Las primeras imágenes de Jorge Luis Vega García, exmilitar cubano radicado en Estados Unidos, fueron difundidas este viernes por el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
«No hay ningún lugar seguro en Estados Unidos para las personas que intentan escapar de su pasado violento», escribió la Sección de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE, en Tampa.
La agencia federal dijo que el arresto de Vega, de 55 años, se produjo por sus “presuntos vínculos con el régimen de Castro y el Partido Comunista de Cuba”.
El caso de Vega ha capitalizado atención mediática e interés público, especialmente entre la comunidad cubana, durante esta semana.
Vega, conocido como “Veguita”, ostentó grados de teniente coronel del Ministerio de Interior de Cuba (MININT) y dirigió con mano dura los centros penitenciaros de Agüica, y Canaleta, ambas en Matanzas, según testimonios de exprisioneros políticos que viven refugiados en Estados Unidos.
«Este tipo era un hombre muy cruel, un abusador que fue responsable de terribles golpizas y hasta provocó decisiones desesperadas de algunos de mis compañeros, como lanzarse de un tercer piso del penal para evitar sus maltratos», dijo a CaféFuerte Pablo Pacheco Ávila, exprisionero político que fue condenado a 20 años durante la ola represiva de la Primavera Negra, en 2003.
Pacheco conoció a Vega durante sus años de confinamiento en la prisión de Agüica y fue liberado en 2010. Actualmente reside en Miami.
“La justicia es el arma de las víctimas, la sonrisa no será eterna en la boca de los malvados. Un día te dije que su comandante no sería eterno y esperaba que tuvieran el mismo valor cuando su comandante no estuviera. Ya veremos, Veguita”, comentó Pacheco en sus redes sociales.
Testimonios de exprisioneros de la llamada Causa de los 75, como Pacheco Ávila, Blas Giraldo Reyes y Fidel Suárez Cruz, vincularon a Vega con órdenes de torturas físicas y psicológicas, golpizas y confinamientos bajo condiciones inhumanas, y resultaron referencias clave para su detención.
Vega fue arrestado el pasado martes después de una avalancha de denuncias de exprisioneros que fueron víctimas de sus desmanes represivos en centros penitenciarios cubanos.
Su caso es sintomático de una tendencia extendida en los últimos años, cuando figuras comprometidas con el régimen cubano, líderes políticos, funcionarios gubernamentales y jueces que estuvieron asociados con acciones represivas y decisiones plegadas al oficialismo, han abandonado el país para acogerse a beneficios migratorios en Estados Unidos.
Su identificación y arresto es un punto ganado en la campaña de denuncia de represores establecidos en territorio estadounidense, liderada recientemente por el sitio gubernamental Martí Noticias y el congresista cuhanoamericano Carlos Giménez, con el respaldo de organizaciones como la Fundación de Derechos Humanos de Cuba.
De acuerdo con la investigación realizada por el periodista Mario J. Pentón, de Martí Noticias, Vega ingresó legalmente por el Aeropuerto Internacional de Tampa, el 20 de enero de 2024. Su arribo se produjo al amparo del programa de parole humanitario, promovido por la administración de Joe Biden, el cual facilitó la entrada a Estados Unidos de 110,240 inmigrantes cubanos.
Documentos firmados por el propio Vega en Cuba y Estados Unidos permitieron confirmar su identidad. Las autoridades de ICE recibieron las denuncias en contra de Vega y procedieron a arrestarlo.
El detenido está actualmente bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) será será sometido a un proceso de investigación para determinar si es deportado o encausado ante los tribunales estadounidenses por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
El pasado marzo, el congresista Giménez envió una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, solicitando “investigar y deportar de inmediato a agentes del régimen de Castro” que se encuentran supuestamente en Estados Unidos. La misiva incluía más de un centenar de nombres de presuntos funcionarios, militares y jueces cubanos que han sido denunciados por organizaciones y grupos de activistas del exilio como instrumentos de la represión en la isla.
Desde que se inició la ofensiva para detectar y expulsar represores del régimen cubano, con el impulso de la administración Trump, al menos cuatro personas han sido arrestadas por agentes de ICE por presuntos vínculos con el aparato represivo cubano.
Las acciones registradas oficialmente por las autoridades estadounidenses son las siguientes:
- El 12 de marzo, agentes de ICE arrestaron a Tomás Emilio Hernández Cruz en su hogar en la ciudad de West Park, condado de Broward, bajo acusaciones de obtener fraudulentamente su residencia permanente en Estados Unidos. Hernández Cruz, de 71 años, fue miembro de la inteligencia cubana en varios puestos de alto nivel en el extranjero, y ocultó sus verdaderos cargos y militancia dentro del Partido Comunista de Cuba (PCC) para regularizar su estatus migratorio.
- El 20 de marzo, fue arrestada la exjueza Juana Orquídea Acanda Rodríguez, de 62 años, al ingresar por el Aeropuerto Internacional de Miami con una visa de inmigrante (IR-5), reclamada por su hijo, ciudadano estadounidense. Acanda Rodríguez admitió haber hecho declaraciones falsas para obtener el visado que la convertiría en residente legal, y fue expulsada del país a comienzos de abril tras enfrentar acusaciones por fraude migratorio, tergiversación y documentación fraudulenta.
- El 11 de abril, Daniel Morejón García, ciudadano cubano de 57 años, fue detenido en su casa durante un operativo conjunto de ICE, el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), El arresto se basó en que Morejón omitió ser miembro del PCC y agente del MININT al presentar sus solicitudes de inmigración. Fue deportado a Cuba a comienzos de julio.
- El 21 de mayo, la exjueza Melody González Pedraza recibió una orden final de deportación por un juez de inmigración en Pompano Beach, Florida. González Pedraza, expresidenta del Tribunal Municipal de Encrucijada, Villa Clara, ingresó a Estados Unidos en mayo de 2024 bajo el programa de parole humanitario y solicitó asilo político alegando persecución. Se le responsabiliza por dictar injustas condenas a cuatro jóvenes participantes en las protestas populares ocurridas en Cuba el 11 de julio de 2021.
