La corporación de útiles hogareños IKEA ha ordenado una investigación a fondo sobre las acusaciones de que a finales de los años 80 algunas de sus mercancías fueron fabricadas por prisioneros cubanos en la isla, afirmó este miércoles un alto ejecutivo de la compañía.
“Estamos trabajando con [la firma] Ernst & Young en una investigación exhaustiva para determinar si algunos de los productos de IKEA fueron realizados en Cuba hace 25 años”, declaró Mike Ward, presidente de IKEA en Norteamérica. “Vamos a compartir los resultados de la investigación tan pronto como esté finalizada”.
El informe de la investigación estará listo para finales de agosto.
Ward se reunió esta mañana en Washington DC con el grupo de legisladores cubanoamericanos del Congreso para discutir el tema del posible uso por IKEA de mano de obra penitenciaria en Cuba para la fabricación de muebles en 1987.
Un escándalo se desencadena
El escándalo emergió a comienzos de mayo luego de que el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung reveló documentos de la etapa socialista en los que consta que funcionarios de la República Democrática Alemana (RDA) firmaron un acuerdo con el régimen cubano para usar prisioneros en la confección de sus producciones.
El encuentro fue solicitado por los legisladores cubanoamericanos desde mediados de mayo. En la reunión participaron los representantes Ileana Ros-Lehtinen (Florida), Mario Díaz-Balart (Florida) y David Rivera (Florida); y los senadores Robert Menéndez (Nuevo Jersey) y Marco Rubio (Florida).
Junto a Ward, participaron por IKEA Jeanette Skjelmose, administradora de Mantenimiento Global; y Tracey Kelly, administradora de Comunicaciones Corporativas en Norteamérica.
En una declaración enviada a CaféFuerte, Ward dijo que confirmó a los congresistas que actualmente IKEA actualmente no hace negocios con Cuba.
«Tuvimos una buena conversación con los legisladores», manifestó Ward. “Hemos reiterado que nos tomamos este asunto muy en serio, y entendemos y apreciamos lo importante que es para los miembros del Congreso y sus electores”.
Durante el encuentro Ward explicó a los congresistas que IKEA tiene implementado uno de los códigos más progresistas y respetados de conducta laboral en el mundo, conocido como IWAY.
“Mediante IWAY tenemos políticas explícitas en contra de la utilización del trabajo forzoso, y llevamos a cabo más de 1,000 auditorías anuales para comprobar su pleno cumplimiento por nuestros proveedores”, afirmó el ejecutivo.
En época del socialismo real
Los legisladores pidieron a los representantes de IKEA llegar hasta el fondo del asunto.
“Las alegaciones de que IKEA trabajó con el régimen de Castro en los 80 para usar trabajadores forzados en Cuba son extremadamente serias”, dijo Ros-Lehtinen en un comunicado. “Aprecio la oportunidad de reunirnos con representantes de IKEA y de su compromiso para la transparencia y una amplia investigación”.
Sin embargo, la congresista dijo que las acciones hablan más que las palabras, y aseveró que ella continuará pidiendo que IKEA avance en esta investigación.
“Seguiré instando a la Organización Internacional de Labor (ILO) a que abra una investigación formal sobre este serio asunto”, agregó Ros-Lehtinen. “El uso de presos de conciencia como trabajadores forzados en cualquier parte del mundo es algo que no se puede ignorar ni tolerar. Los Estados Unidos tiene que responsabilizar a compañías operando en esta nación por sus acciones pasadas sin importar cuando ocurrieron”.
De acuerdo con reports del diario alemán, una delegación de cinco personas contactó con un representante de la firma cubana Emiat, el teniente Enrique Sánchez, para producir muebles en centros penitenciarios cubanos bajo control del Ministerio del Interior.
Fundada en 1943, la corporación sueca reporta ingresos anuales de 2,700 millones de euros y tiene más de 127,000 empleados en sus tiendas alrededor del mundo.
IKEA tiene 38 tiendas en Estados Unidos y abrió una sucursal en Sunrise, en el sur de la Florida, en octubre del 2007.
