La administración Trump tiene en marcha un plan estratégico para establecer en breve una “fuerza de reacción rápida”, integrada por efectivos de la Guardia Nacional, y que se desplegaría de manera expedita en ciudades estadounidenses con el propósito de sofocar protestas y disturbios contra el gobierno en espacios públicos.
La instrucción gubernamental figura en documentos filtrados inicialmente esta semana al diario The Washington Post y revisados también por otros medios estadounidenses al calor de una ofensiva de la administración por descarrilar movilizaciones de oposición a sus políticas en materia de recortes sociales, ajustes laborales e inmigración.
Dos fuentes vinculadas al gobierno confirmaron a CaféFuerte haber visto el documento base para la creación de la denominada Domestic Civil Disturbance Quick Reaction Force –es decir, Fuerza de Reacción Rápida ante Disturbios Civiles Nacionales.
¿Les recuerda esta movida alguna formulación similar en un país cercano? Exactamente, las Brigadas de Respuesta Rápida que se concibieron en Cuba en la etapa del llamado Período Especial, la crisis de los años 90, para salirle al paso a las expresiones de descontento popular.
De acuerdo con la información obtenida, el concepto ideado por la administración Trump y sus pilares ideológicos del Proyecto 2025, es integrar destacamentos con cientos de miembros de la Guardia Nacional –equipados con armas y equipo antidisturbios– para tenerlos en alerta constante y listos para desplegarse en tan solo una hora en zonas de agitación social.
El destacamento principal estaría formado por unos 600 efectivos de la Guardia Nacional, indica el documento revisado. En los documentos que fueron recopilados por oficiales en activo entre finales de julio y principios de agosto, se describe un plan para que fuerzas asignadas de la Guardia Nacional se dividan en dos grupos de 300 y se estacionen en bases militares de Alabama y Arizona.
«Estamos ante la formación de brigadas militares de respuesta rápida para enfrentar acciones civiles a nivel nacional. No solo es un hecho preocupante, sino que es algo que no ha ocurrido en la historia del país», comentó a CaféFuerte el excongresista cubanoamericano Joe García.
De aprobarse la propuesta, representaría una escalada en la expansión del despliegue de fuerzas militares que Trump pretende ampliar en territorio estadounidense, argumentando preocupaciones de seguridad nacional.
Y que ya esta misma semana tuvo un ensayo adelantado con el despliegue ordenado de 800 efectivos de la Guardia Nacional en Washington, DC, para presuntamente combatir la ola de delitos violentos y consumo de drogas que aquejan a la capital del país. La decisión implicó pasar el control de la Policía Metropolitana de Washington DC (MPD) a las fuerzas militares desplegadas.
La medida ha desatado ya una demanda legal por parte de la Policía de Washington DC, respaldada por el argumento de que las estadísticas muestran que los crímenes violentos en la urbe han disminuido notablemente desde 2023 y se encuentran en su nivel más bajo en 30 años. Las cifras oficiales de la MPD señalan un descenso del 26% de los crímenes violentos y un 28% de los robos en el área metropolitana durante este año con relación al mismo período de 2024.
Como parte de la operación en Washington DC, los miembros de la Guardia Nacional comenzaron a reportarse a la Armería del Distrito de Columbia desde la mañana del martes.
Otro incidente asociado a la movilización de fuerzas del orden por decisión presidencial fue el envío de agentes de la Patrulla Fronteriza, con presuntos fines preventivos de disturbios, a supervisar una conferencia de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, en Los Ángeles, este jueves.
Newsom lanzó oficialmente su campaña para volver a trazar los distritos congresionales de California con la intención de favorecer a los candidatos demócratas, a manera de contrapeso por los esfuerzos similares que realizan los republicanos en Texas.
Los asesores de Trump tratan de sustentar el plan militar de «respuesta rápida» en un estatuto del Código de Leyes Federales de Estados Unidos que permite al presidente eludir las limitaciones para el uso de las fuerzas armadas en territorio estadounidense.
La propuesta prevé una rotación de 90 días de militares en servicio, los que serían retirados de sus unidades de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea en 15 estados de la nación.
La iniciativa también incluye debates sobre las posibles implicaciones sociales de establecer el programa, así como proyecciones presupuestarias bastante considerables, cifradas en cientos de millones de dólares.
El proyecto no descarta que sean utilizadas las aeronaves militares en caso de una situación extrema.
El plan permitiría a la administración Trump trasladar tropas de un estado a otro, a diferencia de la ruta habitual de los comandos de la Guardia Nacional, que utilizan equipos de respuesta rápida dentro de los estados donde están establecidos.
La creación y el financiamiento de la propuesta estarían en curso en la partida presupuestaria del Departamento de Defensa para el año fiscal 2027, aunque no se descarta que pueda adelantarse mediante la contribución desde otras fuentes de financiamiento.
No es la primera vez que se utiliza una estrategia de movilización para sofocar manifestaciones públicas fuera de control, pero generalmente no han tenido un matiz de enfrentamiento a las políticas de la Casa Blanca.
En otoño de 2020, tras las protestas por la justicia racial tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd y antes de las elecciones presidenciales de noviembre, la Guardia Nacional designó unidades de policía militar en Alabama y Arizona para servir como fuerzas de reacción rápida.
Trump también desplegó la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el pasado junio, en contra de la voluntad de los legisladores locales y estatales, para reprimir las protestas contra las redadas de los agentes de ICE y otras medidas de control migratorio.
En esa ocasión, unos 4,000 soldados radicados en California y 700 marines enviados para proteger edificios, permanecieron inactivos en Los Ángeles durante semanas, lo que reforzó la percepción de que el despliegue había tenido intenciones políticas.
En otra demostración de fuerza, el pasado mayo Trump también envió 10,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México para intentar desalentar la inmigración ilegal.
