Condenas de hasta 15 años de cárcel para acusados por tráfico de huevos en La Habana

Por Redacción CaféFuerte
Un tribunal cubano sancionó a condenas de entre 15 y cinco años de cárcel a 18 funcionarios y trabajadores de empresas estatales de La Habana por su participación en un sonado caso de desvío de más de ocho millones de huevos que provocó pérdidas millonarias a la economía del país.
Los trabajadores pertenecían a la Unidad Empresarial de Base Acopio y Distribución de Huevos Habana y a la Empresa Provincial de Co­mercio en la capital cubana, y fueron acusados de delitos de malversación, apropiación indebida y falsificación de documentos bancarios y de comercio, informó este viernes el diario oficial Granma.
La cifra de acusados en el juicio oral ascendía a 19, pero uno de ellos resultó absuelto por falta de pruebas.
Las sanciones cierran el ciclo de una investigación que se inició en octubre del 2012 tras aflorar un grupo significativo de facturas no reconocidas por los lugares de destino de la mercancía. El juicio de los acusados se produjo el 6 de octubre del 2014 en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Ha­bana, pero no fue hasta el pasado 13 de marzo que el caso fue divulgado mediante la publicación de un detallado artículo titulado «Los retorcidos caminos del descontrol«.
Auditoría e investigación policial
Después de una auditoría especial que destapó serias irregularidades en la distribución y comercialización de huevos, se produjo una investigación policial que arrojó la realización de operaciones ilícitas con afectaciones de 8,907,562 pesos cubanos, unos $370 mil dólares.
La Fiscalía solicitó inicialmente sanciones entre 20 y ocho años de prisión, además de que los implicados rindieran cuenta por su responsabilidad civil.
La investigación, dirigida por la División de Investigación Criminal y Operaciones del Ministerio del Interior, documentó errores contables, in­cum­plimientos de las obligaciones por parte de directivos, especialistas y choferes, violaciones de las rutas establecidas para la comercialización de huevos, falsificación de facturas y la existencia de «una cadena delictiva, azuzada por el descontrol lacerante, la vulnerabilidad de los procedimientos y la pérdida total de principios éticos y morales», según indicó el artículo.
Los cartones de huevos se vendían en el mercado negro con un precio de entre 35 y 40 pesos cubanos.
La lista de sancionados es la siguiente:
1.  Luis Roberto Bárzaga Salazar, director económico de la Unión de Em­presas de Co­mer­cio y Gastronomía, 15 años. Coautor directo del delito de falsificación de documentos bancarios y de co­mer­cio como medio a fin para cometer el delito de malversación.
2.  María Regla Pis Martínez,, subdirectora comercial de la Empresa Pro­vincial de Co­mercio, 7 años. Coautora directa del delito de falsificación de documentos bancarios y de co­mer­cio como medio a fin para cometer el delito de malversación.
3.  Gilberto Díaz Mojena, comercial de la UEB, 11 años. Autor del delito de falsi­fica­ción de documentos bancarios y de comercio como medio a fin para cometer el delito de malversación.
4.  Juan José Dantín Llorente, comercial de la UEB, 10 años. Autor del delito de falsi­fica­ción de documentos bancarios y de comercio como medio a fin para cometer el delito de malversación.
5.  Margarita del Carmen Quintana Rodríguez, contadora principal de la UEB, 12 años. Autora del delito de falsi­fica­ción de documentos bancarios y de comercio como medio a fin para cometer el delito de malversación.
6.  Nguyen Cruz González,  ocho años. Cooperación en el delito de falsificación de do­cumentos bancarios y de comercio como me­dio a fin para cometer el delito de mal­ver­sación.
7.  Agustín Adalberto Baños Gon­zález, siete años. Cómplice del delito de malversación.
8.   Jorge Aníbal Barata Gó­mez, siete años. Cómplice del delito de falsificación de documentos ban­carios y de comercio como medio a fin para co­meter malversación.
9.  Julio Didier Pino Balmory, siete años. Cómplice del delito de falsificación de documentos ban­carios y de comercio como medio a fin para co­meter malversación.
10. Víc­tor Jesús Arias Gerardo, siete años. Cómplice del delito de falsificación de documentos ban­carios y de comercio como medio a fin para co­meter malversación.
11. Lino Julián Moreno Moreno, siete años. Cómplice del delito de falsificación de documentos ban­carios y de comercio como medio a fin para co­meter malversación.
12. Ifraín Silot Brown, siete años. Cómplice del delito de falsificación de documentos ban­carios y de comercio como medio a fin para co­meter malversación.
13. Juan Eliezer Perdomo González, siete años. Cómplice del delito de falsificación de documentos ban­carios y de comercio como medio a fin para co­meter malversación.
14. Joaquín Rivero Ramírez, seis años. Cómplice del delito de falsificación de documentos ban­carios y de comercio como medio a fin para co­meter malversación.
15. Valery Ca­ballero Moreda, seis años. Cómplice del delito de falsificación de documentos ban­carios y de comercio como medio a fin para co­meter malversación.
16. Osmani Arrascaeta Flores, seis años. Cómplice del delito de falsificación de documentos ban­carios y de comercio como medio a fin para co­meter malversación.
17. Gustavo Pérez Acevedo. seis años. Cómplice del delito de falsificación de documentos ban­carios y de comercio como medio a fin para co­meter malversación.
18. Benito Orlando Pérez Nú­ñez, cinco años y cuatro me­ses de privación de libertad.
El acusado Eduardo Tamayo Pérez fue de­clarado absuelto por insuficiencia de pruebas.
A todos los sancionados se les impuso como sanciones accesorias la privación de derechos y prohibición de ejercicio de profesión, cargo u oficio acorde con el tiempo de privación de libertad.
En el caso de Luis Roberto Bárzaga Sa­lazar, María Regla Pis Martínez, Gil­berto Díaz Mojena, Juan José Dan­tín Llorente, Margarita del Carmen Quin­­tana Rodríguez y Nguyen Cruz Gon­­zález tendrán que reparar  el daño material ocasionado con sus acciones delictivas.
La información no especificó la fecha de la sanción ni si los sancionados pueden establecer el recurso de casación, como sucede en los reportes sobre casos similares.
La revelación sobre el tráfico de huevos liberados se produce luego de que el pasado año la producción en el país cayera a los 2,063,7 millones de unidades, menor en 3,2 millones con relación al 2013, lo que ocasionó una distribución irregular y las consiguientes quejas de la población.