Audiencia judicial sobre el caso de Posada Carriles
Una jueza federal decidirá a partir de este lunes las evidencias que podrán utilizarse en el juicio contra Luis Posada Carriles, desde las polémicas cintas de una entrevista grabada en 1998 hasta un voluminoso legajo con información proveniente de Cuba.
La audiencia fijada para hoy ante la jueza Kathleen Cardone en un tribunal de El Paso, Texas, comenzará a ventilar una larga lista de mociones presentadas por la fiscalía y la defensa, y deberá allanar el camino para el juicio contra Posada, programado para el 11 de enero próximo.
Según fuentes judiciales, las sesiones pudieran tomar una semana o más, y se efectuarán a puertas cerradas. La mayoría de las mociones y documentos del proceso han permanecido sellados, sin acceso público, por orden del tribunal.
Posada, de 82 años, encara 11 cargos por fraude migratorio, obstrucción de la justicia y perjurio. La acusación apunta a su presunta participación en los atentados terroristas contra instalaciones turísticas en Cuba en 1997.
En el centro de las discusiones entre los fiscales del Departamento de Justicia y los abogados de la defensa estarán desde hoy las grabaciones de la entrevista realizada en Aruba por la conocida periodista Ann Louise Bardach para el diario The New York Times en 1998, y en la cual Posada habría confesado su participación en los atentados en la isla.
Arturo Hernández, principal abogado de la defensa, busca excluir las grabaciones como evidencias del juicio, alegando que “no son originales, están incompletas y han sido alteradas”.
Bardach ha sido citada para declarar en la audiencia, que contará también con expertos en grabaciones del FBI y analistas convocados por la defensa.
Se prevé que el tema de la grabación de Bardach pueda ocupar hasta tres jornadas de la audiencia.
Bardach no respondió a correos electrónicos de CafeFuerte solicitándole sus comentarios.
Tres mil páginas de última hora
Otro asunto candente será la posible inclusión en el proceso judicial de unas 3,000 páginas con documentos y seis videos proporcionados por las autoridades cubanas al FBI a partir del 2005.
Los volúmenes de documentos facilitados por el gobierno cubano les fueron entregados a la defensa el pasado miércoles.
“Definitivamente vamos a presentar una moción, porque el gobierno [de EEUU] demoró hasta ahora la presentación de estos documentos y tenemos serias objeciones a que sean usados como pruebas en el juicio”, declaró Hernández a CaféFuerte.
La moción -presentada el domingo- califica malintencionada la presentación tardía de los documentos con información ofrecida por los gobiernos de Cuba y Guatemala.
“El retraso intencionado del gobierno en proporcionar a la defensa más de 6,000 documentos -algunos inaccesibles- y seis archivos de video que estaban bajo su posesión y control durante los últimos cinco años, es claramente a propósito y de mala fe”, indica la moción de la defensa.
Pero no solo serán esos los puntos álgidos esta semana en el tribunal de El Paso.
La defensa también tiene fuertes cuestionamientos sobre las transcripciones de la entrevista de naturalización de Posada, realizada por funcionarios de Inmigración en el 2006. La fiscalía considera que el acusado mintió durante el proceso de ciudadanía sobre la forma en que ingresó al territorio estadounidense en marzo del 2005.
Entre los testigos clave de la fiscalía para apuntalar la acusación figurarían Gilberto Abascal, un informante del FBI, y Jorge Antonio Alvarez, alias Tony, quien presuntamente interceptó un comprometedor mensaje de Posada vía fax sobre el financiamiento de los atentados con bombas en Cuba.
Posada viajó la pasada semana por carretera desde Miami a El Paso. El Departamento de Seguridad Territorial (DHS) le impide tomar vuelos domésticos en Estados Unidos. Sobre él pesa una orden final de deportación.
La primera nota de Washington
Cuba y Venezuela lo acusan de terrorismo por el atentado a un avión comercial con 73 pasajeros en 1976. El gobierno de Hugo Chávez pidió su extradición a Washington en el 2005 para juzgarlo como principal responsable de esa catástrofe aérea.
En julio, Estados Unidos entregó por primera vez una nota a Venezuela sobre la solicitud de extradición de Posada. No se reveló el contenido de la nota, pero el canciller venezolano Nicolás Maduro dijo entonces que su gobierno respondería oportunamente.
El mensaje de Washington a Venezuela coincidió con el arresto y extradición a Cuba del ciudadano salvadoreño Francisco Chávez Abarca, capturado en Caracas con presuntas intenciones de caotizar las elecciones legislativas venezolanas y atentar contra el presidente Hugo Chávez.
Con posterioridad, las autoridades cubanas presentaron un documental con el testimonio de Chávez Abarca, quien declaró haber planificado atentados en la isla bajo órdenes expresas de Posada.
En el 2007, la jueza Cardone desechó los cargos que pesaban contra Posada por considerar que el gobierno estadounidense trató de inculparlo indebidamente durante el proceso de naturalización. Pero un año después la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito revirtió el veredicto, retornando el caso al tribunal de El Paso.
Tras el dictamen del Quinto Circuito, el juicio se ha pospuesto ya en dos ocasiones.