A la luz de la Historia: ¿Qué ocultan los registros clasificados de los asesinatos de JFK, RFK y MLK?

Por Arnaldo M. Fernández

El presidente Donald Trump ha ordenado desclasificar todos los registros sobre los asesinatos del presidente John F. Kennedy, el senador Robert F. Kennedy y el reverendo Martin Luther King Jr., calificando de interés nacional su publicación, sin demora.

Ningún otro suceso criminal de la era moderna antes del 9/11 produjo tanta desestabilización y desasosiego en Estados Unidos como esos tres magnicidios, que conmocionaron drásticamente la sociedad y la política estadounidenses en el siglo XX, y de los que permanecen engavetadas hasta hoy sus verdades más profundas.

La orden ejecutiva para la publicación total de los documentos fue suscrita el pasado 23 de enero. Después de repasar la historia mínima reciente de la desclasificación parcial de los registros de JFK, la orden llega al corazón del asunto en la Sección 2.

(a) Dentro de los 15 días posteriores a la fecha de esta orden, el Director de Inteligencia Nacional y el Fiscal General deberán, en coordinación con el Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional y el Asesor del Presidente, presentar un plan para la publicación total y completa de los registros relacionados con el asesinato del Presidente John F. Kennedy.

(b) Dentro de los 45 días siguientes a la fecha de esta orden, [esas mismas autoridades] deberán (…) revisar los registros relacionados con los asesinatos del Senador Robert F. Kennedy y el Reverendo Dr. Martin Luther King Jr., y presentar un plan para su publicación total y completa.

Así que la buena noticia estriba más bien en el anuncio de que van a elaborarse planes y enseguida afloran cuestiones claves.

La ejecución sin demora

Todavía dos de los funcionarios encargados de cumplir la orden —el Director de Inteligencia Nacional y el Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional— no han ocupado sus cargos. Y si bien unas quince tandas de revisión y desclasifcación de los registros de la Colección JFK auguran que articular un plan para publicar aquellos aún en secreto total o parcial debe ser fácil, dista mucho de serlo con los registros de RFK y MLK, los cuales tienen que revisarse antes de planificar su publicación.

La Colección JFK atesora unos 3,500 documentos que ocultan operaciones, las identidades de agentes y otros datos. Más del 75% son de la CIA, que viene oponiéndose a la publicación desde siempre, pero quizás ahora no pueda imponerse a Trump como sucedió en 2017-2018.

Esta oposición no parece traer su causa de que la CIA tenga documentada su participación en el asesinato de Kennedy. Si la conspiración para matarlo incluyó a oficiales suyos, estos tienen que haberse guiado por las reglas de Bill “Dos Pistolas” Harvey, las que prescribían no dejar constancia por escrito de las acciones asociadas el programa de asesinatos de la CIA codificado ZR/RIFLE.

Así que no debe esperarse ninguna prueba concluyente de culpabilidad, sino más bien pruebas del encubrimiento por la CIA, el FBI y el Servicio Secreto (USSS) de sus fallas de seguridad. Otra dirección promisoria sería dilucidar por fin hasta qué punto Lee Harvey Oswald estaba subordinado a tal o cual agencia gubernamental en sus poses de militante rojo y/o castrista, que con rigurosa lógica han quedado expuestas por Philip H. Melanson (1944-2006), politólogo de la Universidad de Massachusetts Dartmouth, en su libro Spy Saga (Praeger, 1990, 201 páginas).

También hay más de 500 documentos retenidos en su totalidad al amparo de la Ley de Registros JFK (1992). La mayoría son del IRS y todos los investigadores están locos por ver las declaraciones de impuestos de Oswald; la minoría incluye cartas y entrevistas de Jackie y Bobbie Kennedy, sin que esté bien clara la autoridad del presidente para publicarlas.

Registros fuera del juego

Asimismo, tenemos registros que escaparon al escrutinio y quedaron fuera de la colección. La orden ejecutiva no precisa si estos registros van a continuar siendo ignorados o se abrirá cierto proceso para desclasificarlos.

