Por Wilfredo Cancio Isla
El Tribunal Supremo de Estados Unidos declinó este lunes escuchar la apelación de un grupo de profesores de la Florida para echar abajo una ley que impide a las universidades estatales el uso de fondos públicos y privados destinados a viajes académicos a Cuba.
La decisión del máximo órgano legislativo de la nación fue hecha sin aportar comentarios adicionales y constituye un duro revés para la actividad de las instituciones educacionales de la Florida respecto a la isla.
La apelación fue realizada por el claustro de profesores de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y otros destacados académicos del Estado, respaldados por la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Al declinar la aceptación del caso, la Corte Suprema mantiene en pie la decisión del Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito de Apelaciones de Atlanta, que en el 2010 restableció la restricción impuesta por una ley estatal para los viajes académicos a Cuba y otros países considerados terroristas.
En el 2008, la ley fue declarada inconstitucional por un tribunal federal de Miami, alegando que se trataba de una «sanción impermisible que obstaculizaba los objetivos de la política exterior del gobierno de Estados Unidos».
Países patrocinadores del terrorismo
En el 2006, una ley estatal prohibió a las universidades estatales de Florida el empleo de fondos públicos y privados para implementar viajes estudiantiles a Cuba, Sudán, Siria e Irán, enlistados como países patrocinadores del terrorismo por el Departamento de Estado.
La legislación fue promovida por el entonces representante estatal David Rivera, quien este lunes reaccionó satisfecho con la decision judicial.
“La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos es una victoria para los contribuyentes de la Florida”, dijo Rivera en una declaración. “Con la negativa de esta nueva apelación en el caso, el Tribunal Supremo envía un claro mensaje de que la Legislatura de la Florida, los representantes electos por el pueblo, tiene el derecho a decidir cómo son gastados los dólares de los contribuyentes del Estado y cómo no deben ser usados. Los residentes e la Florida no quieren que su dinero o fuentes de dinero público sean utilizados para viajar a naciones terroristas o para enriquecer a regímenes terroristas”.
El abogado Randall C. Marshall, director legal de la ACLU en Florida, consideró decepcionante el rechazo de la Corte Suprema y admitió que «es el fin del caso por la vía legal».
“Esta es una ley equivocada que envía un mensaje distorsionado para la libertad académica en la Florida”, expresó Marshall. “Es un triste momento para la actividad académica”.
El abogado dijo que la legislación no sólo restringirá el uso de fondos públicos, sino también las contribuciones que tradicionalmente otorgan fundaciones y mecenas privados para la labor de las universidades estatales.
Académicos rechazan la ley
Profesores de FIU y otros reconocidos académicos de la Florida consideraron la ley inconstitucional y llevaron al caso a los tribunales, argumentando que la decisión interfiere con la política exterior establecida por el gobierno de Estados Unidos.
“Mientras el Congreso y el presidente trabajan para desarrollar una respuesta a la corriente mundial de eventos que armonizan los propios intereses de la nación con los intereses democráticos que ella promueve, el tratamiento del terrorismo y de los individuos y las naciones patrocinadoras del terrorismo están en el centro de la política exterior de Estados Unidos… Que la Legislatura de Florida haya aprobado una ley para tomar una línea más dura que la que ha tomado el Presidente y el Congreso contra Cuba, Irán, Sudán y Siria, compromete la facultad discrecional del presidente para manejar las relaciones con los estados mencionados”, indicó la reclamación de los académicos respaldada por ACLU.
Pero en un memorando enviado a la Corte Suprema, los abogados de la Florida consideraron que los profesores no están constitucionalmente facultados para demandar apoyo del Estado para realizar sus viajes académicos simplemente porque la ley federal los permite.
De acuerdo con la ley estatal, los viajes y proyectos académicos relacionados con Cuba solo podrán ser realizados por universidades privadas de la Florida. Sólo una propuesta legislativa podría enmendar esta situación.
Anualmente el Tribunal Supremo de EEUU recibe miles de apelaciones de casos, pero solo decide escuchar menos del 10 por ciento de las solicitudes.
