El gobierno de Sancti Spíritus fue descabezado el viernes en una sesión de emergencia bajo acusaciones de graves indisciplinas y al menos cinco funcionarios de la administración provincial encararán responsabilidad penal por las violaciones cometidas.
De acuerdo con una nota publicada este sábado en la prensa oficial, la Asamblea Provincial de Sancti Spíritus revocó de su cargo al hasta ahora vicepresidente, Sergio Silvino Carpio Mesa, por violaciones e indisciplinas de carácter grave.
También fueron ratificadas medidas disciplinarias de separación definitiva a tres vicepresidentes del Consejo de la Administración Provincial y a la directora de la Unidad Presupuestada del Poder Popular, «por incurrir en abusos en el ejercicio del cargo y desvío de recursos con fines de lucro».
Estos son Eduardo Javier Hernández Gómez, José Rafael Solenzal Morales y Octavio Manuel Luis Morell, quienes se desempeñaban como vicepresidentes del Consejo de la Administración provincial, y Idelsa Portal Chávez, directora de la Unidad Presupuestada del Poder Popular.
Los nombres de estos últimos dirigentes no figuran en la nota de Granma, pero sí aparecen identificados en la información que publica la edición impresa del periódico provincial Escambray.
La información señala que «a los implicados en estos hechos se les exigirá responsabilidad penal».
Durante la sesión extraordinaria del gobierno espirituano solicitó su renuncia con carácter irrevocable Diana María Companioni Blanco, presidenta de la Asamblea Provincial.
Companioni Blanco duró apenas un año en el cargo, tras remplazar en abril del 2010 a Orlando Pérez Luzbert, quien fue liberado como parte de «un proceso de renovación». Pérez Luzbert tuvo implicaciones en el caso de la empresa Alimentos Río Zaza, presidida por el magnate chileno Max Marambio.
La fiscalía cubana solicitó 20 años de cárcel para Marambio luego de juzgarlo en ausencia el pasado mes por los delitos de cohecho y falsificación de documentos bancarios y comerciales.
De 45 años, Companioni Blanco fue la primera mujer en asumir la presidencia en la historia del gobierno provincial. Sus credenciales hasta ese momento eran como fiscal municipal y provincial, y jefa de la Dirección de Justicia en el territorio espirituano.
Aunque Companioni no tuvo implicación directa en los hechos, la nota aclara que la funcionaria «reconoció que le asiste responsabilidad por no atender adecuadamente las alertas realizadas sobre deficiencias en el funcionamiento detectadas en el gobierno provincial y por la falta de vigilancia, exigencia y control que debió ejercer».
La información no especifica ni ofrece detalles sobre las indisciplinas cometidas .
La nota indica que en sustitución de los destronados fue electa Teresita Romero Rodríguez como vicepresidenta del gobierno provincial.
Romero Rodríguez se desempeñaba como presidenta de la Asamblea Municipal en la ciudad de Sancti Spíritus. Ella quedará al frente del gobierno espirituano hasta que se convoque a una nueva sesión extraordinaria para elegir la presidencia de la Asamblea Provincial.
La nota oficial añade que «ante hechos de esta naturaleza se impone la necesidad de que los dirigentes mantengan la disciplina y actúen éticamente en el ejercicio de sus funciones».
«No habrá impunidad frente a actitudes que afecten la moral y la ética de los cuadros, en consonancia con la imprescindible exigencia y el control que deben primar en la hora actual del país», concluye el texto.
