El Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó este viernes a severas sentencias de hasta ocho años de cárcel a una veintena de procesados por los disturbios ocurridos en el Parque Tecnológico Finca de los Monos, en junio de 2024.
El noticiero vespertino de la Televisión Cubana (NTV) reportó que de las 20 personas encausadas en el proceso, 18 recibieron penas de privación de libertad entre cuatro y ocho años, una fue sancionada a tres años de trabajo correccional sin internamiento debido a un peritaje médico, y otra cumplirá siete años bajo la misma medida por su «conducta positiva previa y posterior a los sucesos».
No se revelaron los nombres de los acusados ni se mostraron sus rostros en el reportaje televisivo.
Tras la celebración de la vista oral y pública durante dos jornadas, el tribunal estableció que los hechos juzgados constituyen delitos de desórdenes públicos y portación y tenencia ilegal de armas o explosivos, según el comunicado leído en el NTV.
La instancia judicial consideró como agravantes el entorno y las circunstancias: una actividad pública con alta concurrencia, incluidos menores de edad, donde los implicados actuaron con intención de dañar y de imponer autoridad mediante la violencia, agregó el reporte.
Los sucesos juzgados se produjeron en la instalación recreativa el 8 de junio de 2024, cuando una autoridad supuestamente no autorizada desencadenó incidentes violentos que involucraron a una multitud de jóvenes. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a grupos de jóvenes portando machetes en medio de un caos general en la instalación y se mencionó que hubo trifulcas entre integrantes de pandillas que comparecieron al lugar.
Aunque con posterioridad a los acontecimientos el Gobierno de La Habana aseguró que no había autorización para la actividad, los organizadores del evento habían comparecido en estaciones de televisión dos días antes para convocar la participación de los jóvenes.
Los acontecimientos dejaron seis personas heridas y la policía intervino en el lugar para controlar la situación en medio de un caos general.
La nota oficial informó que investigaciones sobre otros posibles participantes en los sucesos se encuentran archivadas de forma temporal, sujetas a reactivación si surgen nuevos elementos probatorios.
El fallo señala que la respuesta legal fue adoptada respetando los derechos y garantías de los acusados, y ratifica que, aun tratándose de personas jóvenes, «los principios de educación y reinserción social no excluyen la aplicación rigurosa de la ley frente a hechos de esta naturaleza».
Los sancionados podrán establecer recursos de casación ante el Tribunal Supremo Popular.
La sociedad cubana se encuentra sometida a una creciente ola de robos y crímenes violentos, agravada por las carencias cotidianas y los prolongados apagones, aunque las autoridades aseguran que la actividad delictiva está bajo control mientras realiza «juicios ejemplarizantes» que se difunden en los medios oficiales.
«Estos hechos no se corresponden con los valores y principios de nuestra nación, donde jamás podrá permitirse la normalización de esos estándares de violenci. La inmensa mayoría de los cubanos rechazamos este tipo de conductas», concluye el comunicado.
