Las viñas de la ira: Una tormenta de humo en el aeropuerto de Miami
El incidente debe servir para mejorar ese puente necesario de comunicación entre la TSA y las autoridades de Miami-Dade, sobre todo porque es un hecho que Cuba permanece aún incluida en la “lista negra” de patrocinadores del terrorismo.
Desde la mañana de este martes, varios lectores y seguidores de Café Fuerte, a quienes agradezco su lealtad y compromiso con nuestro sitio, me contactaron para alertarme sobre la “noticia” de la visita de una delegación cubana en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y sugerirme que le diera cobertura a tan acuciante tema. Mi respuesta fue que no veía novedad alguna en un hecho que era procedimiento regular en las instalaciones aeroportuarias de Estados Unidos, que se venía produciendo sistemáticamente por más de una década y que toda la indignación expelida desde tempranas horas por la radio local era como una tormenta en un tazón de café cubano.
Pero los sucesos generados en las horas posteriores, con una declaración de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, el ritornelo exaltado de los políticos cubanoamericanos, el tema puesto como prioridad en la reunión de este martes de la comisión de Miami-Dade y el lamentable seguimiento del incidente por una buena parte de los medios (independientes o afiliados) que dan cobertura a los asuntos cubanos, me han impulsado a abordar el asunto, sobre todo por las implicaciones vinculadas a la política internacional de Estados Unidos, a la comunidad cubanoamericana y al desempeño profesional en términos periodísticos.
Empecemos por el hecho. El pasado 20 de mayo, cinco funcionarios aeroportuarios del gobierno cubano fueron recibidos por sus homólogos estadounidenses en el MIA como parte de las visitas recíprocas que se realizan para discutir prácticas de funcionamiento, revisión de equipajes y control de pasajeros entre los aeropuertos de dos países que mantienen diariamente un flujo altísimo de vuelos comerciales y fletados. La visita duró cinco horas y los visitantes estuvieron en un área de revisión de equipajes y un punto de chequeo de pasajeros.
Según los registros de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), que programa estos encuentros en coordinación con el Departamento de Estado, desde 2011 se han realizado en total seis visitas de delegaciones cubanas a aeropuertos de Estados Unidos, tres de ellas al MIA, en 2011, 2015 y la de este lunes, con el propósito de intercambiar información técnica sobre seguridad en la aviación. Una de ellas transcurrió en 2018, durante la administración de Donald Trump.
La más reciente visita se produce luego que American Airlines anunciara una expansión de sus servicios desde Miami hacia La Habana en un esfuerzo por aumentar la conectividad aérea entre Estados Unidos y Cuba. Actualmente, la aerolínea opera 83 vuelos regulares a la semana entre Miami y varias ciudades cubanas, y el pasado año realizó 5,000 vuelos y transportó cerca de medio millón de pasajeros entre ambos países.
Se supone que estas cifras de movilidad entre aeropuertos a ambos lados del Estrecho de Florida sea razón suficiente para supervisar el comportamiento aeroportuario en ambas partes, de acuerdo con los protocolos conjuntos que tienen que ver con seguridad, no con asuntos políticos o claras diferencias de ideología, como sucede con otros países adonde vuelan frecuentemente las aerolíneas estadounidenses.
Debe recordarse además que estos esfuerzos conjuntos no son aislados ni pertenecen a iniciativas inéditas aplicadas por la administración Biden. Por ejemplo, la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) y las Tropas Guardafronteras de Cuba mantienen desde hace décadas una relación de colaboración enfocada en la seguridad marítima, inscrito en el llamado Programa Internacional de Seguridad Portuaria, que incluye visitas recíprocas a los puertos por parte de funcionarios y militares de ambos países.
Y que hay establecido un canal de colaboración a través de los llamados Diálogos de Aplicación de la Ley, iniciados en 2015 y reanudados en enero de 2023, con el fin de tratar asuntos de interés bilateral. Los asuntos van desde el tráfico humano, la inmigración ilegal, las deportaciones y el fraude de documentos migratorios, hasta la reclamación de fugitivos, los ciudadanos estadounidenses detenidos en Cuba y asuntos de ciberseguridad.
Estas evidencias no están en ningún documento clasificado ni es información necesaria de recabar a través de una acción de FOIA, sino que está al alcance de la mano de cualquier funcionario o periodista vinculados con estos menesteres aeroportuarios. Respecto a mayores precisiones, les invito a consultar la respuesta íntegra del Departamento de Estado y la TSA, que solicité a partir del debate desatado en los predios miamenses esta semana.
Pero no. Estamos a Miami y cada oportunidad que tenga que ver con “asuntos cubanos” resulta aprovechable para desatar las declaraciones políticas y los autos sacramentales de fe anticastrista, sobre todo si se trata de un año electoral con enconadas porfías partidistas.
La alcaldesa Levine-Cava se apuró a emitir una declaración haciendo constar que estaba sorprendida con la visita de los funcionarios cubanos al MIA por haberse realizado sin el conocimiento del Departamento de Aviación de Miami-Dade (MDAD), y haber tenido lugar el Día de la Independencia de Cuba, cuando “reafirmamos nuestro compromiso con la libertad y la democracia en Cuba frente a una dictadura brutal”.
Levine-Cava, quien es una funcionaria competente, se preguntó cómo era posible que esa decisión se hubiera tomado, y reclamó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que “el condado y el MDAD sean incluidos en cualquier decisión futura relativa a la concesión de acceso a las instalaciones de MIA”.
