Apenas cinco días después de que el gobierno cubano implementara un paquete de reformas económicas para paliar la galopante crisis del país, la administración de Donald Trump dio otro golpe de sanciones contra entidades estatales y una representante de la familia Castro.
El Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las restricciones contra cinco empresas que generan ingresos sustanciales para el régimen cubano, tres de ellas bajo la sombrilla del conglomerado militar GAESA, y también contra Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa del General de Brigada Alejandro Castro Espín y nuera de Raúl Castro.
La designación de sancionados la ejerció Rubio en virtud de la orden ejecutiva del presidente Trump del pasado 1 de mayo, dirigida a recrudecer el cerco financiero y comercial contra el régimen cubano, y a castigar a violadores de derechos humanos y gestores del aparato represivo en la isla.
“GAESA sigue operando como el músculo financiero que sustenta el aparato de seguridad represivo del régimen cubano”, escribió Rubio en un comunicado. “Dos de las entidades designadas hoy son instituciones financieras vinculadas a GAESA que se dedican a mover dinero en nombre del régimen, y una es una empresa de logística también vinculada a GAESA que ejecuta las órdenes del régimen en toda la isla”.
La designación también incluye a dos entidades adicionales que se dedican a la explotación de las reservas minerales y metálicas en el territorio cubano.
“Estas entidades y actores financian, facilitan o se benefician de las actividades nocivas del régimen, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”, manifestó Rubio.
La información emitida por el Departamento de Estado con la lista y especificación de las sanciones es la siguiente:
Entidades afiliadas al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), previamente designada
Las siguientes entidades asociadas a GAESA son designadas con el fin de restringir aún más la capacidad del régimen para movilizar tanto dinero como materiales, en detrimento de la seguridad nacional de Estados Unidos y del bienestar de la población cubana:
ALMACENES UNIVERSALES S.A. (AUSA): Por ser propiedad y estar controlada o dirigida, o haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación —directa o indirectamente— del gobierno de Cuba o de cualquier persona cuyos bienes o intereses en bienes estén bloqueados en virtud de la orden presidencial. AUSA, una filial de GAESA, es una empresa cubana de logística y almacenamiento especializada en servicios de depósito, manipulación y transporte, incluidas actividades portuarias. AUSA controla el tráfico de contenedores en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. GAESA fue designada bajo por la orden ejecutiva, el 7 de mayo de 2026.
RAFIN S.A. (RAFIN): Por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía cubana. RAFIN opera como un componente clave de gestión financiera del conglomerado GAESA.
BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL S.A. (BFI): Por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía cubana. BFI es una institución de banca comercial absorbida por GAESA en 2016, la cual gestiona la gran mayoría de las transacciones que involucran a entidades extranjeras que operan con Cuba.
Entidades involucradas en la explotación del sector de metales y minería de Cuba
Las siguientes entidades son designadas por operar o haber operado en el sector de metales y minería de la economía cubana:
GEOMINERA, SA: Empresa estatal bajo la jurisdicción del Ministerio de Energía y Minas del gobierno cubano que aprovecha la inversión extranjera de la compañía Antilles Gold, con sede en Australia, y otras empresas para gestionar los activos de minerales metálicos no niquelíferos de Cuba. GEOMINERA, S.A. administra Minera La Victoria S.A., entidad que fue designada conforme a la Orden Ejecutiva, el 4 de junio de 2026.
EMPRESA SIDERÚRGICA JOSÉ MARTÍ (Antillana de Acero): Es el mayor productor de acero bruto de Cuba, que recientemente se sometió a un proceso de modernización y expansión en colaboración con entidades rusas.
Continuación de designaciones de funcionarios del régimen cubano y sus redes
Para seguir restringiendo la capacidad de las élites alineadas con el régimen cubano de beneficiarse mientras la población común sufre, se designa a ANNALIE LILLIAM RUEDA CARDERO por ser familiar adulta de ALEJANDRO CASTRO ESPÍN, quien ya fue designado conforme a orden ejecutiva el 4 de junio de 2026. ALEJANDRO CASTRO ESPÍN es el exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo de Raúl Modesto Castro Ruz.
