MADRID.- Dos años después de ser enviados a España por mediación de la Iglesia Católica ante el régimen de Raúl Castro, los ex prisioneros políticos cubanos buscan desesperadamente abandonar el país que los acogió ante la imposibilidad de hallar sobreviviencia económica para sus familias.
Entre julio del 2010 y abril del pasado año, Cuba excarceló y envió a España 115 presos y 647 familiares y allegados. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero implantó entonces un plan de asistencia por un año para vivienda, alimentación, sanidad, transporte, material escolar y formación laboral.
Al cumplirse este 13 de julio la llegada de los primeros prisioneros cubanos a Madrid, el panorama ha dado un giro radical. El programa de ayuda inicialmente prorrogado por seis meses, fue eliminado en medio de la profunda crisis que atraviesa la nación europea, dejándolos en situación de desamparo.
De los 40 hombres que fueron excarcelados y expatriados tras las negociaciones, 35 están ya en Estados Unidos, acogidos en su mayoría al programa especial del Departamento de Estado para los prisioneros políticos enviados a España. El programa, conocido como SPBPP (Significant Public Benefit Parole Program), permite que los recién llegados reciban rápidamente permisos de trabajo y la residencia permanente.
El último en llegar es Efrén Fernández Fernández, quien arribó a Miami la pasada semana.
De los cinco de ese grupo que permanecen en territorio español, dos están haciendo trámites para venir a Estados Unidos.
«Nuestra situación es más que terrible», manifestó el ex prisionero y periodista Julio César Gálvez, quien llegó a Madrid en el primer grupo desterrado a España y busca actualmente viajar a Estados Unidos. «El cuadro está cerrado y no nos quieren aquí, esa es la realidad; no podemos engañarnos».
La situación es más complicada para 74 ex prisioneros y sus familiares que cumplían sentencias en Cuba por actos de piratería, terrorismo y otras acusaciones de perfil político y que no están comprendidos en el programa de refugio de Estados Unidos. Uno de ellos, Alberto Santiago Dobouchet Hernández, se suicidó el pasado 4 de abril en Gran Canaria.
La decisión del gobierno español de retirar la ayuda los ex presos cubanos ha provocado la indignación de líderes del exilio cubano y, a la vez, reacciones entre las fuerzas políticas españolas que van desde la opacidad del Partidio Popular (PP) hasta el conformismo del Partido Socialista Obrero Espanol (PSOE), que protagonizó en su momento el acuerdo tripartita entre Madrid, La Habana y la Iglesia Católica para las excarcelaciones.
Un acuerdo incumplido
El plazo de la ayuda sólo se cumplió para una parte de los primeros ex presos que llegaron a España, cuando ya gobernaba el país el líder del PP, Mariano Rajoy, en el poder desde diciembre.
Gálvez, miembro del Grupo de los 75, ha recurrido a diversos foros para criticar al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, por incumplir los acuerdos establecidos dentro de un programa internacional firmado entre ambos países.
De acuerdo con Gálvez, al salir de Cuba -justo antes de tomar el avión con destino a Madrid- se les mostró un documento que estipulaba ayudas hasta por 24 meses, y que comprendía orientación laboral y sicológica, seguro médico, clases de orientación profesional para acceder a empleos, y la homologación de títulos escolares y académicos.
«Nada de eso se cumplió», afirmó Gálvez, de 65 años. «Nos utilizaron y se burlaron de nosotros. En mi caso, me he presentado a 31 convocatorias de trabajo desde octubre del 2010, pero siempre me dicien lo mismo: su curriculo es excelente, pero usted ya está pasado de la edad de jubilación».
El gobierno de Rajoy aprobó el 30 de diciembre de 2011, tan sólo unos días después de llegar a la Moncloa, una nueva prórroga de las subvenciones, en las cuales se preveía que las entidades encargadas de recibir las ayudas percibirían el equivalente a $17 millones de dólares para programas de atención a solicitantes de asilo, refugiados, personas con estatutos de protección internacional e inmigrantes en situación de vulnerabilidad.
Situación insostenible
Concretamente, el ministro García Margallo señaló al respecto que el ejecutivo ayudaría a los antiguos presos cubanos a encontrar un empleo, para lo cual se estaban buscando fórmulas con el propósito de seguir apoyándoles, una vez vencido el plazo de las ayudas.
Pero esas disposiciones nunca han llegado a concretarse y se han incumplido también por la forma en que se aplican, ya que el gobierno español está tratando a los ex presos políticos cubanos -muchos de ellos con más de 10 años en las cárceles de la isla- de la misma forma que los emigrantes que llegan a España de forma irregular y a los que se le da la condición de Protección Internacional Asistida (PIA).
“Es una situación humanitaria insostenible”, afirmó el ex preso Ernesto Durán, quien estuvo 17 años en las cárceles cubanas, entre ellas, las prisiones de Boniato, Santiago de Cuba, y la provincial de Guantánamo.
