégicos.
- Las empresas podrán fijar sus propios precios y crear o liquidar filiales sin autorización ministerial.
- Eliminación gradual de 92,500 millones de pesos en subsidios al sistema empresarial.
SECTOR PRIVADO
- Eliminación del tope de 100 trabajadores admitidos por las mipymes.
- Un empresario o emprendedor podrá ser titular de más de una empresa y tener participación accionaria en varias.
- Se eliminarán 70 de las 125 actividades prohibidas por el Decreto 107. Quedan por precisar cuáles son las 55 actividades que permanecen prohibidas.
- Empresas privadas y cooperativas podrán importar y exportar directamente sin autorización ministerial.
- Se autorizan franquicias extranjeras para operar sin restricciones dentro del país.
AGRICULTURA
- Se establece el usufructo por tiempo indeterminado, con la eliminación de plazos fijos.
- El usufructuario podrá contratar mano de obra, sin la exigencia obligatoria de que tenga que trabajar directamente la tierra.
SISTEMA DE IMPUESTOS
- Perfeccionar la imposición al consumo mediante la implementación gradual del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Se iniciará por determinadas cadenas de producción-consumo y contemplará tipos impositivos reducidos a productos de la canasta de bienes y servicios.
- Incrementar las cuantías fijas de los siguientes tributos:
🔹Impuesto sobre el transporte terrestre según el tipo de vehículo, su valor, combustible, entre otros aspectos.
🔹Impuesto sobre embarcaciones.
🔹Impuesto sobre documentos.
🔹Impuestos ambientales.
🔹Tasa de radicación de anuncios y propaganda comercial.
SALARIOS Y PENSIONES
- Incremento de un 53% del salario mínimo: de 1,100 a 3,210 pesos cubanos a partir del 1 julio de 2026. Se estima que el aumento beneficiará al 51% de los trabajadores cubanos.
- Ajuste anual del salario mínimo según la inflación y protección equivalente a un mes de salario para los trabajadores del sector no estatal que queden sin empleo,
- Flexibilización en los requisitos para la jubilación: se aceptará que de los 30 años mínimos de servicio se puedan considerar hasta 10 años dedicados al cuidado familiar, atendiendo a la actual dinámica demográfica del país.
- Eliminación de la aprobación administrativa del pluriempleo, así como la autorización del teletrabajo desde el exterior para determinados casos.
BANCA Y CAMBIO DE DINERO
- Se autoriza la banca privada autorizada bajo supervisión del Banco Central de Cuba.
- Devaluaciones sucesivas para reducir la brecha entre el cambio oficial (1×24) y el real en el mercado informal.
- Desaparece el límite diario de extracción de 5,000 pesos.
- Se otorgarán licencias para casas de cambio privadas.
- Establecimiento de entidades financieras no bancarias orientadas al otorgamiento de microcréditos.
- Eliminación de restricciones a los pagos en divisas entre proveedores extranjeros y contrapartes cubanas.
- Introducción de nuevas plataformas digitales para el desarrollo del mercado financiero.
DESCENTRALIZACIÓN DE GOBIERNOS MUNICIPALES
- Los municipios podrán exportar e importar directamente.
- Los proyectos de inversión extranjera podrán autorizarse sin tramitación central.
- Desaparecen las delegaciones provinciales de Agricultura, las cuales quedarán sustituidas por una oficina nacional de control de tierras y ganado.
MODIFICACIONES EN LOS SUBSIDIOS
- Eliminación de subsidios a productos y focalización en personas vulnerables, lo que implicaría la reformulación o desaparición de la libreta de abastecimiento.
- Creación de un Fondo de Protección Social con los ahorros presupuestarios.
SISTEMA ENERGÉTICO
- Se autoriza la participación de capital privado y extranjero en importación y comercialización de combustibles.
- Incentivos fiscales para la instalación de sistemas fotovoltaicos en centros sociales.
