En pleno oleaje de intercambios culturales y académicos con Cuba, las universidades de la Florida recibieron esta semana un portazo que congela sus planes de mayor acercamiento a la isla.
El Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito determinó que una ley aprobada en la Florida en el 2006 para impedir el financiamiento de viajes académicos a países patrocinadores del terrorismo no está en conflicto con los estatutos federales y puede ser totalmente implementada.
La decisión -de 12 páginas- deja sin efecto la orden de la jueza federal de Miami, Patricia Seitz, quien en abril de 2008 derogó una polémica cláusula que prohibía a las universidades estatales viajar a Cuba utilizando algún tipo de fondos, incluyendo las aportaciones de instituciones privadas.
“Según las evidencias, nada nos muestra que exista una sustantiva y definitiva posición de política exterior a favor de los viajes académicos –mucho menos a favor de los viajes a países patrocinadores del terrorismo- que pueda ser minada por la Ley de Viajes de la Florida”, señaló el panel de tres jueces. “La limitación contenida en esta ley sobre los gastos estatales no invalida la ley federal ni transgrede el poder federal en asuntos de política exterior”.
La legislación –impulsada por el representante cubanoamericano David Rivera- dispuso que ningún dinero que fluya a través del sistema universitario estatal, incluyendo los donativos de fundaciones privadas, podría ser usado para organizar, dirigir o coordinar actividades vinculadas a viajes a países terroristas.
La lista de naciones terroristas del Departamento de Estado incluye actualmente a Cuba, Siria, Irán y Sudán.
Tras ser firmada por el gobernador Charlie Crist, en el 2006, un grupo de profesores de universidades de la Florida -con el respaldo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)- retaron la ley ante un tribunal federal de Miami. Al producirse el dictamen de la jueza Seitz, el estado apeló la decisión al Onceno Circuito en Atlanta.
Entre los académicos que se sumaron a la acción legal contra el Estado de la Florida figuraron profesores de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), en Miami; la Universidad de Florida (UF), en Gainsville; la Universidad Central de la Florida (UCF), en Orlando; y la Universidad del Sur de la Florida (USF), en Tampa.
«Es una ley ridícula e inconstitucional», manifestó José Alvarez, Profesor Emérito de UF, quien formó parte del grupo de demandantes. «Da pena que tantos profesores que van a Cuba no participen en este esfuerzo legal para reclamar sus derechos».
La conclusión judicial del martes es una derrota para los partidarios de promover contactos, cursos y actividades académicas mediante viajes a la isla, una estrategia que cuenta con el apoyo de la administración de Barack Obama.
La ACLU calificó la decisión judicial como desafortunada. Howard Simon, director ejecutivo de la entidad, no descartó una futura apelación del caso.
“Espero que este sea el último suspiro de la política anticastrista en el sur de la Florida”, acotó Simon.
Alvarez es partidario de llevar la apelación ante el Tribunal Supremo de la nación.
La orden del tribunal de Atlanta también afecta los proyectos de artistas, investigadores y académicos cubanos que planeaban venir a universidades de Florida al calor de la política propiciada por la Casa Blanca desde el 2008.
Se espera incluso que Obama anuncie próximamente una mayor flexibilización para los viajes académicos, culturales, religiosos, humanitarios y deportivos como parte de los contactos pueblo a pueblo que Washington considera como un factor de democratización de Cuba.
