Exdiplomático estadounidense comparece en tribunal: ¿Qué significa su declaración de no culpable de espiar para Cuba?

Víctor Manuel Rocha, el exdiplomático estadounidense acusado de espiar para Cuba por 40 años, evitó su presentación ante el tribunal para escuchar los 15 cargos que pesan en su contra, pero finalmente tuvo que dar la cara ante el juez.

Rocha había presentado el pasado miércoles una solicitud dando a conocer su intención de declararse inocente de los delitos que se le imputan, con el reclamo de no tener que asistir a la audiencia de encausamiento formal.

Sin embargo, la concesión de este pedido es a discreción del tribunal y el acusado terminó compareciendo este viernes en la sala, luego de dos postergaciones para la lectura de los cargos desde su detención en diciembre.

Esposado y enfundado en el uniforme de prisionero federal, Rocha escucho las acusaciones ante el magistrado Edwin G. Torres, quien le preguntó al final si entendía debidamente los cargos formulados.

“Los entiendo, su señoría”, respondió el acusado.

Fue una audiencia breve y hermética en declaraciones de su abogada, Jacqueline Marie Arango, quien se ha mantenido sin hacer comentarios a la prensa desde que asumió la defensa del caso. Arango fue fiscal federal y forma parte del prestigioso bufete Ackerman.

En su etapa de fiscal federal adjunta por más de 10 años, Arango se especializó en corrupción pública y seguridad nacional. Actualmente es copresidenta del Departamento de Delitos de Cuello Blanco e Investigaciones Gubernamentales en Akerman, donde dirige un equipo que incluye a antiguos fiscales federales y abogados de alto nivel.

El juicio de Rocha está fijado para el 25 de marzo ante la jueza Beth Bloom, coincidiendo con el comienzo del proceso penal contra el expresidente Donald Trump en Nueva York por el caso del dinero pagado a una actriz porno.

Para el 19 de marzo está fijada una audiencia de preparación del juicio para la fiscalía y la defensa ante el tribunal de Miami, pero todo dependerá de otras posibles movidas legales que pueda esgrimir Rocha.

Rocha, de 73 años, permanece detenido en una prisión federal desde su arresto el pasado 1 de diciembre, sin  derecho a fianza.

Su acusación no menciona directamente el espionaje al servicio de Cuba, sino de actuar como “agente ilegal de un gobierno extranjero” y de conspirar como agente extranjero para defraudar a Estados Unidos. Pero desde un primer momento el Departamento de Justicia lo implicó como agente encubierto de la Dirección General de Inteligencia de Cuba y la declaración inicial del fiscal general Merrick Garland fue especialmente severa respecto al detenido.

Garland se refirió al caso como “una de las infiltraciones de mayor alcance y duración por parte de un agente extranjero en el gobierno de Estados Unidos”, y dijo que Rocha buscó puestos que le proporcionaran acceso a información clasificada, con la capacidad de afectar a la política exterior de la nación americana.

Sin embargo, la acusación sigue dejando lagunas por esclarecer sobre el alcance de los actos de Rocha y el volumen de entrega de información clasificada al régimen cubano.

La base de la narrativa acusatoria está sustentada en el documento en las conversaciones grabadas a Rocha durante tres encuentros sostenidos con un agente encubierto del FBI, identificado con el seudónimo de “Miguel”.

Pero una acusación de tal magnitud, que podría derivar en hasta 60 años de prisión para Rocha, no puede estar solo apuntalada en conversaciones grabadas si no hay evidencias tangibles. Y la clave del caso parece estar en “lo que no se ha visto” como parte de las pruebas de la fiscalía.

Un documento adjunto a la acusación permanece sellado por el tribunal y podría explicar las razones de la cautela con la que la defensa de Rocha se ha comportado en el manejo del caso.

Los actos delictivos son de extrema gravedad, considerando las posiciones que desempeñó Rocha durante su etapa como funcionario del Departamento de Estado, de 1981 a 2002, entre ellas la de vicejefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, entre 1995 y 1997.

También fungió como experto interamericano en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (1994-1995), y luego como asesor del jefe del Comando Sur de Estados Unidos (2006-2012).

Fue el principal diplomático en Argentina (1997-2000) y embajador en Bolivia (2000-2002) en períodos decisivos para el rumbo político de ambos países.

La estrategia de la defensa parecía encaminada a un posible acuerdo de culpabilidad, de ahí la demora en la audiencia de presentación de cargos.

Expertos legales consultados por Café Fuerte coinciden en que la impresión de que se está preparando una defensa para el caso puede ser una estrategia de dilación.

“Puede ser una táctica de la defensa para prolongar el proceso mientras se busca un acuerdo para no ir al juicio”, dijo el abogado Jason Poblete, experto en leyes de seguridad internacional y presidente de Global Liberty Alliance, con sede en Washington. “Y habrá que ver lo que decide la fiscalía y si habrá presión política o no para ir a juicio”.

La declaración de inocencia no descarta un acuerdo posterior del acusado. Suele suceder en casos de alto perfil, como movida de la defensa para indagar en las cartas que tiene el gobierno en contra del encausado y buscar una salida razonable, asumiendo luego culpabilidad en los cargos de menos peso delictivo.

Una maniobra previa a la declaración de no culpabilidad de Rocha fue el traspaso de las escrituras de cuatro propiedades inmuebles a nombre de su esposa, Karla Wittkop Rocha, según consta en los registros públicos de la Oficina del Secretario de Cortes de Miami-Dade.

Los documentos para la cesión de cuatro apartamentos de lujo en la zona de Brickell, en el centro de Miami, fueron presentados ante las autoridades de Miami-Dade el pasado 8 de febrero. La abogada Arango, quien figura como testigo en el traspaso de escrituras, declinó también referirse a este asunto.  

El valor conjunto de las propiedades transferidas se estima en más de $4 millones de dólares.

Pero de cualquier manera, habrá que determinar la procedencia del dinero que sirvió para adquirir las propiedades. El gobierno no puede confiscar propiedades que adquiró Rocha con fondos provenientes de sus salarios como funcionario del Departamento de Estado o su desempeño en el sector privado.

Tendría que probarse que el dinero usado provino de sus presuntos servicios como agente del régimen cubano, que no suele pagar a sus espías extranjeros.

Ninguno de los más connotados “topos” al servicio de Cuba desde las altas esferas del gobierno de Estados Unidos, como  los casos del matrimonio de Walter Kendall y Gwendolyn Myers desde el Departamento de Estado, y de la superespía del Pentágono Ana Belén Montes, detectados en años recientes, cobraban por su labor, sino que eran “creyentes convencidos” de la llamada revolución cubana y de Fidel Castro, como parece ser Rocha.

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