En una cuestionable iniciativa de escrutinio gubernamental, prominentes abogados de inmigración fueron incluidos en una lista de vigilancia (watch list) del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), motivando reclamos de activistas cívicos y defensores de los inmigrantes en el país.
Aunque la lista fue eliminada del sitio web de ICE tras las primeras denuncias de los abogados, la agrupación Al Otro Lado, radicada en San Ysidro, California, ha interpuesto una solicitud legal basada en la Ley de Libertad de Información (FOIA).
La reclamacón de Al Otro Lado alega que la base de datos plantea “graves preocupaciones de persecución política e intimidación profesional en un momento en que la administración está intensificando abiertamente sus ataques contra los defensores de los inmigrantes”.
La organización considera que no existe una razón legítima para que ICE compile una lista encubierta de abogados de inmigración y demanda que la agencia federal explique públicamente el propósito de esta medida de escrutinio, así como los criterios de inclusión de los nombres, según dijo Andrew Fels, representante legal de Al Otro Lado.
ICE no respondió varias solicitudes de organizaciones de defensa de los inmigrantes y medios de comunicación para esclarecer las razones del listado.
Los primeros indicios de la existencia del listado fueron divulgados por la abogada Arlene Amarante, residente en Tennessee, según reportó el sitio Border Report.
Amarante descubrió su nombre en el listado mientras intentaba confirmar con ICE la representación de un cliente suyo, y logró tomar una captura de pantalla antes de que la sección fuera eliminada del sitio digital.
“Uno de los patrones preocupantes que reconocí fue que un gran número de estos profesionales en la lista eran personas de color”, dijo Amarante.
Según se conoció, la lista contiene nombres de cientos de abogados de inmigración, en su mayoría hispanos, asiáticos y negros. Entre los enlistados hay varios conocidos abogados de Miami.
“¿Por qué existe esta lista? Ya sea una intrusión inocente o algo más intencional o malintencionado, necesitamos llegar al fondo del asunto. Es preocupante porque existe un patrón de amenazas por parte de la administración: la implicación del gobierno es que ofrecer apoyo a un cliente es un perjuicio en sí mismo, y los nombres en la lista parecen respaldar esa idea”, agregó la abogada.
El abogado Willy Allen desconoce si está en el listado, aunque fuentes que pudieron acceder a la relación afirman que su nombre aparecía registrado.
“Presumo que no figuro en la lista, pero quién sabe y no me importa a estas alturas de mi vida profesional”, dijo Allen a Café Fuerte. “¿Qué puede esperarse de un gobierno que nos ha declarado sus enemigos y nos ha responsabilizado del fraude migratorio en el país?.. Todos los días es una sorpresa o un evento imprevisto con esta administración, todos los días una batalla nueva”.
Allen hacen mención al memorando “Prevención de abusos del sistema legal y los tribunales federales, emitido por la Casa Blanca el pasado marzo. El documento acusa a los abogados de inmigración de conducta “sin escrúpulos” y ordena a la Secretaria de Justicia a tomar medidas contra los abogados y bufetes de abogados que presenten reclamaciones y demandas contra Estados Unidos.
Además, el memorando instruyó a las agencias federales para solicitar sanciones y medidas disciplinarias contra quienes impugnaran la política gubernamental.
“La historia parece repetirse”, declaró Cassandra López, directora legal de Al Otro Lado. “Una vez más, nuestro personal y colegas aparecen en una lista de vigilancia del gobierno simplemente por hacer nuestro trabajo: defender el derecho constitucional a solicitar asilo y exigir responsabilidades al gobierno ante los tribunales. El patrón es inconfundible y profundamente alarmante”.
El destape de la lista de abogados se produce en medio de la escalada de la administración Trump por avanzar su política de redadas y deportaciones masivas, lo cual ha incluido la presión del Departamento de Justicia sobre los tribunales de inmigración para cerrar casos y rechazar solicitudes de asilo, el despido de más de un centenar de jueces y el nombramiento de asistentes legales del sector militar para reemplazarlos.
