Por Redacción CaféFuerte
Siete acusados como responsables de un fraude masivo en exámenes de ingreso a la educación superior fueron sentenciados a penas de hasta ocho años de cárcel por un tribunal de La Habana, informó este martes la prensa oficial.
«Como resultado del amplio material probatorio en el juicio oral realizado en días recientes, el Tribunal Municipal Popular de Marianao, sancionó a siete personas como responsables de la comercialización de las pruebas docentes y otras modalidades delictivas vinculadas con estos hechos», indicó un reporte publicado por el diario Granma.
No se especificó la fecha de realización del proceso judicial. Tampoco se precisaron los motivos de exclusión del caso de una octava persona que fue arrestada en junio como participante en la operación fraudulenta y se mencionó entonces como «no vinculada al sector educacional».
Escándalo de grandes proporciones
La sentencia anunciada pone punto final al escándalo ocurrido en pasado mayo en institutos preuniversitarios tras la sustracción de las pruebas, lo que obligó al Ministerio de Educación (MINED) a repetir y modificar los exámenes de ingreso de Matemática, Español e Historia del pasado curso.
La información precisa que la investigación demostró que en el proceso de impresión, reproducción y embalaje de los exámenes de ingreso a la Educación Superior, el ciudadano Leonardo Mosés Viera, quien se desempeñaba como jefe de Brigada en la Imprenta “Félix Varela Morales” del MES, se apropió de varios ejemplares de las pruebas correspondientes a las asignaturas de Matemática, Español e Historia y procedió a venderlas a otras personas en la suma de180 pesos convertibles (CUC).
Los exámenes sustraídos llegaron a manos de varios estudiantes. Uno de ellos acudió entonces a Víctor Romero Mendoza, profesor de Matemática del Instituto Preuniversitario José Martí, en la Habana Vieja, para que le solucionara la prueba de esa materia. Ese fue el punto de partida para una cadena de traspasos del documento que involucró a los profesores Karel López Guerrero, del Instituto Preuniversitario “Gerardo Abreu Fontán”, de Centro Habana, y a Daisy Márquez Rodríguez, docente de Química del mismo centro docente en la coermcialización de los exámenes a un precio de de 40 y 50 CUC.
La profesora Márquez Rodríguez vendió los exámenes a varios estudiantes y padres de alumnos, incluyendo la prueba de Español que había obtenido por otras vías.
Repasando y cobrando en CUC
A su vez, los exámenes sustraídos llegaron a manos de los profesores Arián Valdés Alonso, del Instituto Preuniversitario “Arístides Viera”, y Lázaro Antonio Fernández Acevedo, así como de Bárbara Maricela Gómez Martínez, metodóloga provincial de Matemática, quienes emplearon las pruebas para preparar ejercicios y repasar a sus hijos.
Durante el juicio oral se demostró que los cinco profesores y la metodóloga de Matemática se dedicaban a repasar grupos de estudiantes para su preparación a las pruebas de ingreso a la Educación Superior, cobrando sumas de dinero en moneda libremente convertible, sin tener autorización legal para esas funciones.
El tribunal consideró que estos hechos son constitutivos de los delitos de hurto, revelación de pruebas para la evaluación docente y actividades económicas ilícitas previstos en el Código Penal, indicó el reporte oficial.
La repetición del examen de Matemática, aplicado el 6 de mayo, y la modificación de los de Español e Historia, así como las convocatorias extraordinarias de las tres asignaturas, generaron gastos al Ministerio de Educación Superior calculados en 28,641.35 pesos cubanos (CUP) -unos $1,190 dólares- y a la Universidad de La Habana de 1,290.59 CUP ($54 dólares).
Las sanciones aplicadas fueron las siguientes:
1. LEONARDO MOSÉS VIERA, jefe de la imprenta. 8 años de privación de libertad
2. KAREL LÓPEZ GUERRERO, profesora, 4 años
3. ARIAN VALDÉS ALONSO, profesor, 4 años
4. DAISY MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, profesora, 3 años
5. BÁRBARA MARICELA GÓMEZ MARTÍNEZ, metodóloga, 2 años y seis meses
6. LÁZARO ANTONIO FERNÁNDEZ ACEVEDO, profesor, 2 años
7. VÍCTOR ROMERO MENDOZA, profesor, un año y seis meses
El tribunal impuso además a todos los acusados las sanciones de privación de derechos públicos, la prohibición del ejercicio de la profesión para los vinculados a la actividad docente y estableció las prohibiciones migratorias pertinentes.
A su vez, deberán resarcir al Ministerio de Educación Superior y a la Universidad de La Habana por los perjuicios económicos ocasionados.
Los acusados y la fiscalía tienen el derecho a establecer un recurso de apelación de la sentencia ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana.
El caso pareció repetir al calco una situación ocurrida el pasado año en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, donde dos profesores de la enseñanza preuniversitaria y la trabajadora de una imprenta en La Habana fueron acusados y arrestados por sustraer un examen final de onceno grado y propiciar un fraude masivo entre los estudiantes con fines de lucro. En esa ocasión no se divulgaron pormenores del procesamiento judicial.
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