En una nueva barrera para la inmigración en Estados Unidos, la administración Trump anunció este jueves la reactivación de una normativa que descalificará las solicitudes de residencia permanente (green card) de personas beneficiadas con ayuda pública.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una orden definitiva que deroga la regulación de la era Biden de 2022 en relación con las determinaciones de carga pública, y establece que los inmigrantes deberán ser autosuficientes y no depender de beneficios financiados por los contribuyentes para poder recibir un estatus legal en el país.
El documento regulatorio fue presentado en el Registro Federal y saldrá oficialmente publicado el 20 de julio. La medida entrará en vigor el 18 de septiembre.
La comunicación del DHS indicó que “una persona que solicita visa, la admisión en el país o el ajuste de estatus es inadmisible en Estados Unidos si se considera probable que, en algún momento, se convierta en una carga pública”.
Bajo la definición de “carga pública” entran a considerarse beneficios como cupones de alimentos, vales de vivienda y servicios de salud dentro del programa Medicaid.
Sin embargo, los cubanos y haitianos cuentan hasta el momento con la protección adicional de sendas legislaciones que pudieran eximirlos de la prohibición: Ley de Ayuda a la Educación de los Refugiados, vigente desde 1980, y Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales, de 1996, las cuales permiten recibir asistencia financiera, servicios médicos, alimentación y capacitación para el empleo a inmigrantes de ambas nacionalidades.
Pero habrá que ver sobre la marcha cuál será la estrategia de DHS para estos casos.
También víctimas de tráfico humano que reciben refugio y personas bajo el amparo de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) serían exonerados de la restricción.
El apretón de clavijas que aplicará el Departamento de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) echa por tierra la normativa vigente que limitaba la capacidad de los funcionarios para examinar todos los factores relevantes en una solicitud migratoria. Ahora los funcionarios de la agencia están facultados para evaluar todos los hechos pertinentes caso por caso para cada solicitante.
«La administración Trump defiende el estado de derecho y protege a los contribuyentes estadounidenses para que no subsidien a extranjeros que podrían llegar a depender de beneficios públicos. El USCIS está comprometido a salvaguardar la seguridad y el bienestar financiero de los estadounidenses», declaró Zach Kahler, portavoz de la agencia.
El USCIS publicará también una versión revisada del Formulario I-485, Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar el Estatus. No se aceptarán versiones anteriores del Formulario I-485 que tengan matasellos o se presenten electrónicamente a partir de la fecha de entrada en vigor.
Trump había impuesto una medida similar durante su primer mandato, en febrero de 2020, pero fue revocada tras la llegada de Joe Biden a la presidencia.
La iniciativa se inscribe en una ola de restricciones contra la inmigración como parte de una política agresiva que incluye redadas y deportaciones, portazo a las peticiones de asilo en la frontera, reforzamiento de las cortes de inmigración con nuevos jueces y escrutinio riguroso sobre los procesos de adjudicación de residencia permanencia, asilo y naturalización.
No está claro si la decisión pudiera afectar en un futuro a residentes permanentes a la hora de renovación de sus documentos. La mayoría de las personas que reciben beneficios gubernamentales ya son residentes legales.
De hecho, la norma reactivada de la administración Trump es mucho más amplia en los criterios de exclusión.
La nueva regla no detalla los beneficios y programas que podrían considerarse constitutivos de carga pública, pero sí establece que los funcionarios encargados de aplicar la política tomarán «decisiones individualizadas y basadas en hechos concretos sobre la inadmisibilidad por carga pública, considerando la totalidad de las circunstancias del extranjero».
A la vez, potencia el criterio de discrecionalidad para los funcionarios encargados de evaluar a profundidad si un extranjero puede convertirse “en carga pública en cualquier momento».
En 2023, un total de 22.8 millones de personas no registradas como ciudadanos vivían en Estados Unidos, según datos de la Oficina del Censo.
Aunque la administración Trump ha recibido algunos veredictos judiciales adversos en materia migratoria en días recientes, la ofensiva de ICE y las maniobras dilatorias de USCIS forman parte de un entramado que busca generar temor, desconfianza e incertidumbre entre los inmigrantes que incluso cuentan con un estatus legal para permanecer en el país.
DOCUMENTO DE INADMISIBILIDAD POR CARGA PÚBLICA/ DHS 2026
