Por Alina B. López Hernández*
En uno de los muchos ámbitos en que se manifiesta la profundidad de la crisis cubana, es en la carencia de analistas de información competentes para los órganos de Inteligencia.
Hace varios años conocí a una señora que fue analista durante mucho tiempo. Ya para esa etapa, 2018, estaba retirada, tenía 80 años y escribía novelas. Me contó que renunció tras la defenestración de José Abrantes como ministro del Interior, cuando oficiales provenientes de las FAR, con métodos de ordeno y mando, escasa profesionalidad y cierto desprecio por las mujeres, llegaron a cambiarlo todo.
Las personas que desempeñan actualmente esa función, carecen de inteligencia y capacidad; sus métodos de fuerza y prepotencia los han convertido en lo contrario de lo que debe ser un buen analista, del que se espera capacidad para el diagnóstico objetivo de escenarios con el fin de tomar decisiones significativas y pertinentes.
No es noticia para nadie que el gobierno cubano camina por el filo de una navaja. Su situación geopolítica es la peor en la historia del proceso. Cuando ocurrió la crisis de los misiles, en 1962, disfrutaba de un apoyo mayoritario que hoy no existe, todo lo contrario; y cuando se derrumbó el socialismo, en 1991, muchos creyeron que se impondrían la inteligencia y la prudencia necesarias para generar cambios internos tendientes a una democratización, paulatina aunque controlada; tal confianza fue defraudada.
Antes de la intervención norteamericana en Venezuela, la situación ya era complejísima de sí, pero, tras ella, en las altas esferas se está reaccionando con una incapacidad asombrosa: repiten la misma secuencia de acciones, como si siguieran un viejo manual, cuando es sabido que un buen analista no debe seguir manuales, tiene que observar muy bien los cambios de escenario, sopesar opciones y actuar en consecuencia.
La reacción oficial, hasta ahora, es la predecible: organizar actos de repudio a la intervención, exigir la devolución de Nicolás Maduro y hacer declaraciones de que con Cuba eso no pasará. Mientras, el gobierno venezolano establece acuerdos para vender petróleo a Estados Unidos y comprar productos en aquel país, libera a los presos políticos y, al parecer, no desea más los servicios profesionales que exportaba La Habana.
Al menos eso es lo que se infiere de una noticia aparecida en el sitio Cubadebate sobre el regreso, «de vacaciones», de los profesionales de la salud. En un artículo publicado esta semana había dicho: «Si los profesionales de la salud cubanos empiezan a retornar, eso indicaría un nivel de articulación significativo entre los que están decidiendo las cosas en Venezuela y el gobierno de Donald Trump». Por su parte, Lula da Silva se muestra cauteloso y Gustavo Petro, incluso, amable con el presidente norteamericano.
El grupo de poder que dirige esta Isla está prácticamente solo. Aunque muchas personas, entre las que me incluyo, no apoyarían una intervención extranjera, en 2026, a diferencia de lo que ocurría en 1962, el gobierno no tiene a un «pueblo enardecido» que aplauda sus temerarias decisiones. La gente está decepcionada, empobrecida, enferma; quiere cambios y no puede esperar demasiado. Demasiado ha esperado.
El gobierno podría presumir que tiene al Ejército de su parte, pero ese argumento sería arriesgado visto lo ocurrido en Venezuela con las tropas cubanas. El principal argumento político de Fidel Castro contra una intervención extranjera, nunca fue la superioridad del Ejército cubano contra el ejército invasor; siempre fue el apoyo popular que una vez tuvo este proyecto; pero que no existe más.
Es hora de que el gobierno cubano tenga algún gesto que aminore, en lo inmediato, tensiones internas; mejore en algo su imagen internacional, deteriorada por tantos atropellos y violaciones de derechos humanos y, sobre todo, le ofrezca un lapso de tiempo para barajar opciones. Y qué mejor gesto que una amnistía general a los presos políticos, e incluso a ciertos presos comunes.
Cuba es actualmente el segundo país en población penal por habitantes a nivel global. Una amnistía, que incluya también el cierre de expedientes judiciales abiertos por motivos políticos, es una decisión que puede ser aprobada por la Asamblea Nacional. Ella sería, no solo un acto de justicia a compatriotas injustamente presos, en su mayor parte por intentar ejercer derechos; sino una medida muy bien acogida por los familiares de esas personas y por toda la sociedad que lo está exigiendo.
En Venezuela hubo que esperar a una intervención extranjera para comenzar a excarcelar presos políticos, que, dicho sea de paso, son menos en número que los presos políticos cubanos. El gobierno cubano podría dar un paso en tal sentido de manera autónoma, pero aprobando una amnistía con plenas garantías en lugar de una excarcelación.
En el artículo «Ley de amnistía de 1955: ¿conciliación nacional en tiempo de dictadura?», publicado en CubaxCuba el pasado año, los historiadores Aries y Ernesto Cañellas analizaron cómo la historia de Cuba siempre ha demostrado que «Aun en las más cruentas realidades despóticas de este país pudieron abrirse paso leyes de conciliación nacional. ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Interpreta el gobierno como un gesto de debilidad de su parte el aprobarla? Contrariamente al razonamiento oficial, una amnistía a los presos políticos no demostraría debilidad sino capacidad de diálogo».
No creo que el gobierno cubano tenga muchas opciones externas como para soslayar las internas. Aunque ha priorizado siempre el diferendo con Estados Unidos y sus deseos de dialogar con ese país, en realidad, hoy más que nunca, la primacía radica en el diferendo interno entre un Estado autoritario y una ciudadanía que quiere ser respetada en el ejercicio de sus derechos.
Esta puede ser una oportunidad única para que los analistas hagan bien su tarea.
*Profesora e historiadora cubana, residente en Matanzas. Fue acusada y condenada por desobediencia en un juicio amañado en 2023 y es víctima frecuente de hostigamiento por parte de la policía política.