El figura en la lista de 73 prisioneros para quienes su situación se encuentra en una encrucijada, sin salida visible a corto plazo.
Durán, de 39 años, recalcó: “España debería cumplir su palabra y tratarnos a todos de la misma manera. Llegamos aquí a través de la firma de un tratado internacional, en el que se nos prometió insertarnos en la sociedad, pero sin embargo nos hemos visto abandonados”.
Sin tiempo para asimilar el golpe
Los afectados, entre los que se encuentran niños y enfermos en situación de extrema vulnerabilidad, consideran que las ayudas ha sido suspendidas sorpresivamente, sin darles tiempo a prepararse para enfrentar esta desconcertante situación.
De momento, sólo la Comunidad de Madrid ha ofrecido una ayuda circunstancial para poder paliar el desamparo que viven estas familias. Se trata de la llamada Renta Mínima de Inserción, cuyo importe es de 489 euros mensuales, y que constituye un paliativo para decenas de familias una vez concluido el plan de ayudas.
Unos 40 ex presos cubanos, residentes en Madrid, Valencia y Málaga, han optado por solicitar la RMI, decisión que está en manos de las comunidades autónomas.
Gálvez recibe la RMI, que asciende a 531.51 euros mensuales por haber una menor en su núcleo familiar. Pero las cuentas no le dan. Su renta es de 650 euros, a lo que se suman 20 euros de agua, 80 de electricidad, 60 de teléfono, 59 del comedor escolar del nino y 100 de abonos de transporte para los tres integrantes de la familia.
Esta realidad golpea a la casi totalidad de los ex prisioneros cubanos, que se han visto forzados a abandonar los pisos de alquiler donde estaban alojados. Gálvez y Fundora se verán pronto obligados a salir de los que actualmente ocupan.
«En estos momentos nos están gestionando un local que fue un centro para ancianos para hablitarlo como albergue y no tener que ir a parar al medio de la calle», relató Gálvez.
A la deriva
Otros han rentado hostales o han hallado albergues más baratos, pero un grupo de ellos ha decidido acampar frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid en protesta por la situación que los golpea. Las expectativas de estabilidad y bienestar familiar con que llegaron a España se han esfumado.
Gálvez se siente manipulado tanto por el gobierno cubano como por la Iglesia Católica.
“España no es un lugar adecuado para vivir con dignidad un destierro político», opinó Gálvez. «Tengo amigos españoles maravillosos. Pero los políticos y las instituciones nos han dejado a la deriva. Llegamos aquí con una ilusión muy grande, soñando con la posibilidad de trabajar para poder seguir luchando por la libertad de Cuba».
Fuentes vinculadas al gobierno español señalan que funcionarios del ejecutivo de Rajoy estarían haciendo gestiones para evitar que el asunto de los ex presos cubanos afecte las relaciones de cooperación con algunos países de América, especialmente sensibles con el tema de los derechos humanos, ahora que el gobierno español necesita reforzar su posición sobre asuntos estratégicos y económicos en la región, afectados tras las expropiaciones de empresas españolas en Argentina y Bolivia.
Instituciones y organismos internacionales se han ofrecido como interlocutores para tratar de buscar una solución inmediata a la crisis de los expatriados cubanos en España.
Intervención de congresista cubanoamericana
Sin embargo, ellos prefieren el decoro antes que la migaja política.
“A los amigos se le ofrece la mano franca, pero no aceptamos a mediadores oportunistas que viendo la fruta madura se acerquen para buscar ventajas desde el punto de vista económico”, adviertió Gálvez, quien ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para apoyar la libertad del pueblo. «Nosotros seguiremos luchando por la democracia de Cuba dondequiera que nos encontremos, no importa si es en Alaska, Burundi o en España”.
Ante este panorama desolador, la congresista cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen, presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, envió la pasada semana una carta a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, solicitando que Washington tome en cuenta la situación de los ex presos cubanos en España.
La misiva de Ros-Lentinen va dirigida fudamentalmente a que sean considerados elegibles para su reasentamiento en Estados Unidos de 73 ex prisioneros que no pueden beneficiarse del programa especial SPBPP del Departamento de Estado.
“Una vez en España, se suponía que estos ex prisioneros de conciencia iban a recibir asistencia humanitaria adecuada para que pudieran adaptarse exitosamente a sus nuevas vidas», escribió la legisladora. «Estados Unidos tiene la responsabilidad, como participante en estas negociaciones, de asegurarse de que están recibiendo adecuado respaldo humanitario».
La Congresista ha escrito también al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados pidiendo la asistencia de ese organismo internacional.
DESTINO DE PRISIONEROS DE LA CAUSA DE LOS 75
Estados Unidos: 45
Cuba: 17 (16 con licencia extrapenal; uno cumplió sentencia)
España: 10
Suecia: 1
Chile: 1
Fallecido: 1 (Miguel Tamayo Valdés)
Información relacionada:
Documento: Presos cubanos liberados por mediación de la Iglesia Católica (2010-2011)
