Un tribunal federal dictaminó este sábado que el plan decretado por la administración Trump para revocar el estatus legal a los beneficiarios del parole humanitario por reunificación familiar carece de validez, concediendo un alivio legal para miles de inmigrantes de siete países latinoamericanos, entre ellos Cuba.
La jueza Indira Talwani, del tribunal de distrito de Boston, Massachusetts, emitió una orden de restricción temporal (TRO) que extiende el estatus de parole (libertad condicional) bajo la categoría de reunificación familiar por las próximas dos semanas, mientras continúe el litigio en torno a la decisión gubernamental.
«Este tribunal concede una suspensión de emergencia de 14 días a la terminación de los procesos parole para reunificación familiar de colombianos, cubanos, ecuatorianos, guatemaltecos, haitianos, hondureños y salvadoreños (anunciada el 15 de diciembre de 2025) y valida la autorización empleo previamente otorgada a ciudadanos extranjeros que ingresaron a Estados Unidos en virtud de los programas de reunificación familiar», escribió Talwani en fallo de cinco páginas.
Para los cubanos, el Programa de Reunificación Familiar (CFRP) fue creado por la administración de George W. Bush en 2007, y permitió a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes solicitar un permiso de permanencia temporal (parole) para sus familiares en Cuba y traerlos de manera expedita a Estados Unidos. El CFRP favoreció a miles de cubanos que contaban con reclamaciones de sus allegados en el Centro Nacional de Visas (VNC) y podían adelantar así las opciones de emigrar sin una prolongada espera, pero no debe confundirse con el programa de parole humanitario (CHNV), que fue impementado por la administración de Joe Biden en enero de 2023.
La orden judicial confirma la voluntad expresada por Talwani en una audiencia del pasado viernes, cuando adelantó que impediría a la administración anular el estatus legal de unos 12,000 inmigrantes, admitidos para reunirse con sus familiares. El plazo dado por el gobierno para los beneficiarios de los programas especiales de reunificación familiar expiraba el próximo míercoles 14 de enero.
Talwani fundamentó su decisión en que los funcionarios del Departamento de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) no notificaron adecuadamente la revocación a quienes podían perder su autorización legal para permanecer en Estados Unidos, a pesar de la existencia de un requisito de que recibieran una comunicación directa. La decisión revocatoria de USCIS fue publicada el pasado 15 de diciembre en el Registro Federal, un sitio digital del gobierno que no cumple con la regla de notificación personal.
Los funcionarios de USCIS dijeron que planeaban proporcionar la «notificación por escrito» a los afectados a través de cuentas de correo electrónico, pero la jueza dijo que algunos inmigrantes con estatus de parole recibieron la comunicación electrónica semanas después del anuncio, mientras que otros aseguran que nunca fueron notificados.
«Nada en el expediente ante el tribunal sugiere que la mayoría, y mucho menos todos, los beneficiarios del parole tengan dichas cuentas o cuándo se les proporcionó la notificación a través de dichas cuentas», escribió Talwani en su orden de cinco páginas del sábado.
La cancelación de estatus dictada por USCIS no afectaba de inmediato a todos los inmigrantes favorecidos por los programas de reunificación familiar, pues excluía a aquellos que tenían solicitudes pendientes para un estatus migratorio diferente cuando se hizo el anuncio del 15 de diciembre. El grupo de cubanos afectados es mínimo, pues la inmensa mayoría de los arribos por vía del CFRP lo hicieron hace más de un año, lo que les permitió regularizar su estatus al amparo de la Ley de Ajuste Cubano (CAA).
Talwani dio a los representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta el 15 de enero para que presentaran cualquier moción legal respecto a la reclamación de los demandantes. Los defensores de los inmigrantes tendrán hasta el 20 de enero para responderla.
La demanda en favor de los beneficiarios de reunificación familiar está liderada por el Justice Action Center, junto a otras agrupaciones defensoras de los derechos migratorios.
Los representantes de DHS y USCIS no respondieron de inmediato respecto a la orden de Talwani, pero no se descarta una moción de urgencia ante un tribunal superior para neutralizar el fallo de este sábado.
La abogada Karen Tumlin, directora de Justice Action Center, consideró que la decisión de la jueza Talwani representa enorme alivio para los inmigrantes afectados y sus familias.
«Estamos hablando de personas que han hecho todo lo que el gobierno estadounidense les ha pedido y que, en muchos casos, están a solo semanas o meses de recibir finalmente sus tarjetas de residencia. Es cruel y completamente innecesario que la administración Trump intente arrebatarles este derecho”, dijo Tumlin en un comunicado.
Talwani, nombrada para su puesto por el presidente Barack Obama en 2014, se ha convertido en un factor judicial clave frente a la política migratoria de Trump, defendiendo específicamente los programas establecidos por administraciones precedentes para la permanencia legal de inmigrantes en Estados Unidos.
El pasado abril rechazó la decisión de administración Trump para cancelar el estatus de parole y anular los permisos de trabajo para unos 500 mil inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, protegidos bajo en llamado programa CHNV. Sin embargo, un mes después la Corte Suprema de Estados Unidos concedió una solicitud de emergencia del DHS para levantar su orden.
ORDEN DE LA JUEZA INDIRA TALWANI SOBRE EL PAROLE DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR/2026
