Tribunal federal congela aplicación de Ley de Inmigración de Florida
El fallo de la jueza de distrito Kathleen Williams supone un revés para el gobernador Ron DeSantis y las autoridades estatales, que ya realizaban arrestos y procesaban casos bajo la ley, promulgada el pasado febrero.
Un tribunal federal de Miami decidió temporalmente ponerle freno a la Ley de Inmigración de Florida y ordenó que las autoridades policiales y los fiscales no pueden considerar como acción delictiva la entrada y circulación de personas al territorio estatal tras su ingreso ilegal al país.
El fallo de la jueza de distrito Kathleen Williams supone un revés para el gobernador Ron DeSantis y las autoridades estatales, que ya realizaban arrestos y procesaban casos bajo la ley, que fue promulgada en febrero tras una polémica sesión especial de la Legislatura de Florida, con el propósito de respaldar los planes del presidente Donald Trump para el control de la inmigración.
La legislación puesta en pausa este viernes frena de inmediato un abanico de acciones contra la inmigración en Florida, que favoreció acuerdos y partidas de financiamiento adicional para los condados y sus cuerpos policiales, así como con los patrulleros estatales de carreteras.
Se considera que esta ley convertía a Florida en uno de los estados con las restricciones antiinmigrantes más severas del país, incluyendo la opción de pena de muerte obligatoria para personas sin estatus legal que cometan crímenes graves, como asesinatos o violación de menores.
Pero la jueza Williams suspendió su aplicación durante 14 días y programó una audiencia para el 18 de abril.
En el fallo, Williams atacó el lado más vulnerable de la legislación afirmando que es muy probable que viole la Constitución de Estados Unidos, porque “busca poner en práctica un asunto que es competencia exclusiva del gobierno federal”.
“En resumen, durante casi 150 años, el Tribunal Supremo ha sostenido que la facultad de controlar la inmigración —la entrada, admisión y expulsión de extranjeros— es exclusivamente federal”, escribió Williams, que fue nombrada durante la presidencia de Barack Obama.
Williams señaló en su dictamen que la Policía de la Florida (FDLE) ya ha comenzado a aplicar la ley y a realizar arrestos, y afirmó que la disposición de detención obligatoria de la ley estatal “limita la discreción de las autoridades federales para recomendar la libertad condicional y obstruye la capacidad de los tribunales federales para llevar a cabo procedimientos que requieren la presencia de los acusados”.
Para ser acusado de un delito siendo indocumentado, una persona deberá tener al menos 18 años y las autoridades deberán demostrar que ingresó o intentó ingresar a la Florida a sabiendas, luego de entrar a Estados Unidos eludiendo o evitando la inspección de agentes de inmigración.
De ser declarado culpable, el infractor se enfrentaría a una pena obligatoria de nueve meses de prisión.
Los inmigrantes tampoco tendrán derecho a solicitar una licencia de conducir o tarjeta de identificación en el estado de Florida si no pueden demostrar presencia legal.
Los departamentos del sheriff de los 67 condados de Florida han firmado acuerdos para colaborar con el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Hialeah se ha unido a varias otras ciudades del sur de Florida como Davie, Sunny Isles, Palm Beach Gardens y Coral Gables para apoyar la colaboración con las entidades federales en el rastreo y detención de inmigrantes indocumentados.
La decisión judicial responde a una demanda presentada por dos inmigrantes residentes en Florida que afirman haber entrado al país ilegalmente.
Una de las demandantes es una mujer que fue deportada previamente y tiene cuatro hijos nacidos en Estados Unidos. La otra viaja fuera de Florida dos veces al año con su hijo, también nacido en Estados Unidos y afectado por una discapacidad.
Ambas personas son miembros de la Coalición de Inmigrantes de la Florida y de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de la Florida, ambas agrupaciones incluidas en la demanda.
El argumento central de los demandantes es que si se aplica la legislación estatal, las personas “sufrirán un daño irreparable, toda vez que corren el riesgo de ser arrestadas, procesadas y detenidas en virtud de una ley estatal inconstitucional”.