Un tribunal de apelaciones revirtió este jueves un fallo previo para clausurar el polémico centro Alligator Alcatraz en los Everglades y sentenció que todo siga como fue establecido para mantener detenidos inmigrantes en proceso de deportación.
El desmantelamiento previsto en un plazo de 60 días y el envío de inmigrantes al lugar pueden proseguir, según el dictamen dividido de un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito, en Atlanta.
La decisión dividida de 2-1 marca una rotunda victoria para las autoridades de Florida en su iniciativa por emplear instalaciones estatales para administrar un centro de detención de inmigrantes, lo cual es un procedimiento federal, y constituye además una validación de la estrategia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para ampliar su política agresiva de arrestos y deportaciones.
“Florida sin duda se verá perjudicada si no puede ‘aplicar sus propias leyes’ para responder a una crisis migratoria y servir al interés público”, escribió la jueza cubanoamericana Barbara Lagoa en el veredicto, respaldado también por su colega Elizabeth L. Branch.
Tanto Lagoa como Branch fueron nombradas por el presidente Donald Trump durante su anterior mandato. Curiosamente, otro juez cubanoamericano de Miami, Adalberto Jordan, nombrado por Barack Obama, tuvo a su cargo la opinión discrepante.
Al negar el cierre del lugar, el panel de jueces determinó que el tribunal inferior había malinterpretado una ley federal que exige la revisión de posibles daños ambientales antes de construir un proyecto de envergadura en la zona protegida de los Everglades, dada su fragilidad ecológica.
El DHS saludó el veredicto como «una victoria para el pueblo estadounidense, el estado de derecho y el sentido común».
El fallo anterior, dictado por la jueza federal de Miami, Kathleen M. Williams, el pasado 21 de agosto, se había sustentado en que tanto el gobierno estatal y como el ejecutivo federal violaron Ley Nacional de Política Ambiental, la cual exige una revisión medioambiental antes de ejecutar cualquier proyecto de construcción en la zona.
El tribunal de apelaciones rechazo el argumento de la jueza Williams, considerando que por estar financiado y operado en su totalidad por el estado de Florida, la Ley Nacional de Política Ambiental no es aplicable en este caso.
Entre las razones que tomó en cuenta el panel de apelaciones para justificar que Alligator Alcatraz permaneciera abierto estuvieron los costos que el estado de Florida afirmó se gastarían en el desmantelamiento de la instalación, entre $15 y $20 millones de dólares, y la misma cantidad reconstruirlas si prosperaba su apelación.
El centro fue establecido en tiempo récord, a un costo de $218 millones de dólares, para ser inaugurado el pasado julio.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha repetido que los costos de la instalación serán reembolsados por el gobierno federal.
DeSantis no perdió tiempo la tarde del jueves para celebrar el fallo de la apelación y calificar la decisión previa como salida de la voluntad de una jueza liberal.
«Alligator Alcatraz está, de hecho, como siempre hemos dicho, abierto al público», declaró DeSantis en un video publicado en X. «La misión continúa, y seguiremos liderando el camino en materia de control migratorio».
“Esperamos finalmente prevalecer en la defensa del corazón de Florida de esta instalación brutal y destructiva», dijo Elise Bennett, abogada principal del Centro para la Diversidad Biológica y figura clave en la demanda para cerrar Alligator Alcatraz.
Aunque el fallo del panel de jueves congela temporalmente el cierre de la instalación, la orden preliminar de la jueza Williams era una suspensión limitada mientras el caso prosigue en apelación.
“Este es un golpe desgarrador para los Everglades de Estados Unidos y para todos los seres vivos que allí habitan, pero la lucha no ha terminado”, agrego Bennett en un comunicado.
El panel de apelaciones determinó que los gobiernos estatal y federal sufrirían un daño irreparable si el centro de detención de Everglades se cerraba mientras el caso se resolvía en los tribunales.
Al ofrecer su opinión discrepante, el juez Adalberto Jordan escribió que el panel de apelaciones se había excedido en su limitada función al fallar a favor de los gobiernos estatal y federal y desestimar las conclusiones del tribunal inferior.
“El tribunal de distrito equilibró adecuadamente la equidad y el interés público”, argumento Jordan.
Actualmente permanecen detenidos en el lugar entre 120 y 125 inmigrantes, según datos ofrecidos esta semana por el gobierno federal durante una audiencia en un tribunal federal de Fort Myers, donde se ventila otra demanda sobre el asunto.
Al menos tres demandas están interpuestas por grupos ambientalistas y organizaciones defensoras de los inmigrantes contra las operaciones de Alligator Alcatraz.
De acuerdo con las declaraciones del abogado estatal Nicholas J.P. Meros durante la audiencia en Fort Myers, Florida no traería más detenidos al centro de los Everglades si no se revocaba el fallo de la jueza Williams.
En sus planes de sintonizar con la política migratoria de la administración Trump, el gobierno de Florida anunció recientemente la apertura de un segundo centro de detención en una prisión estatal vacía al oeste de la ciudad de Jacksonville, denominado Deportation Depot, y no descarta la idea de establecer un tercero con las mismas características en la zona del Panhandle, al norte del estado.
De acuerdo con reportes difundidos este viernes, Deportation Depot está en funcionamiento desde el pasado martes y alberga a unos 115 detenidos.
