Culpables miembros de banda criminal que torturó a inmigrantes cubanos para extorsionar a sus familiares en EE.UU
Miembros del grupo identificado como La Mafia Cubana en Quintana Roo exigían a víctimas secuestradas que proporcionaran información de contacto de un familiar para luego exigirle un rescate de $10,000 dólares.
Dos cubanos del sur de Florida, integrantes de una violenta organización criminal que desde México traficaba inmigrantes y extorsionaba a sus familiares en Estados Unidos, fueron declarados culpables ante un tribunal federal de Miami por su participación en acciones delictivas de carácter transnacional.
Javier Hernández, de 50 años y residente de Miami Beach, fue hallado culpable el pasado 18 de octubre después de un juicio con jurado que se extendió por un mes. El coacusado en el caso, Ramón Reyes Aranda, de 38 y radicado en Naples, había asumido su culpabilidad antes de comenzar el proceso judicial.
El proceso contra Hernández y Reyes Aranda constituye uno de los mayores golpes asestados contra redes criminales que operan en la región. Ambos acusados actuaban asociados a La Mafia Cubana en Quintana Roo, una agrupación que perpetró múltiples actos criminales entre Cuba, México, España y el Sur de Florida desde 2009.
Delitos graves
Hernández fue encontrado culpable de cometer contrabando de extranjeros, conspirar para transportar embarcaciones robadas, conspirar para traficar con vehículos de motor, lavar dinero para promover el tráfico de bienes robados y sobornar a funcionarios públicos, de acuerdo con un comunicado emitido por la fiscalía federal.
El coacusado en el caso, Reyes Aranda, se declaró culpable de participar en una conspiración de lavado de dinero para promover el tráfico de bienes robados y sobornar a funcionarios públicos.
En los últimos años han sido reiteradas las denuncias de inmigrantes cubanos sobre secuestros, maltratos y extorsiones por parte de bandas criminales a su paso por México, rumbo a la frontera estadounidense. Varios casos han sido rescatados por las autoridades mexicanas en lugares donde permanecen como rehenes de contrabandistas que tratan de pedir cuantiosos rescates a sus familiares en Estados Unidos.
Tampoco han faltado quejas por la complicidad de funcionarios mexicanos en las operaciones de tráfico humano.
Las pruebas presentadas en el juicio en Miami indican que Hernández y Reyes Aranda, robaron embarcaciones de la costa oeste de Florida. Reyes Aranda era quien identificaba los barcos mientras que Hernández los transportaba a México, donde serían utilizados para financiar y facilitar las actividades ilegales de la organización.
Piezas de soborno
Las propiedades robadas incluían lanchas y embarcaciones de mayor eslora, y se transportaban a un cómplice en México, quien luego las empleaba como piezas de soborno. Por ejemplo, las evidencias mostradas en el juicio dejaron al descubierto que Hernández trasladó una embarcación a México para entregarla a un funcionario extranjero que facilitaba el tráfico de migrantes a la agrupación criminal sin interferencia de las autoridades.
El reporte explica que para enfrentar a La Mafia Cubana en Quintana Roo se creó una extensa operación multinacional, encabezada por autoridades policiales estadounidenses y mexicanas.
Mediante un operativo conjunto, las autoridades identificaron a otras ocho personas integradas al grupo de crimen organizado que se beneficiaban de varios esquemas delictivos, incluyendo el contrabando y la extorsión de migrantes cubanos. Las víctimas eran mantenidas como rehenes en México para el pago de tarifas por parte de sus familiares y allegados.
Trama mafiosa
Los restantes involucrados en la trama criminal son José Miguel González Vidal, de 36 años; Reynaldo Abreu García, de 56; Yohismy Pérez González, de 40; Yosvani Carbonel Lemus, de 43; Reynaldo Crespo Márquez, de 44, y Jancer Sergio Ramos Valdés, de 37, todos ciudadanos cubanos y residentes en México al momento de presentarse los cargos. Junto a ellos fueron inculpados Maikel Antonio Hechavarría Reyes y Mónica Susana Castillo, ambos mexicanos.
La documentación del expediente judicial señala que González Vidal presentó a Hernández y Reyes Aranda para que trabajaran juntos en el transporte de embarcaciones robadas con destino a La Mafia Cubana de Quintana Roo.