Se comprende la urgencia de la alcaldesa por cerrar brechas con su electorado de cara a su posible reelección en un par de meses, y sintonizar con un sector político republicano, entre ellos miembros de la Comisión condal, que salieron de inmediato a culpar a la administración Biden por el “insultante error” del pasado lunes mientras el bastión de los congresistas cubanoamericanos no perdía la oportunidad para enardecer a sus partidarios en torno a la visita.
Es importante precisar que, si bien el condado administra la edificación del aeropuerto, los funcionarios de Miami-Dade no tienen autoridad para aprobar o negar una visita de este tipo, que es plena capacidad de los organismos federales. Las decisiones están bajo jurisdicción federal y corresponden a TSA y al Departamento de Estado. No hay que consultarle a la alcaldesa ni a los comisionados; ni está reglamentado ni hay práctica precedente.
Entristece verdaderamente que la Comisión de Miami-Dade se viera obligada a abrir su sesión del martes discutiendo y consumiendo un precioso tiempo al tema de la “incursión castrista” en el MIA, mientras otros apremiantes problemas de la comunidad permanecen a la espera de una solución, casi siempre entorpecida por la burocracia, la ineptitud y la falta de sentido común. Triste también ver el desconocimiento y las preguntas ineptas de funcionarios electos, que parecían haber descubierto esta misma semana un asunto de “trascendental importancia” para la seguridad nacional y la tranquilidad comunitaria. (Por cierto, el comisionado Kevin M. Cabrera debe tener en cuenta, cuando interviene en la radio local, que son cuatro y no cinco países los que componen la lista de patrocinadores del terrorismo, y los presentadores del espacio periodístico tener también el tino de corregirlo).
En lo que sí tiene plena razón Levine-Cava y otros comisionados interesados en saber “de dónde vino el green light” es que correspondía a TSA una simple comunicación para que las máximas autoridades y dependencias del condado estén informados de eventos o visitas agendadas en los predios locales. Sobre todo, porque estamos en Miami, donde puede producirse un malentendido político o una acusación conspiratoria hasta de un parte meteorológico.
No soy ajeno al dolor de muchos compatriotas, porque me considero parte integrante del exilio. Aquí hay una comunidad de víctimas del régimen cubano y una sensibilidad exacerbada para estos intercambios, que muchas veces se azuza para fines electorales. La TSA tiene la responsabilidad de tener en cuenta las particularidades del territorio donde se asientan sus funciones y, en consecuencia, mantener una debida comunicación para beneficio de los funcionarios locales. El incidente debe servir para mejorar ese puente necesario y la debida orientación, sobre todo porque es un hecho que Cuba permanece incluida en la “lista negra” del terrorismo junto a Corea del Norte, Irán y Siria, y la gente tiene derecho a percibir e interpretar incongruencias entre esa calificación y una visita con tintes oficiales.
El otro lado del desaguisado debe cargársele, indiscutiblemente, a cierta cobertura de prensa en torno a la visita. Resulta realmente inaudito el nivel de ligereza con que operan tanto decisiones editoriales como desempeños reporteriles. No se pueden lanzar reportes que comportan tácitas (y a veces nada tácitas) acusaciones, sin indagar al menos antecedentes que son información pública. La pifia está igualmente localizable en numerosos medios que replican información sin atenerse a normas elementales de verificación de datos y rastreo de casos precedentes. Hacerse preguntas sobre el origen y significado de las cosas, como se hacía incluso sin las facilidades de récords digitales, cuando el periodismo era una profesión rigurosa y no una carrera por los ratings y la sobrevivencia.
Valdría la pena un análisis de contenido y construcción de noticia sobre este incidente como una lección inmejorable de lo que NO se debe hacer en periodismo.
En abril de 2016, altos oficiales del MININT, entre ellos el coronel Idael Fumero Valdés, jefe de investigaciones de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), visitaron instalaciones militares en Florida. La delegación cubana fue acogida incluso en una dependencia de fuerzas conjuntas del Comando Sur en la base aérea y marítima de Cayo Hueso, y la estación de la Guardia Costera en el sector de Cayo Hueso. Eso me pareció mucho más cuestionable que esta visita al MIA, pero entonces -han pasado ocho años- los ánimos estuvieron mucho más apacibles que ahora, a pesar de que se avecinaban elecciones presidenciales.
Creo que el periodismo está para hurgar con todo derecho en las incongruencias políticas y en mantener bajo la lupa las decisiones gubernamentales, por legítimas que puedan resultar. Lo que es inaceptable es que los reporteros y comunicadores se sumen al juego de activar y replicar supuestos escándalos para servir a los intereses de la politiquería que agitan este doloroso momento de polarización y desenfreno en la nación americana.
La delegación congresional cubanoamericana del sur de Florida, más el senador Rick Scott, quien está en campaña con anuncios en español, ha tomado la batuta para seguir explorando el caso con preguntas al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y al director de la TSA, David Pekoske, a través de una carta que manifiesta “profunda preocupación e indignación” por la presencia de la delegación cubana en el MIA.
Es una consecuencia lógica de lo sucedido y no debe tampoco extrañarnos un eventual proyecto de ley para restringir las visitas de funcionarios de Cuba.
Es potestad de los congresistas y senadores. Adelante. Pero tengo la percepción de que estamos perdiendo demasiado tiempo en este escandalito de humo.
Notas relacionadas:
What’s outrageous in Miami is the outrage- and TSA’s Cuba optics, by Tim Padgett