Por Redacción CaféFuerte
El caso de Alan Gross, condenado a 15 años de prisión en Cuba, retornará este viernes a un tribunal federal de Washington que revisará una reclamación del contratatista contra el gobierno de Estados Unidos.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia escuchará los argumentos del abogado Scott Gilbert, representante de Gross, sobre el derecho de su cliente a demandar al gobierno estadounidense y reclamar una compensación monetaria de $60 millones por daños ocasionados durante su misión en Cuba.
El seguimiento del caso tiene lugar luego que el juez James Boasberg desestimara la reclamación de la familia Gross en mayo del 2013, alegando que las leyes federales no permiten establecer demandas contra el gobierno estadounidense por daños sufridos en el extranjero.
La excepción y la regla
Tras la decisión del juez Boasberg, Gilbert dijo sentirse decepcionado y aseguró que apelaría el caso. “Este es el clásico ejemplo de la excepción que niega la regla”, dijo entonces el abogado en un mensaje enviado a CaféFuerte.
La demanda había sido presentada por Judy y Alan Gross ante un tribunal del distrito de Columbia, Washington DC, en noviembre del 2012, e implicaba tanto a la agencia Devevolment Alternatives Inc (DAI) como al gobierno estadounidense. El contratista alega que no fue informado y preparado debidamente para encarar los riesgos por realizar misiones profesionales que se consideran ilegales en la isla.
Pero la DAI llegó a un acuerdo extrajudicial con la familia Gross para resolver el litigio, mediante el cual ambas partes quedaron eximidas de responsabilidad. Como parte del acuerdo, la firma, con sede en Maryland, acordó pagar una cantidad monetaria no revelada para ayudar a la familia Gross a enfrentar los daños sufridos tras la detención y el encarcelamiento del contratista.
Cinco años de arresto
Otra demanda paralela por $10 millones contra Federal Insurance Company (FIC), una aseguradora de Nueva Jersey, fue desestimada como parte del acuerdo con DAI. La FIC debía asumir la compensación de sueldos y otros gastos de los familiares del contratista en caso de una situación excepcional.
Tras la solución del diferendo con ambas firmas, quedó solo pendiente el capítulo contra el gobierno.
Gross, de 65 años, permanece encarcelado en el Hospital Militar “Carlos J. Finlay” de La Habana. Arrestado en Cuba el 3 de diciembre del 2009 y condenado bajo acusaciones de atentar contra la seguridad nacional, su caso constituye el principal obstáculo que enfrenta actualmente la relación entre Washington y La Habana.
Su familia ha denunciado que el prisionero se niega a recibiir visitas en la celda y responsabiliza a los gobiernos de Washington y La Habana por no facilitar su liberación a través de negociaciones.
El gobierno de Raúl Castro ha manifestado su voluntad de llegar a una «solución humanitaria» que incluye la excarcelación de tres de los cinco espías cubanos que permanecen en cárceles de Estados Unidos. La Casa Blanca rechaza un canje, exigiendo la liberación incondicional de Gross.
