Entre lágrimas y pedidos de clemencia, el excongresista y cabildero cubanoamericano David Rivera confesó este viernes que su carrera política se definió con la lectura de Contra toda esperanza (1985), las memorias del prisionero político Armando Valladares.
Fue una maratónica audiencia de cuatro horas, no exenta de emociones y reclamos de los abogados de la defensa tratando de evitar una sentencia demasiado recia para Rivera, viejo amigo y compañero de andanzas políticas del Secretario de Estado, Marco Rubio.
Antes de escuchar la sentencia, Rivera, de 61 años, habló de la misión que había encauzado su vida en favor de la causa de Cuba y evocó el momento en que siendo un estudiante de la Universidad Internacional de Florida (FIU) su madre le recomendó la lectura del libro de Valladares.
Tras la lectura del testimonio de Valladares, dijo que abandonó sus planes de ser comentarista deportivo para dedicarse de lleno a la política y la defensa de los derechos humanos, lo que lo llevó a colaborar con el líder de la Fundación Nacional Cubanoamericana, Jorge Mas Canosa, y trabajar durante años para la emisora gubernamental Radio TV Martí.
Pero al final la jueza federal Melissa Damian terminó dictando 10 años de cárcel para el acusado, convicto por actuar como agente del gobierno de Nicolás Maduro sin registrarse y agenciarse un jugoso contrato de $50 millones de dólares para cabildear secretamente en favor de Venezuela.
La sentencia repartió 180 meses en los siete cargos de culpabilidad del acusado, y añadió un año de libertad supervisada.
Además de reivindicar sus lazos patrióticos como exiliado cubano, un segmento fundamental de la intervención de Rivera estuvo dedicado a los graves problemas de salud que lo aquejan, implorando no morir en prisión y poder ocuparse de sus dos hijos pequeños.
Rivera fue diagnosticado con cáncer de próstata y las pruebas genéticas practicadas apuntan, estadísticamente, que sus expectativas de vida oscilan entre siete y 10 años. En la audiencia alertó que desde que desde su permanencia en custodia hace cinco meses no ha podido obtener nuevas pruebas de control prostático, resonancia magnética o una biopsia, por lo que desconoce la evolución actual de la enfermedad.
“Su señoría, no estoy aquí para decir que merezco algo, pero si diré que no merezco morir en prisión”, manifestó Rivera, que también evocó a Dios en su alegato.
“Sé que mi diagnóstico está comprometido, pero mi fe me enseña que Dios siempre tiene un motivo para todo y sólo El sabe cuando se termina tu tiempo”, dijo entre sollozos. “Solo le suplico misericordia para que no me deje morir en prisión”.
La jueza Damian lo escuchó atenta pero no evitó la reprimenda por traicionar lo que era la “misión de su vida” y el afán por democratizar a Cuba, considerando que seguramente habría sido juzgado con dureza por muchos de sus amigos y compatriotas si los millones de dólares en juego tuvieran como origen el régimen cubano y no a sus aliados en Caracas.
«Esta sala está repleta de cubanoamericanos que saben lo que significa un régimen comunista. ¿Cómo cree que se sentirían si usted hubiera recibido ese dinero del régimen cubano? Nadie aceptaría que eso estuviera bien y no creo que esto sea diferente», dijo la jueza, que consideró que este es «un caso clásico de lavado de dinero».
Y aseveró: “Fue un asunto de avaricia y traición”.
Prominentes figuras políticas y académicas enviaron cartas a la jueza Damian pidiendo clemencia para el acusado. En la audiencia estuvieron presentes algunos de sus conocidos y cercanos amigos, entre ellos el expresidente de FIU, Modesto Maidique, y la supervisora del Departamento de Elecciones de Miami-Dade, Alina García.
De acuerdo con la acusación presentada contra Rivera en 2022, Rivera fue reclutado nada menos que por la entonces canciller Delcy Rodríguez, hoy presidenta encargada de Venezuela, para utilizar sus contactos republicanos y lograr que la primera administración de Donald Trump abandonara su postura de línea dura y sanciones contra Venezuela.
Un contrato por $50 millones de dólares fue firmado con una subsidiaria de la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para promover intereses del régimen venezolano, sin que Rivera ni su asistente, la consultora política Esther Nuhfer, cumplieran con la inscripción requerida por la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
La defensa señaló que el contrato millonario solo resultó ilegal por la falta de documentación.
La fiscalía sostuvo que Rivera y Nuhfer –ya sentenciada a cinco años de cárcel– intentaron manipular a amigos influyentes, entre los que contaron el entonces senador Marco Rubio y el congresista por Texas, Pete Sessions para normalizar las relaciones con la administración de Trump.
La defensa consideró que la labor de consultoría pagada a Rivera fue ajena a las reuniones del acusado con Rubio y Sessions, las cuales se centraban en propiciar un liderazgo en Venezuela menos hostil hacia Estados Unidos, no en respaldar los intentos de Maduro por normalizar sus relaciones con Washington.
“Todo lo que hicimos fue discutir cómo sacar a Maduro y crear un plan de transición para Venezuela, no para ayudar a Maduro a mantenerse en el poder”, apuntó Rivera.
Los abogados de Rivera confirmaron este viernes que apelarán la sentencia, además de haber solicitado un indulto presidencial tras el juicio que lo declaró culpable, el pasado mayo.
«David Rivera no merece morir en prisión por haber omitido presentar el registro FARA», declaró el abogado Ed Shohat durante la audiencia. «Si hubiera presentado ese documento, ese formulario, todo lo que hizo —incluido el contrato de $50 millones de dólares, que distorsionó por completo este caso— habría sido perfectamente legal».
Shohat insistió en que «no hay ni una sola palabra en ningún chat, ni un solo documento, ni una sola acción que Rivera realizara para ayudar a Nicolás Maduro».
Rivera enfrenta cargos federales adicionales ante un tribunal federal en Washington DC en un caso conexo de cabildeo extranjero.
Rivera hizo política en Miami como un conservador de línea dura y crítico del régimen cubano, y consiguió un escaño como congresista entre 2011 y 2013, luego de fungir como legislador estatal en el período 2002-2010. De esos años data su amistad con Rubio, con quien compartió la propiedad de unar vivienda cuando ambos eran representantes en la Legislatura estatal, en Tallahassee.
