La foto del incendio ocurrido la víspera en una subestación eléctrica de Caibarién, Villa Clara, a causa de sobrecalentamiento por la combinación de altas temperaturas y el pico de consumo tras un extenso periodo sin servicio, es la viva metáfora de un país ardiendo.
Cerca de allí, en la diezmada Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, la noche del martes los trabajadores esperaban por acceder a la zona de caldera donde se presentó la avería que sacó a la unidad del sistema electroenergético nacional para comenzar las labores de reparación.
Con la más agobiante situación interna en la historia reciente del país y el verano siempre explosivo a la vuelta de la esquina, el régimen cubano inicia este miércoles un Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista (PCC) que será seguido al día siguiente por otra sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Podero Popular.
Según las escuetas notas publicadas en los medios oficiales con las convocatorias de ambos eventos, se trata de reuniones de la jerarquía gobernante para “evaluar propuestas de transformaciones económicas y sociales, enunciadas por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en recientes declaraciones a la prensa”.
¿A qué se deben estos llamados de urgencia? ¿Debe esperar el pueblo cubano propuestas alentadoras salidas de estas convocatorias? ¿Habrá una decisión trascendental vinculada a la aguda crisis que golpea ferozmente todas las esferas de la vida del país?
El primer reto que encaran semejantes foros es el descreimiento de la población cubana hacia las posibles medidas o búsquedas de soluciones que emanen de la cúpula gubernamental, sea de la dirección partidista como de la pantomima parlamentaria.
Nunca antes el régimen se vio ante un escenario de deterioro de su imagen y aceptación a nivel popular, incluso entre ciudadanos que permanecen orgánicamente integrados a la maquinaria institucional o las esferas laborales. Nunca antes la credibilidad de la “gestión socialista” que impuso a puro voluntarismo Fidel Castro se vio tan destartalada y vaciada de sentido.
En su despeinada presentación ante el clan de amanuenses del oficialismo el pasado viernes 12 de junio, Díaz-Canel dio una larga perorata “sobre las prioridades diseñadas para superar las dificultades del momento actual”, y esbozó un grupo de medidas que pudieran sonar renovadores desde la perspectiva del poder, pero que en realidad son gestos desesperados y patéticos para dar una impresión aperturista, ganar tiempo y sobre todo ensayar la escamuza de supuestos cambios manteniendo el control sobre las operaciones ciudadanas. Letra muerta y humo para la ilusión de otro nuevo comienzo, como lo fue aquella olvidable Tarea Ordenamiento.
Todo este operativo propagandístico, no ajeno de tensiones y temores comprensibles en el mando totalitario, resulta demasiado burdo y tardío para una población que enfrenta apagones kilométricos continuos de hasta 40 horas, subidas exorbitantes de precios con el dólar rozando los 700 pesos, desabastecimientos brutales de agua potable, toneladas de basura contaminada en las calles, carencias de medicinas esenciales y, sobre todo, un sentimiento de desesperanza nacional que taladra el imaginario colectivo de la sociedad.
Aplazar decisiones y estirar promesas inviables ha sido la estrategia de este gobierno espurio. Díaz-Canel no es el máximo culpable del desastroso sistema heredado, pero tiene responsabilidad en la prolongación de la agonía y la improductividad económica del país. Y la Historia cargará sobre las últimas trazas del desastre.
A estas alturas, con un proceso negociador empantanado con Estados Unidos y las miradas atentas del Vaticano y de otros gobiernos de Europa y Latinoamérica, el régimen ni siquiera se ha dignado a excarcelar a cientos de prisioneros políticos, entre ellos una pieza clave como es la profesora cubanoamericana Alina López Miyares, con serias afectaciones de salud tras cumplir más de siete años de una condena de 13 bajo cargos de espionaje.
Hace cinco años, la población cubana estalló en protestas masivas en más de 60 ciudades y territorios, en la clarinada del 11 de julio de 2021. La fecha se aproxima como un recuerdo persistente de un estremecimiento social que puso en jaque a un gobierno renuente a reformarse y abrir espacios para las libertades fundamentales de sus ciudadanos.
Al final de este jueves, cuando delibere la Asamblea Nacional para aprobar lo dictado la víspera por el Pleno del PCC, seguramente tengamos otro paquete de propuestas diseñadas para tratar de disipar tensiones sociales y cuidar la sobrevivencia del sistema cubano. Pero quizás estemos asistiendo al último error de cálculo de la terquedad gubernamental en los afanes de sobrevivir a toda costa y a cualquier costo.
