Presentan cargos por contrabando de dinero a cubanoamericana arrestada en Tampa con más de $102 mil dólares

La Fiscalía Federal de Tampa acusó formalmente de dos cargos por contrabando de dinero contra la cubanoamericana Mirtza Ocana, arrestada a su regreso de Cuba con más de $102 mil dólares en efectivo sin declararlos a las autoridades estadounidenses.

La acusación de cinco páginas, obtenida por Café Fuerte, fue presentada tras las deliberaciones de un jurado de instrucción del Distrito Central de Florida, que consideró la información contenida en la denuncia penal, emitida por un agente especial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al producirse la detención e interrogatorio de Ocana, el pasado 5 de febrero.

Los cargos fueron impuestos el 15 de febrero y comprenden contrabando de dinero en efectivo y conspiración con una persona no identificada para transportar, transferir e introducir dinero ilegalmente en Estados Unidos.

El documento establece por primera vez la cifra exacta que le fue ocupada a Ocana durante la revisión efectuada por las autoridades a su retorno de La Habana: $102,709 dólares.

Una audiencia para determinar si Ocana se declarará culpable o se procederá a un juicio en su caso está fijada para este martes 12 de marzo en un tribunal federal de Tampa.

El caso de Ocana desató de inmediato numerosas interrogantes sobre el origen del dinero y las brechas existentes para el contrabando monetario desde Cuba, pero en los últimos días su nombre comenzó a asociarse a un posible vínculo con el exministro de Economía y ex viceprimer ministro cubano Alejandro Gil Fernández, según un reporte de la prensa independiente. Gil Fernández fue arrestado y se encuentra bajo investigación por supuesta corrupción, aunque la nota gubernamental no ofrece detalles.

Extraoficialmente trascendió que Gil Fernández tendría negocios no autorizados con la mipyme Media Luna, dedicada a la distribución de productos agroindustriales en la provincia de Ciego de Ávila. Media Luna y su propietario, Fernando Javier Albán, eran elogiados ampliamente por la prensa oficialista, pero los comentarios extendidos en la localidad y establecimientos donde se vendían sus producciones es que ha sido cerrada y Albán se encuentra detenido.

Albán no figuró en el grupo de alrededor de 70 empresarios cubanos que visitó Miami el pasado septiembre para sostener un encuentro con hombres de negocios y funcionarios estadounidenses, como se ha difundido en medios independientes y redes sociales. Quien asistió fue su esposa, también parte de la gerencia de Media Luna.

La Fiscalía de Tampa declinó comentar a preguntas de Café Fuerte sobre si la investigación federal apunta a posibles nexos entre Ocana y funcionarios o empresarios privados en Cuba.  

“La única información pública disponible por nuestra parte es la que está contenida en los documentos emitidos [denuncia penal y acusación]”, dijo William C. Daniels, portavoz de la Fiscalía. “La audiencia de estatus del próximo 12 de marzo será para determinar si ambas partes están preparadas para proceder con un juicio”.  

Ocana, de 38 años, se encuentra actualmente bajo reclusión domiciliaria, con un dispositivo electrónico. Se le asignó un abogado de oficio para su defensa, y a petición de la fiscalía se le ordenó entregar su pasaporte por potencial riesgo de escapar del país.

Fue imposible contactar al abogado de la defensa, Stephen Consuegra, para hablar sobre la situación de su cliente.

Pero no debe sorprender la colaboración de las autoridades de Cuba y Estados Unidos en casos legales que involucran a ciudadanos de ambos países, especialmente después de la implementación del llamado Diálogo sobre Aplicación de la Ley desde 2015.

La sexta edición de estas reuniones bilaterales transcurrió el pasado 7 de febrero en Washington DC, dos días después del incidente de Ocana en el Aeropuerto Internacional de Tampa. El comunicado del Departamento de Estado sobre la reunión indicó que “el Diálogo sobre Aplicación de la Ley refuerza la seguridad nacional de Estados Unidos mediante una coordinación más eficaz” con las autoridades cubanas, y permite “proteger a los ciudadanos estadounidenses y llevar ante la justicia a actores delictivos”.

Aunque en los documentos publicados por la Fiscalía de Tampa no se nombra ninguna persona o entidad asociadas a las operaciones monetarias de Ocana, la acusada sí admitió que recibía pagos de entre $1,000 y $2,500 dólares en cada viaje por ingresar grandes cantidades de dinero en territorio estadounidense.

Los registros de entradas y salidas de Estados Unidos señalaron que desde el pasado 29 de mayo Ocana realizó 45 viajes a Cuba.

“Es un procedimiento regular que en casos de tráfico humano,  fraude migratorio y contrabando de dinero haya una colaboración entre las autoridades de ambas partes”, dijo una fuente vinculada al Departamento de Justicia que pidió no ser identificada.

La fuente consideró “muy probable” que funcionarios de Cuba y Estados Unidos estén cooperando en el caso de Ocana, y no descartó que la investigación abarque la empresa Ocana & Paradise LLC, que fue inscrita por ella en el estado de Florida el 13 de septiembre de 2023.

“Lo que no parece creíble es que la acusada tuviera un contacto directo con un funcionario de tan alto rango como un ministro para transportar dinero”, comentó la fuente. “Es más comprensible que tuviera contacto con uno o varios intermediarios para estas operaciones, y eso es lo que va a estar en el centro de la investigación”.

Al parecer Ocana emigró de Cuba en una fecha no determinada de la última década y se radicó inicialmente en un apartamento de la ciudad de Hialeah. En los registros de direcciones su nombre aparece asociado a esa dirección en el condado de Miami-Dade, no en Tampa.

Posteriormente se trasladó a vivir a Tampa, donde ocupaba una  modesta vivienda en un parque de casas móviles y tenía un auto de uso de escaso valor.

De acuerdo con personas de su vecindario que hablaron con Café Fuerte bajo condición de anonimato, la mujer justificaba los viajes frecuentes a Cuba por las operaciones de envíos de paquetería y la enfermedad de cáncer que padecía su madre, residente en La Habana.

De ser hallada culpable en un juicio por cargos de contrabando de dinero, Ocana pudiera recibir una pena máxima de cinco años de cárcel.

ACUSACIÓN (INDICTMENT) DE MIRTZA OCANA