En momentos en que la administración de Donald Trump recrudece su política contra los inmigrantes que buscan amparo en Estados Unidos, un tribunal federal de Washington emitió un contundente fallo contra la orden presidencial que niega la entrada al país a las personas que llegan a la frontera sur para solicitar asilo.
En un extenso dictamen de 128 páginas, el juez Randolph D. Moss, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, consideró que la Constitución y la ley federal de inmigración no otorgan a Trump las amplias facultades que reclamó en su proclama presidencial para cerrar la frontera, el pasado 20 de enero.
“El tribunal reconoce que el poder ejecutivo enfrenta enormes desafíos para prevenir y disuadir la entrada ilegal a Estados Unidos y para resolver la abrumadora acumulación de solicitudes de asilo de quienes han ingresado al país”, escribió el juez Moss. «Pero ni la Constitución ni la ley vigente que rige a los solicitantes de asilo pueden interpretarse como si otorgaran al presidente o a sus delegados la autoridad para adoptar un sistema de inmigración alternativo que sustituya las leyes promulgadas por el Congreso”.
El fallo de Moss, quien fue nombrado por Barack Obama en 2014, constituye la más documentada descalificación de los poderes ejecutivos para eliminar un derecho que forjó la identidad de Estados Unidos como un país de inmigrantes.
El caso estaba centrado en un cuestionamiento de la orden ejecutiva Garantizando la Protección de los Estados Contra la Invasión, que busca suspender el programa nacional de admisión de refugiados y anular los procedimientos establecidos por el Congreso en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
El pasado febrero, varios grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda para detener la política restrictiva de Trump, argumentando que la proclamación presidencial ponía en peligro la vida de miles de personas que huían de la violencia y la persecución en sus países de origen. Entre los demandantes figuran la ACLU, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.
La decisión judicial –emitida el pasado miércoles– aplica a los inmigrantes que estuvieron sujetos a la prohibición de Trump o que podrían estarlo en el futuro, como parte de un grupo certificado en el litigio, pero tales certificaciones colectivas no se ven afectadas por un fallo del Tribunal Supremo que limitó las medidas cautelares a nivel nacional, la semana pasada.
De hecho, decenas de casos de inmigrantes cubanos podrían beneficiarse de hacerse firme el veredicto judicial.
Pero el fallo no entrará en vigor hasta dentro de dos semanas, pues el juez estimó que como el gobierno ha tomado la inmigración como asunto de máxima prioridad, era muy probable una apelación ante la Corte Suprema y así ocurrió.
El gobierno de Trump presentó una apelación apenas horas después del fallo del juez y habrá que ver cuánto tiempo se tomará el Tribunal Supremo para ventilar el caso.
Por el momento, se trata de otro capítulo de la tensa porfía entre el poder ejecutivo y el sistema judicial, aderezada con agrias críticas de Trump y sus funcionarios contra los denominados «jueces activistas» y los fallos desafiantes de numerosos magistrados federales, muchos de los cuales revertidos por el máximo órgano de jurisprudencia del país.
Los ataques a Moss no se hicieron esperar. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca y artífice de la política migratoria, Stephen Miller, criticó fuertemente la decisión, calificando a Moss como «un juez marxista».
«Un juez marxista ha declarado que todos los posibles futuros inmigrantes ilegales en suelo extranjero (por ejemplo, una gran parte del planeta Tierra) forman parte de una «clase» global protegida con derecho a ser admitidos en Estados Unidos», escribió Miller en su cuenta oficial de X.
Miller es incluso promotor de una iniciativa para impedir que los solicitantes de asilo puedan acceder a un permiso de trabajo mientras transcurre la resolución de su proceso migratorio en territorio de Estados Unidos.
La administración Trump no solo ha cerrado las entradas de solicitantes de asilo por la frontera de México y puertos de llegada al pais, sino también ha dado instrucciones a los jueces de inmigración, que son empleados del Departamento de Justicia (DOJ) para que agilicen los casos y puedan incluso rechazar las peticiones sin necesidad de una audiencia.
El asilo ha formado parte de la legislación federal desde 1980, permitiendo a extranjeros que temen por su seguridad buscar refugio en Estados Unidos y demostrar miedo de persecución por motivo de su nacionalidad, raza, religión, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social.
En el pasado, otros presidentes estadounidenses habían intentado dificultar la solicitud de asilo, pero el alcance de la orden de Trump no tenía precedentes.
La enorme acumulación de casos y las limitaciones operativas mantienen ralentizado el sistema de asilo a nivel nacional. Según estadísticas oficiales, más del 77% de las solicitudes de asilo presentadas ante USCIS llevan más de 180 días pendientes y un 40% de los casos siguen sin resolverse después de dos años.
El número de solicitudes de asilo se ha disparado en los últimos cinco años. USCIS está gestionando aproximadamente 1.5 millones de solicitudes de casos, mientras que los tribunales de inmigración tienen a su cargo otros dos millones pendientes.
Respecto a los inmigrantes cubanos, se estima que casi 400 mil solicitantes de asilo se encuentran pendientes de resolución en distintas fases ante los tribunales o los funcionarios de USCIS.
El otorgamiento de solicitudes de asilo oscila entre un 7% y 10%, pero cada día se hace más difícil recibirlo debido a las presiones que enfrentan los jueces de inmigración.
DICTAMEN DEL JUEZ FEDERAL RANDOLPH MOSS SOBRE EL DERECHO DE ASILO EN LA FRONTERA
