Los indicios estaban en el aire y sobre la mesa, pero este miécoles ya es una realidad: la polémica prisión de inmigrantes de Florida, conocida como Alligator Alcatraz (AA), cerrará sus instalaciones sin cumplir un año de operaciones.
La razón de la clausura no es una toma de conciencia de las autoridades sobre la negativa imagen del recinto por el trato a los inmigrantes: como casi todo en Estados Unidos es el dinero.
El costo de la instalación era de $1 millón de dólares diarios, pagados con dinero del contribuyente estadounidense.
Pero de cualquier manera, la decisión es una derrota para la política antiinmigrante impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que impulsó la creación de AA y utilizó su apertura como una movida de propaganda, sintonizado con los rumbos de la administración Trump.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha determinado que el centro, que gestiona el estado de Florida, resulta demasiado costoso, y algunos proveedores privados han tenido dificultades para adelantar los gastos requeridos.
Aunque el DHS no ha emitido aún una declaración oficial, es un hecho confirmado por varias fuentes desde la tarde de este martes, cuando funcionarios del centro informaron a los proveedores presentes en el lugar que AA cerraría sus puertas, según dijeron varias fuentes consultadas que participaron en la reunión. El diario The New York Times emitió un reporte este miércoles confirmando la decisión.
“Es cuestión de un par de semanas para cerrarlo, es incosteable”, dijo una fuente cercana a una de las firmas operadoras de AA, que habló con CaféFuerte la noche del martes bajo condición de anonimato.
Los proveedores fueron informados por la dirección del centro de que los detenidos serían trasladados fuera del lugar a comienzos de junio y que el centro sería desmantelado a lo largo de las semanas siguientes. Se calcula que en AA permanecen 1,400 detenidos hasta el mes pasado, según cifras del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
«Un fiasco total, entre el costo de manteniniento, los daños al medio ambiente y los problemas internos. No queda otra opción que cerrarla», dijo el abogado de inmigración, Willy Allen.
No está claro a dónde serán trasladados los detenidos, pero al parecer el gobierno federal gestiona otros centros de detención, incluidos algunos en Florida.
Allen contó que uno de sus clientes internado en el lugar fue trasladado la pasada semana a un centro de detención de Texas, mientras otros detenidos fueron llevados a intalaciones en estados como Lousiana y Mississippi.
«El proceso de desmantelamiento está ya en marcha», precisó el abogado. «Este centro fue siempre una mala idea, y resultó una vergüenza para la administración y principalmente para el gobierno de Florida».
Desde su apertura, en julio de 2025, detenidos, familiares y organizaciones de defensa de los inmigrantes, han denunciado sistemáticamente las condiciones insalubres e inhumanas que imperan en el centro.
Los funcionarios estatales han desestimado las denuncias, calificándolas de falsas, con la complicidad incluso de congresistas republicanos.
Además, grupos ambientalistas demandaron a funcionarios federales y estatales por la construcción del centro de detención en terrenos ecológicamente sensibles de la zona de los Everglades. Las acciones legales interpuestas en los tribunales continuarán su curso con independencia del cierre del centro, de acuerdo con Friends of the Everglades, uno de los grupos demandantes.
La pasada semana, el gobernador De Santis admitió a los medios periodísticos que funcionarios federales y estatales habían discutido el cierre del centro.
DeSantis sugirió que un segundo centro de detención bajo gestión estatal —ubicado al oeste de Jacksonville— permanecería abierto aun si se cerrara AA.
Hasta la fecha, Florida no ha recibido el reembolso federal de $608 millones de dólares que solicitó para cubrir los gastos de funcionamiento del centro de los Everglades durante un periodo aproximado de un año.
Algunos operadores privados de la instalación se han quejado de que el gobierno de Florida llevaba ás de 200 días sin pagar algunas de las facturas más costosas.
La presión adicional para los proveedores de servicio es la temporada de huracanes, que está a la vuelta de la esquina. Los preparativos para enfrentar tormentas y ciclones son excesivamente costosas, así como las secuelas de acondicionamiento tras la emergencia, que puede dejar pesadas cantidades de escombros.