El anuncio de Rubio tuvo otras coincidencias significativas este martes. Mientras en Cuba transcurrían los funerales del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, una figura histórica de alta jerarquía y arquitecto de la maquinaria represiva del régimen, con la asistencia de Raúl Castro y Duelo Oficial en el país, en Miami comparecía en un tribunal federal el expiloto de la Fuerza Aérea cubana Luis Raúl González-Pardo Rodríguez para declararse no culpable de las acusaciones de conspiración para asesinar a los pilotos del grupo Hermanos al Rescate.
González Pardo es el único en custodia de los cincco acusados en la causa por el derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate y sus cuatro tripulantes, el 24 de febrero de 1996, y que tiene como principal inculpado a Raúl Castro.
Como resultado de las acciones relacionadas con las sanciones anunciadas este martes, todos los bienes e intereses de las entidades o personas designadas anteriormente descritas y que se encuentren en Estados Unidos –o en posesión o bajo control de personas estadounidenses– quedan bloqueados.
“Asimismo, quedan bloqueadas todas las entidades que sean propiedad —ya sea individual o colectivamente— en un 50 por ciento o más de una o varias personas bloqueadas. Todas las transacciones y operaciones realizadas por personas estadounidenses o por personas que se encuentren dentro o en tránsito por Estados Unidos”, indica el documento.
Queda prohibida la realización de cualquier contribución o el suministro de fondos, bienes o servicios por parte o en beneficio de cualquier persona bloqueada, así como la recepción de cualquier contribución o suministro de fondos, bienes o servicios provenientes de la persona sancionada.
La comunicación del Departamento de Estado recuerda que las personas extranjeras que realicen transacciones con personas designadas en virtud de la Orden Ejecutiva de Trump o que operen en los sectores de energía, defensa y material conexo, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, corren el riesgo de ser objeto de sanciones.
“Las personas no estadounidenses, incluidas las instituciones financieras extranjeras, deben actuar con cautela en cualquier trato con una parte sancionada bajo esta autoridad. Las acciones destinadas a devolver activos a una parte sancionada o a transferirlos a otra jurisdicción para su posible uso por parte de la entidad sancionada podrían exponer a las personas no estadounidenses a un riesgo significativo de sanciones”, aclara el documento.
El reglamento de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro prohíbe a las personas sujetas a jurisdicción estadounidense realizar operaciones con bienes en los que Cuba o un nacional cubano tenga interés esté relacionado.
El reforzamiento de las sanciones fue fustigado por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, quien acusó a Rubio de crimninal.
«El Gobierno de Estados Unidos, conducido por su deshonesto y mendaz secretario de Estado, continúa los pasos para apretar el cerco a la economía de Cuba», dijo el canciller. “Lo que impulsa este individuo desde la mayor potencia del mundo es un crimen»
El agravamiento de las tensiones políticas parece una señal inequívoca de que las conversaciones bilaterales se encuentran en un punto de estancamiento, a la vez que la administración Trump perfila intereses económicos prioritarios en la economía cubana con vistas a un control futuro de sectores estratégicos como la minería y los recursos energéticos.
De hecho, Washington consideró que el paquete de 176 medidas de reestructuración económica, aprobadas el pasado jueves por la cúpula gubernamental, «llegan con gran retraso y, en última instancia, son superficiales señales de humo del régimen cubano».
Justamente este martes, durante una visita a México, la vicecanciller cubana Josefina Vidal se refirió al estado de las conversaciones entre Washigton y La Habana en térrminos cautelosos, afirmando que el canal abierto ha posibilitado encuentros e intercambios, “pero no ha habido un progreso significativo».
«Se ha dado el caso en que nos sentamos a conversar y, unos días después,, dijo Vidal en una entrevista con el diario La Jornada.
