En medio de una angustiosa incertidumbre sobre su destino en Estados Unidos, los beneficiarios del parole humanitario han recibido un nuevo espaldarazo desde un tribunal federal para obtener un estatus legal en el país.
La jueza Indira Talwani, de un tribunal de distrito en Boston, Massachusetts, emitió este lunes una orden exigiendo evidencias verificables al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de que ha eliminado todas las pausas en las solicitudes de beneficios migratorios derivados del programa de parole humanitario.
La jueza Talwani dio de plazo hasta el jueves 19 de junio para que las autoridades de DHS y su Departamento de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) presenten pruebas de que los casos de solicitantes relacionados con el parole humanitario están siendo procesados y sus peticiones adjudicadas.
«Los demandados también deberán confirmar para esa fecha que han realizado todas las actualizaciones necesarias en sus orientaciones, sistemas, guiones para agentes virtuales del sitio digital y otras comunicaciones de formularios para que se levanten las retenciones de procesamiento, y para que todos los solicitantes sean debidamente informados de las mismas», señaló la orden judicial.
El informe deberá incluir detalles sobre «otras comunicaciones de formulario con respecto a cualquier suspensión o reanudación de las adjudicaciones en curso», y USCIS deberá confirmar que todas las retenciones de procesamiento rescindidas se han eliminado de los sistemas de gestión de casos.
La orden judicial trae un nuevo respiro a miles de personas, entre ellos centenares de cubanos, que tienen demoradas sus solicitudes de residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA), así como inmigrantes de otras nacionalidades que han acudido a avenidas legales alternativas para mantenerse en el país.
Además de los amparos bajo la CAA, muchos beneficiarios del parole humanitario han buscado protección mediante peticiones de asilo, reclamaciones familiares, visas especiales de negocios y trabajo, y solicitudes de fiancée.
También serían beneficiados otros inmigrantes acogidos al programa Uniting for Ukraine, a procesos de reunificación familiar y al Military Parole in Place (MPIP).
El parole humanitario permitió la entrada al país de unos 532 mil inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV) desde octubre de 2022. Pero muchos de ellos ya han ajustado su estatus con otros recursos legales.
Se calcula que de los 110,240 cubanos que arribaron a Estados Unidos bajo el parole humanitario, solo menos de 20 mil no han podido ajustar su estatus con CAA, pues no han cumplido el año de estancia requerida.
La noticia es alentadora para muchos de ellos a quienes el DHS ordenó cancelarles el permiso de trabajo tras la revocación del programa de parole humanitario, avalada por un fallo de la Corte Suprema, el pasado 30 de mayo.
En medio de las redadas del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las amenazas de deportación y los mensajes conminatorios del DHS por las cancelaciones del parole humanitario, el temor se ha apoderado de los beneficiarios con casos pendientes.
El lunes circularon en redes sociales circularon versiones de que USCIS estaba exigiendo a las personas afectadas con la revocación del parole humanitario que devolvieran por correo la tarjeta de permiso de trabajo que les fue cancelada. No hay una declaración oficial de USCIS sobre este tema y la agencia no respondió hasta el momento las preguntas enviadas por CaféFuerte al respecto, aunque varias personas han ratificado que recibieron la comunicación.
El requerimiento de la jueza Talwani tiene que ver con una decisión anterior de su tribunal, el 28 de mayo, cuando decretó un alivio preliminar para la paralización administrativa de solicitudes de estatus legal, lo cual fue impuesto por el gobierno de Trump desde su llegada a la Casa Blanca.
La orden anterior de Talwani había determinado una declaración oficial de Kika Scott, subdirectora interina de USCIS, el pasado 9 de junio, con instrucciones para retomar el análisis de los casos pausados una vez completada la investigación sobre la legitimidad de cada solicitud.
Pero hasta el momento, cientos de personas se quejan de que sus casos siguen empantanados y que solo reciben noticias restrictivas sobre sus peticiones.
Aunque oficialmente el parole humanitario es un programa revocado, los peticionarios de beneficios migratorios alternativos tienen derecho a que sus casos sean procesados y resueltos.
La demanda federal presentada por beneficiarios del parole, activistas y grupos defensores de los inmigrantes, sigue su curso ante el tribunal de Boston.
La administración Trump también ha ordenado la revisión de las residencias concedidas a refugiados y asilados políticos en el país, pero esos expedientes no conciernen directamente a la orden de la jueza Talwani.
DECLARACIÓN DE USCIS SOBRE EL PROCESAMIENTO DE CASOS PENDIENTES DE PAROLE
