El apremiante tema de los cupones de alimentos escaló la noche del viernes hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el presidente Donald Trump obtuvo una decisión favorable, que le permite al menos ganar tiempo en su estrategia de retener los fondos de emergencia para el más importante programa nutricional del país.
Lo más curioso es que la decisión que permitió a la administración suspender temporalmente la financiación completa del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), vino de la jueza liberal Ketanji Brown Jackson.
El fallo forzoso del Tribunal Supremo –nocturno y sorpresivo– es el último capítulo de una saga de tira y encoge en la esgrima legal que esta semana ha tenido en vilo a los proveedores de servicios y la población necesitada.
En una orden de dos páginas, emitida después de las 9 pm del viernes, Jackson accedió a poner en pausa dos fallos de tribunales federales que obligaban al Departamento de Agricultura (USDA) a financiar completamente los pagos pendientes del programa de alimentación.
El monto total para completar el financiamiento se calcula en unos $4,000 millones de dólares.
Jackson concedió la solicitud del gobierno de Trump de revocar una orden judicial –y una petición denegada horas antes por otra instancia superior– en la cual se exigiría a los funcionarios de USDA a entregar de manera expedita los pagos correspondientes a noviembre.
La decisión de Jackson se produjo después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito se negara a conceder al gobierno una suspensión inmediata de la orden del juez de distrito John McConnell Jr., emitida este viernes.
Sin embargo, Jackson, una jueza designada por Joe Biden y bajo radicales cuestionamientos del círculo de Trump, recordó que el Tribunal de Apelaciones planeaba emitir un fallo «lo antes posible» y era prudente esperar por esa decisión.
La jueza explicó en su orden que suspender el plazo dado a Trump facilitará la siguiente acción del tribunal del Primer Circuito de Apelaciones, la cual –según escribió– «espero con prontitud».
¿Por qué la solicitud de emergencia del gobierno se remitió a Jackson? Simplemente porque ella está encargada de supervisar los asuntos urgentes que surgen del Primer Circuito.
Jackson pudiera en algún momento remitir el asunto al pleno del Tribunal Supremo, pero su orden nocturna del viernes no dio indicios de lo haya hecho.
Se espera un fallo firme del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en las próximas horas, a más tardar el lunes. Pero si la decisión fuera adversa, Trump podría acudir nuevamente al Supremo y ganar otra cuota de tiempo en medio de la parálisis gubernamental.
No obstante, varios estados demócratas ya procedieron a realizar los pagos completos a los beneficiarios de cupones de alimentos luego de que esta semana el USDA dijo que estaba trabajando para cumplir con la orden del tribunal inferior de financiar el programa.
Por el momento, el fallo de Jackson es un respiro temporal para la estrategia de la administración de no desembolsar la totalidad de fondos de emergencia para pagar los cupones de SNAP, que benefician a 42 millones de estadounidenses vulnerables.
Y justamente, las maniobras de Trump y el USDA han estado enfocadas durante toda la semana en utilizar los tecnicismos legales para no costear de manera completa los beneficios de alimentos, algo que exigieron sendas órdenes judiciales de los tribunales de Rhode Island y Massachusetts.
El SNAP se quedó sin fondos el 1 de noviembre debido al cierre gubernamental, el más prolongado de la historia de Estados Unidos.
En medio del litigio a causa de demandas presentadas por ciudades y estados gobernados por demócratas, el USDA envió aproximadamente el 65% de los fondos mensuales, pero las autoridades aún no han implementado un plan para garantizar la financiación completa del programa durante noviembre.
Pero Trump ha echado agua al molino de la confusión y la incertidumbre, cuando esta misma semana publicó un mensaje en redes sociales afirmando que los beneficios del SNAP no se pagarían hasta que el gobierno reabriera.
Los defensores de los beneficios del SNAP han instado a la administración a utilizar otra cuenta, conocida como Sección 32, para realizar el pago completo de este mes. Sin embargo, los abogados del Departamento de Justicia sostienen que agotar esa cuenta podría perjudicar a otros programas, como los de alimentación escolar.
El juez McConnell Jr. ha sido particularmente duro con las maniobras de la administración. “Este Tribunal no ignora las verdaderas motivaciones del gobierno. Lejos de preocuparse por la financiación del Programa de Nutrición Infantil, estas declaraciones dejan claro que el gobierno está reteniendo la totalidad de los beneficios del SNAP con fines políticos”.
En medio de la parálisis gubernamental, el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, conocido como WIC, ha obligado ya a la administración Trump a desembolsar $450 millones de dólares del fondo de emergencia.
Legisladores de ambos partidos propusieron medidas de financiación provisionales para el programa SNAP, pero el liderazgo republicano se negó a someter los proyectos legislativos a votación, argumentando que centrarse exclusivamente en la ayuda alimentaria dificultaría llegar a un acuerdo sobre un plan más amplio para la reapertura del gobierno.
Alrededor de tres millones de beneficiarios de SNAP residen en el estado de Florida, unos 600 mil en el condado Miami-Dade. Una de cada ocho personas en Florida utiliza el programa SNAP, y el 60% de los participantes son familias con niños.
ORDEN DE LA JUEZA KETANJI BROWN JACKSON SOBRE PETICIÓN DE EMERGENCIA SOBRE SNAP
