Administración Trump suspende ayuda alimentaria para inmigrantes con parole humanitario

La decisión pudiera afectar mayormente a unos 321 mil cubanos y haitianos, quienes tienen respaldo legal para recibir servicios temporales de reasentamiento, incluidos alimentación, atención médica y alojamiento.

Administración Trump suspende ayuda alimentaria para inmigrantes con parole humanitario
Cubanos en trámites migratorios. Foto: El Toque/Guena Rodríguez.

Por Wilfredo Cancio Isla

La administración Trump ordenó suspender la asistencia de ayuda alimentaria (food stamps) a todos los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario y se acogieron a beneficios financieros como refugiados.

La decisión pudiera afectar mayormente a unos 321 mil cubanos y haitianos, quienes tienen respaldo legal para recibir servicios temporales de reasentamiento, incluidos alimentación, atención médica y alojamiento.

Una comunicación emitida este jueves por el Departamento de Agricultura señaló que tras la anunciada revocación del parole humanitario a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, identificado como CHNV, quedará automáticamente suspendido el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para los beneficiarios de esas cuatro nacionalidades que obtenían cupones o tarjetas de alimentos.

El documento fue enviado a todas las agencias estatales que proporcionan asistencia alimentaria para inmigrantes a lo largo de la nación, y estipula que a partir de la fecha del vencimiento del parole, el próximo 24 de abril, deberán retirarles el SNAP a todas las personas inscritas con ese estatus migratorio.

La medida forma parte de los recortes de beneficios derivados de la política de cierre de fronteras y deportaciones masivas, lanzada por el presidente Donald Trump desde su retorno a la Casa Blanca.

La instrucción federal aclara que la ayuda alimentaria será retirada de inmediato, a menos que las personas puedan demostrar que se encuentran ya con otro estatus migratorio elegible para el SNAP.

Al anunciar la revocación del CHNV, a finales del pasado mes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que deberían abandonar el país todas las personas favorecidas en el programa, exceptuando a aquellos inmigrantes que hayan solicitado un ajuste de estatus, como asilo, Estatus de Protección Temporal (TPS)o visados de víctimas de delitos (T ó U).

También están exentas de deportación expedita las personas que tengan presentada una reclamación familiar, petición de noviazgo (fiancée) o solicitud de empleado inmigrante, con la correspondiente tasa abonada.

Aunque el comunicado no condiciona a las personas a informar sobre un cambio de estatus para preservar la ayuda alimentaria, lo más recomendable es reportarlo a las autoridades del Departamento de Niños y Familias para asegurar su inclusión en el programa y evitar ser eliminado durante los procesos de certificación de los casos.

Unos 532 mil inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresaron en Estados Unidos con parole humanitario, cuya solicitud comprometía la responsabilidad de un patrocinador económico para evitar carga pública de los admitidos.

Sin embargo, los cubanos y haitianos cuentan con la protección adicional de sendas legislaciones: Ley de Ayuda a la Educación de los Refugiados, vigente desde 1980, y Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales, de 1996, las cuales permiten recibir asistencia financiera, servicios médicos, alimentación y capacitación para el empleo a inmigrantes de ambas nacionalidades.

No está claro cuántas personas solicitaron el SNAP y otros beneficios adicionales tras ingresar al país con el parole humanitario. Los beneficios de alimentos no abarcan a nicaragüenses ni a venezolanos, exceptuando casos de necesidades especiales como niños, personas discapacitadas y ancianos.  

Al abrirse el parole para cubanos y haitianos, en enero de 2023, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Niños y Familias, con sede en Washington, aclaró que ambas nacionalidades eran elegibles para recibir ayuda financiera y servicios adicionales, como el SNAP.  La asistencia alimentaria puede extenderse hasta 12 meses y solo se extingue si la persona recibe una orden final de deportación.

La comunicación divulgada por el Departamento de Agricultura recuerda que todos los cubanos y haitianos no afectados por una orden final de expulsión tienen derecho a recibir asistencia como refugiados.

En total, 110,240 cubanos y 211,040 haitianos ingresaron a Estados Unidos bajo el parole humanitario. Sin embargo, muchos de ellos han logrado regularizar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA) y el TPS para haitianos, que se implementó en 2024 y se extenderá hasta el próximo 3 de agosto.

No aparecen mencionados en la directiva de recorte alimentario personas que ingresaron por la frontera con la aplicación CBP One o cuentan con un documento de libertad bajo supervisión (I-220A), cuyos casos están en proceso de asilo o revisión de estatus.

En relación con los cubanos, se calcula que solo se verían afectados por la anulación del parole unos 26 mil, quienes entraron al país después de marzo de 2024 y aún no han cumplido un año de permanencia en territorio estadounidense.

Willy Allen, abogado de inmigración de Miami, restó importancia a la restricción alimentaria y consideró que para loscubanos con parole humanitario que no han regularizado su estatus migratorio, la mayor preocupación debe ser la cancelación de sus permisosde trabajo.

“La Ley de Ajuste Cubano tiene el poder de perdonar incluso a las personas que permanecen con visas y estatus expirados, y al final su protección mayor se va a imponer por encima de todas las demás regulaciones administrativas”, opinó Allen.

El experto también alertó sobre dos demandas federales interpuestas contra el DHS por la revocación del parole humanitario, las cuales pudieran alterar las decisiones relacionadas con los beneficios del programa migratorio.

Una demanda fue presentada en un tribunal de Boston por beneficiarios, patrocinadores y la organización Haitian Bridge Alliance, con el liderazgo del Justice Action Center; la segunda se litiga en un tribunal de Washington DC, impulsada por grupos defensores de los inmigrantes y la representación legal de Justice Action Center.

Ambas acciones legales tienen audiencias fijadas para la semana entrante, pero los jueces a cargo pudieran emitir órdenes temporales para paralizar el curso de la revocación del CHNV, así como la suspensión de los programas para inmigrantes ucranianos y refugiados afganos.

*Este artículo se realizó como parte de una colaboración con el sitio digital El Toque.

CARTA DE LA OFICINA DE REFUGIADOS DEL DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIAS/2023

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