El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York realizará este miércoles una audiencia especial sobre los casos de inmigrantes cubanos con documento I-220A, que buscan procesar su residencia permanente en Estados Unidos.
La audiencia ante un panel de tres jueces se efectuará a partir de las 10 am y los alegatos de la apelación serán presentados por el abogado de Miami, Mark Prada, quien encabeza una batalla legal en favor de reconocer el I-220A como un registro de admisión en el país y, por lo tanto, válido para regularizar estatus migratorio bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA).
Como sucedió con una reclamación anterior, representada también por Prada ante el Tribunal de Apelaciones del Onceno Cicuito en Atlanta, el pasado diciembre, esta audiencia se basa en el caso de inmigrantes cubanos que ingresaron por la frontera a territorio estadounidense y fueron procesadas con I-220A en lugar de recibir un parole de admisión.
En esta ocasión se trata del caso Aguilar Díaz, que recibió una negativa de procesar la residencia legal permanente (LPR) en virtud de un fallo previo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), sustentado en que el I-220 A no es un parole y no le otorga elegibilidad a sus beneficiarios para ajustar su estatus migratorio.
“Lo que estamos argumentando es básicamente que las personas detenidas en la frontera carecen de derechos para pedir o recibir fianza, por lo que la única manera legal en que pueden ser liberadas es con parole”, explicó Prada a Café Fuerte.
El abogado consideró que se trata de “ganar un beneficio para personas que después puedan aplicar a residencia bajo el Ajuste Cubano”.
Más de 400 mil cubanos que ingresaron a Estados Unidos después de 2017 podrían verse afectados con un fallo judicial respecto al documento I-220A. Una decisión en el Tribunal de Apelaciones de Nueva York implicaría solo a personas radicadas en los estados de Connecticut, Nueva York y Vermont.
Las gestiones legales en torno al reconocimiento del I-220A como un registro oficial de admisión se producen en un momento crucial, cuando cientos de inmigrantes cubanos en posesión del documento han sido detenidos, deportados o puestos en proceso de deportación a pesar de tener pendientes sus solicitudes de asilo ante tribunales de inmigración. Muchos de ellos temen ser enviados a un tercer país mientras se procesa su asilo, una posibilidad recientemente implementada por el Departamento de Seguridad Nacional.
La presentación de Prada ante el panel de jueces de Nueva York se sustenta en los mismos argumentos de su apelación del pasado 12 de diciembre ante el Tribunal del Onceno Circuito de Atlanta, donde el abogado se opuso a que la discusión sobre si los casos de I-220A deben ser devueltos a la jurisdicción de BIA para que los reevalúe y emita un nuevo fallo al respecto.
Prada argumenta que la cuestión es puramente legal, no administrativa, en contraste con la postura de BIA, que forma parte del Departamento de Justicia.
No se esperan decisiones inmediatas de ninguno de los tribunales de apelación, que podrían demorar meses en pronunciarse.
El dictamen en ambos tribunales de circuito puede ser apelado por cualquiera de las partes ante el plenario de jueces en Nueva York y Atlanta, o recurrir al Tribunal Supremo de la nación.
