EEUU: “Las reclamaciones de Gerardo Hernández carecen de mérito”
Por WILFREDO CANCIO ISLA
El gobierno de Estados Unidos rechazó tajantemente la solicitud del agente cubano Gerardo Hernández, condenado a dos cadenas perpetuas por espionaje, para reabrir su caso y enfrentar un nuevo proceso ante la justicia norteamericana.
“Todas las reclamaciones del solicitante [Hernández] carecen de mérito”, indica la respuesta presentada por la fiscalía federal a la petición del oficial cubano. “El caso se ha probado rigurosamente en la apelación, con tres rondas completas de reclamaciones, que han servido para confirmar la validez del juicio y la sentencia, y dilucidar muchos asuntos que el solicitante busca ahora revisar”.
En un documento de 123 páginas entregado esta semana en un tribunal de Miami, la fiscal federal Caroline Heck Miller refuta ampliamente los argumentos de la petición de habeas corpus realizada por Hernández el pasado junio.
“Muchos de sus reclamos son proyecciones especulativas de los posibles resultados bajo diferentes enfoques de estrategias legales hipotéticas, y afirmaciones concluyentes de deficiencias y daños al solicitante, sin justificación ni detalles de lo que supuestamente omitieron la investigación, los testigos, las instrucciones al jurado, y los argumentos emitidos, y sin una evaluación de los registros específicos sobre lo que realmente ocurrió en el juicio”, señala la argumentación de la fiscalía ante la jueza federal Joan Lenard.
Hernández, de 45 años y líder de la red de espionaje desmantelada en 1998, fue convicto de confabulación para cometer asesinato durante un juicio realizado en Miami en el 2001. Actualmente se encuentra cumpliendo su sentencia en una prisión federal de Victorville, California.
En su respuesta, la fiscalía también respaldó la actuación del ex abogado defensor de Hernández, Paul McKenna, durante el proceso legal contra los integrantes de la llamada Red Avispa. En su petición de habeas corpus y en una declaración jurada (affidavit) con fecha del 16 de marzo del 2011, Hernández se había distanciado de McKenna, cuestionando duramente la estrategia legal en el juicio.
Hernández versus McKenna
Desde el pasado año, Hernández está representado por los abogados Richard C. Klugh y Thomas Goldstein.
De acuerdo con Hernández, McKenna no lo alertó sobre la posibilidad de defenderse y declarar por separado contra las acusaciones de conspiración para cometer asesinato que se le imputaron en el proceso. Su reclamación califica de “inefectiva, deficiente y perjudicial para el caso” la estrategia legal de McKenna.
Los mensajes cifrados -presentados como evidencia durante el proceso judicial- mostraron intercambios de Hernández con la Dirección General de Inteligencia (DGI) de Cuba acerca del derribo de las dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.
“Ese menosprecio de los resultados de McKenna es refutado por el expediente del caso y por quienes fueron testigos de los incansables esfuerzos, conocimientos, y esfuerzos estratégicos y expertos profesionales empleados en su defensa”, expresa el texto de la fiscalía. “Como McKenna declaró en los argumentos finales del juicio y como lo demostró en varias ocasiones, fue especialmente enérgico, trabajador, leal, tenaz y proactivo en favor de su cliente”.
Otro de los aspectos fustigados el el documento es el argumento de Hernández de que un grupo de periodistas y colaboradores de Radio y TV Martí -cuestionados en un controversial artículo de The Miami Herald en septiembre del 2006- influyeron decisivamente en crear un clima hostil contra el caso, bajo la influencia del gobierno estadounidense.
Exageraciones sin fundamento
“La caracterización del solicitante sobre la remuneración a los periodistas como parte de un siniestro y deliberado complot del gobierno en perjuicio de él, es exagerada y sin fundamento”, consideró el texto. “No hay ninguna base para reclamar el impacto de estos artículos o periodistas en el juicio, ni tampoco para implicar la participación de la fiscalía o las autoridades en los programa de remuneración de la BBG [Broadcasting Bureau of Governors, para las transmisiones de Radio y TV Martí].
Concluye que “la especulación y las hipótesis” no son razones suficientes para reabrir un caso sin nuevas evidencias.
La defensa de Hernández debe presentar su respuesta en las próximas semanas. Posteriormente la jueza Lenard debe emitir un fallo sobre la solicitud. La decisión judicial pudiera producirse para fines de año.
El habeas corpus es la única avenida legal que queda a Hernández, luego de que el Tribunal Supremo rechazara una apelación para reconsiderar su caso en el 2008.
El gobierno cubano ha manifestado disposición por un canje de Hernández y los otros cuatro agentes presos por el contratista estadounidense Alan Gross, arrestado en la isla desde el 2009 y condenado a 15 años de cárcel el pasado marzo. Washington ha negado desde hace casi un año que exista esa posibilidad de negociación.
El presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, ha manifestado que si la decisión de Lenard es negativa, la petición de Hernández volverá a escalar hasta las máximas instancias judiciales de Estados Unidos.
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