Juez federal ordena restituir a empleados de la USAID
El fallo pudiera facilitar la opción de reabrir numerosos programas de ayuda, desarrollo y promoción de la democracia alrededor del mundo, incluidas las provisiones financieras para grupos e iniciativas relacionadas con Cuba.
Un juez federal consideró este martes que el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) probablemente violó la Constitución, y determinó que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) no puede realizar nuevos recortes a la agencia gubernamental.
El juez Theodore Chuang, del distrito de Maryland, ordenó a la administración de Donald Trump restablecer el acceso al correo electrónico y a las computadoras de todos los empleados de USAID, incluyendo a aquellos que fueron suspendidos administrativamente.
El fallo pudiera facilitar la opción de reabrir numerosos programas de ayuda, desarrollo y promoción de la democracia alrededor del mundo, incluidas las provisiones financieras para grupos e iniciativas relacionadas con Cuba.
Chuang además prohibió al multimillonario Elon Musk, quien encabeza DOGE, realizar nuevos recortes a la agencia federal.
La demanda que motivó la orden judicial -interpuesta por abogados de empleados y contratistas de USAID- señaló a Musk como uno de los acusados, amparado por una orden preliminar de Donald Trump.
Los demandantes argumentaron que Musk comenzó a ejercer un poder que la Constitución reserva solo para quienes ganan las elecciones o son confirmados por el Senado.
En su dictamen, Chuang afirmó que la evidencia sugiere que Musk tomó la decisión de cerrar la sede y el sitio web de USAID a pesar de que el gobierno afirmaba que simplemente era asesor de Trump.
Las declaraciones públicas y las publicaciones de Musk en redes sociales demuestran que tiene un “firme control sobre DOGE”, concluyó el juez, quien reconoció que “es probable que USAID ya no sea capaz de desempeñar algunas de las funciones que le exige la ley”.
“En conjunto, estos hechos respaldan la conclusión de que USAID ha sido efectivamente eliminada”, escribió Chuang, quien fue nombrado por Barack Obama en 2014.
En febrero, la administración Trump suspendió a casi todo el personal internacional de USAID y notificó el despido de al menos 1,600 de sus empleados establecidos en Estados Unidos. El esfuerzo por desmantelar la agencia, establecida en 1962, formaba parte de un esfuerzo más amplio para erradicarla, y desarticular la mayoría de sus programas humanitarios y de desarrollo en el extranjero.
El día de su toma de posesión, Trump emitió una orden ejecutiva que decretó la congelación de los fondos de ayuda exterior y la revisión de toda la ayuda y el trabajo de desarrollo de Estados Unidos alrededor del mundo, asegurando que era “un despilfarro y promovía una agenda liberal”.
Musk llegó a catalogar a la USAID como “una agencia criminal”.
Los recortes también determinaron la cancelaci[on de alrededor de 800 premios y contratos administrados a través de la entidad.
En el caso de Cuba, varios proyectos, organizaciones y medios de prensa que contaban con financiamiento de la USAID pudieran ver restituidos parte de los fondos que fueron congelados. El Departamento de Estado había establecido un plazo de 90 días para decidir la suerte de la organización y sus dependencias asociadas en el exterior.
El Secretario de Estado, Marco Rubio, fue nombrado por Trump como administrador interino de la USAID.
Medios y plataformas informativas de temas cubanos se han lanzado a recaudar fondos entre su audiencia, con carácter de emergencia, para tratar de compensar la pérdida de ingresos de la USAID y la NED, que también vio restringidos sus partidas de financiamiento, autorizadas por el Congreso.
En horas de la tarde de este martes, la administración Trump recibió el segundo revés judicial de la jornada, cuando la jueza federal Ana C. Reyes, de un tribunal de distrito en Washington DC, bloqueó la decisión presidencial de impedir la presencia de soldados transgénero en el Ejército de Estados Unidos.
El fallo de Reyes, de origen uruguayo, permite a los soldados transgénero seguir sirviendo en el ejército bajo las normas establecidas por el gobierno de Joe Biden.
“La prohibición, en su base, invoca un lenguaje despectivo para atacar a un grupo vulnerable, violando la Quinta Enmienda de la Constitución”, escribió la jueza Reyes.
Al juramentar en febrero de 2023, Reyes se convirtió en la primera mujer hispana y persona abiertamente LGBTQ en servir como juez de un tribunal de distrito en Washington DC.
Pero a pesar de su nombramiento por Biden, Reyes había tenido posiciones muy crítica con las decisiones del Departamento de Justicia (DOJ) al negarse a permitir que los abogados envueltos en la investigación sobre Hunter Biden cumplieran con las citaciones emitidas por los republicanos de la Cámara de Representantes.
Reyes también acusó al Departamento de Justicia de hipocresía al procesar al funcionario de la administración Trump, Peter Navarro, señalando que había sido encarcelado por no cumplir con las citaciones de un comité especial de la Cámara.