Tanto Hernández como Reyes Aranda recibieron pagos de González Vidal y otros miembros de la organización por el transporte de la propiedad robada.
Rescates por 10 mil dólares
Los miembros de la red de extorsión exigían a las víctimas secuestradas que proporcionaran información de contacto de un familiar para luego exigirle un rescate de $10,000 dólares.
Al contactar a los familiares de las víctimas, entre ellos numerosos residentes de Miami, los amenazaban con torturar, someter a inanición, lacerar y asesinar a las víctimas si se negaban a pagar el rescate. Si el familiar de una víctima podía pagar la cantidad exigida, la organización liberaba al inmigrante y lo enviaba en ómnibus a la frontera entre Estados Unidos y México con instrucciones de buscar asilo político.
@INAMI_mx localizó a a 101 personas migrantes irregulares en autobús turístico en Oaxaca. Los extranjeros provienen de Cuba 🇨🇺 Guatemala 🇬🇹 Nicaragua 🇳🇮 y Venezuela 🇻🇪https://t.co/3JCcZbuYrj pic.twitter.com/bfXeDy2zVX
— INM (@INAMI_mx) March 3, 2022
Las víctimas cuyos familiares no pudieron pagar la suma exigida, fueron golpeadas, amenazadas con cuchillos y pistolas, y sometidas con pistolas paralizantes hasta que finalmente pudieron ser rescatadas por las autoridades mexicanas.
El expediente acusatorio menciona que los miembros de la organización también buscaban lucrar con esquemas de fraude y tráfico de drogas.
Chanchullos desde la cárcel
Los implicados fueron acusados en Estados Unidos y quedaron detenidos en espera de juicio. Pero ni siquiera bajo arresto detuvieron su afán de delinquir y lucrar.
La gravedad del caso es que los encausados continuaron operando la organización desde la cárcel y trataron de obstruir la justicia, violando órdenes judiciales, fraguando chanchullos y distribuyendo mercancía de contrabando en un centro de detención federal.
Como parte del negocio carcelario, La Mafia Cubana de Quintana Roo pagó sobornos a un empleado federal para que introdujera objetos de contrabando y sustancias controladas con el fin de distribuirlas en el Centro Federal de Detención (FDC), en Miami.
Por su participación en el esquema criminal, González Vidal, Crespo Márquez, Abreu García, Pérez González, Carbonel Lemus y Ramos Valdés se declararon previamente culpables de conspiración bajo la llamada ley RICO (Organizaciones Corruptas e Influidas por Extorsión), que se aplica desde 1970 para enfrentar actividades delictivas de mafiosos y del crimen organizado. También asumieron culpabilidad por tráfico humano.
Próximas sentencias
Las audiencias de sentencia de estos seis cubanos convictos están programadas para noviembre y diciembre en Miami.
Reyes Aranda recibirá sentencia el próximo 15 de diciembre a las 10 am, mientras que Hernández conocerá la suya el 5 de enero de 2024 a las 10:30 am, ambos en un tribunal de Miami.
El procesamiento de esta organización criminal contó con un decisivo apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Unidad de Crímenes Violentos Internacionales del FBI y la Sección de Delitos Violentos y Extorsión del Departamento de Justicia.
En la investigación y encausamiento de este caso participaron el fiscal federal Markenzy Lapointe, del Distrito Sur de Florida; la Oficina del FBI en Miami; la Unidad de Investigación del Departamento de Seguridad Nacional (HSI); la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG); el Centro Federal de Detención (FDC); y los departamentos de Policía de Miami-Dade, Marco Island y Naples.
Los procesamientos multinacionales son resultado de los esfuerzos del Grupo de Trabajo Operación Sísifo, una asociación de agencias del orden que trabajan en coordinación bajo el Programa Prioritario contra el Crimen Organizado Transnacional y el Control de Drogas (OCDETF). Desde 2012, los participantes en la Operación Sísifo han conseguido la condena de más de 30 miembros y asociados de organizaciones criminales.
La misión principal del programa OCDETF es identificar, desarticular y desmantelar a las bandas de narcotraficantes, blanqueadores de dinero y otras organizaciones criminales transnacionales que amenazan a los ciudadanos de los Estados Unidos.