Por ejemplo, los registros del oficial de inteligencia George Joannides (1922-1990) no se consideran parte de la Colección JFK porque, al momento de adoptarse la Ley de Registros JFK, la CIA no divulgó que Joannides, quien sirvió de enlace de la CIA con el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre Asesinatos (HSCA), había sido director del programa AMSPELL de la CIA para atender y financiar al Directorio Estudiantil Revolucionario (DRE).

Este grupo beligerante anticastrista largó la primera teoría conspirativa en letra impresa del asesinato de Kennedy con edición especial bilingüe de su periódico Trinchera, el 23 de noviembre de 1963, presentando a Oswald y a Castro como los presuntos asesinos.

Fondos documentales de asesinatos: RFK y MLK

La tarea de revisión de estos fondos será sumamente difícil, porque no están a la mano en algún lugar ni en determinado conjunto de cajas. La Junta de Revisión de Registros de Asesinatos (ARRB, por sus siglas en inglés) se empeñó varios meses en definir qué eran registros de asesinato y seguidamente dedicó años a buscar en el fondo documental de las agencias y procesarlos entre 1992 y 1998.

El HSCA investigó los asesinatos tanto de JFK en 1963 como de MLK en 1968. Los archivos correspondientes deben guardar cientos de miles de páginas a este último respecto, pero el resto de los registros posibles están desperdigados por entre el Comité Church y diversas agencias gubernamentales. Solo para identificarlos hay que sudar mucho la camiseta y esto sugiere crear una agencia temporal del gobierno al estilo de ARRB, como se hizo para implementar la Ley de Registros JFK.

Del asesinato de RFK el 5 de junio de 1968 hay transcripciones judiciales y otros registros relacionados con el asesino, Sirhan Sirhan, que son públicos. También constan publicados los registros de archivo del Departamento de Policía de Los Ángeles y muchos del FBI, que debe tener muchos más. Otras agencias gubernamentales tienen probablemente sus propios registros, pero se necesita un arduo y serio trabajo para localizarlos.

Planes anunciados

En virtud de la gestión de ARRB, los registros publicados fueron a los Archivos Nacionales II en College Park, Maryland, con la opción de que los investigadores pudieran visitar el local y consultar aquellos en persona.

Desde 2017 se han venido escaneado los registros para publicarlos en línea como archivos PDF. De ahí que los planes anunciados en la orden ejecutiva deban incluir digitalizar y dar acceso en línea. Ya en 2021, el presidente Joe Biden ordenó planificar la digitalización completa de la Colección JFK. Los Archivos Nacionales elaboraron el plan, pero el público aún espera por que se ponga en práctica.

La sección final de la orden suelta como advertencia que no menoscabará ni afectará la autoridad otorgada por ley a un departamento o agencia, o a sus respectivos jefes. La orden se implementará de acuerdo con la ley aplicable y quedará sujeta a las asignaciones de recursos por el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB). Para los archivos RFK y MLK, las restricciones presupuestarias pudieran limitar o frenar el esfuerzo por completo.

De paso tenemos una cuestión jurídica pendiente. En junio de 2023, el presidente Biden firmó los planes de transparencia, que sobrecargó la toma de decisiones sobre desclasificación con nuevos criterios de divulgación y entregó el control del proceso a cinco agencias del gobierno: CIA, FBI, departamentos de Estado y Defensa, más Archivos Nacionales.

Tales planes pudieran reducir la autoridad de Trump para invocar con éxito la Ley de Registros JFK al efecto de publicar todos los registros. Y no quedaría otra opción que Trump, como jefe de estas agencias ejecutivas, ordenara a las cinco publicar sus respectivos registros.

Los asesinatos contemplados en la orden ejecutiva desgarraron el tejido social de Estados Unidos y propiciaron el declive de la legitimación del gobierno frente a los ciudadanos. Publicar los archivos gubernamentales relevantes no revertirá, pero sí ayudará a contener el declive. Sólo que semejante objetivo requerirá más que esta orden. Necesitará personal, presupuesto, tiempo y, sobre todo, una voluntad política sostenida para lograrlo.

ORDEN EJECUTIVA DE DONALD J. TRUMP PARA LA DESCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS