Victoria judicial para Trump: Supremo da luz verde para deportación de inmigrantes venezolanos
La decisión dividida de 5-4 revierte un fallo previo de un tribunal de apelaciones que había suspendido temporalmente las deportaciones, aunque no aborda el asunto constitucional de la Ley de Enemigos Extranjeros.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos decretó la noche de este lunes que la administración Trump podrá continuar las deportaciones expeditas de inmigrantes venezolanos utilizando poderes especiales bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, aunque los afectados tendrán derecho a impugnar legalmente su expulsión.
La decisión dividida de 5-4 constituye una victoria judicial para el presidente Donald Trump, revirtiendo un fallo previo de un tribunal de apelaciones que había suspendido temporalmente las deportaciones.
Este pronunciamiento del máximo tribunal de la nación se centró en el dictamen del juez federal James E. Boasberg, quien mandó a detener los vuelos de deportación de venezolanos, y luego emitió una orden escrita que suspendió temporalmente las deportaciones mientras transcurría el caso judicial. Un panel de tres jueces de un tribunal de apelaciones de Washington DC mantuvo después la suspensión argumentando que el plan implementado por el gobierno no tenía “el más mínimo respeto al debido proceso legal”.
Pero este lunes la Corte Suprema le dio un vuelco al caso, aunque no abordó el asunto clave de la constitucionalidad del uso de la ley, que se remonta a 1798 y está asociada con poderes especiales en tiempo de guerra.
Los jueces dijeron en su fallo que la reclamación de los inmigrantes venezolanos debería haberse presentado en Texas, porque era allí donde estaba el grupo de personas deportadas, en lugar de en un tribunal de Washington.
La totalidad de los jueces coincidió también en que los inmigrantes venezolanos detenidos en Estados Unidos deben recibir un aviso previo y la oportunidad de impugnar su deportación antes de que puedan ser expulsados. El gobierno afirma que todos los deportados pertenecen a la violenta pandilla del Tren de Aragua, lo que es un punto de fricción en la comunidad venezolana.
La decisión judicial concluyó que se debe informar a los inmigrantes de que serán deportados dentro de un plazo razonable, suficiente como para que puedan impugnar su expulsión, lo que marca una restricción clara a la administración Trump sobre cómo va a continuar empleando la ley en el futuro.
Pero con todas las limitaciones marcadas por la Corte Suprema, Trump proclamó la victoria.
“La Corte Suprema ha defendido el estado de derecho en nuestra nación al permitir que un presidente, quienquiera que sea, pueda asegurar nuestras fronteras y proteger a nuestras familias y a nuestro propio país”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social. Y agregó: “¡UN GRAN DÍA PARA LA JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!”
Las discrepancias del fallo vinieron de las juezas femeninas de la bancada.
La jueza Sonia Sotomayor escribió en su opinión discrepante que la conclusión legal de la mayoría era “sospechosa”, y dijo que el tribunal había otorgado al gobierno “un alivio extraordinario” obviando los graves daños que los inmigrantes enfrentarían si fueran deportados erróneamente a El Salvador.
“El tribunal no debería recompensar los esfuerzos del gobierno por erosionar el estado de derecho”, afirmó Sotomayor en la opinión discrepante del caso, con respaldo de las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. La jueza Amy Coney Barrett se sumó parcialmente a la discrepancia.
La jueza Brown Jackson puso una nota adicional con una crítica observación a lo que consideró un fallo erróneo.
“Pero no se equivoquen: estamos tan equivocados ahora como lo hemos estado en el pasado, con consecuencias igualmente devastadoras”, dijo la jueza.
La opción que tienen ahora los demandantes es reiniciar el caso en un tribunal de Texas para abordar la pertinencia judicial.
Pero más que eso. Este fallo es quizás el más notorio de las nueve solicitudes de emergencia que la administración Trump ha presentado ante la Corte Suprema hasta ahora, y pone sobre la mesa un conflicto de poderes que está definiendo el agitado panorama estadounidense, entre el poder ejecutivo y el poder judicial.
“Estamos decepcionados por tener que empezar de nuevo el proceso judicial en una sede diferente, pero lo más importante es que el Tribunal Supremo rechazó la notable postura del gobierno de que ni siquiera tiene que dar a las personas una notificación previa significativa para impugnar su expulsión en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. Es una gran victoria”, declaró en un comunicado Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
El conflicto del caso se generó el pasado 14 de marzo, cuando en una proclamación, Trump afirmó que la pandilla del Tren de Aragua estaba realizando “acciones hostiles” de guerra contra Estados Unidos, con implicaciones del régimen de Nicolás Maduro.
Fue entonces que el juez federal James E. Boasberg, ordenó a la administración Trump detener los vuelos, pero la orden no fue cumplida y el grupo de venezolanos fue enviado a El Salvador.
El dictamen del Tribunal Supremo ocurrió horas después de que su presidente, el juez John G. Roberts Jr, emitió una “suspensión administrativa” en relación con el retorno del inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado al centro correccional CECOT, en El Salvador.
La suspensión decretada por Roberts detuvo temporalmente una orden judicial que determinaba el regreso de Ábrego García en un plazo fijado hasta la medianoche de este lunes. La orden de Roberts establece una breve pausa para dar tiempo al máximo tribunal de la nación a considerar el caso, en lo que puede interpretarse como otra victoria momentánea de la administración Trump.
El pasado viernes el juez federal Edward M. Chen, de un tribunal de San Francisco, rechazó nuevamente la petición del gobierno de levantar la suspensión de un fallo que protege de la deportación a miles de venezolanos beneficiados con Estatus de Protección Temporal (TPS), residentes en Florida y otros estados.
El juez Chen basó su determinación argumentando que la suspensión del TPS por el Departamento de Seguridad Nacional podría causar daños irreparables a los inmigrantes venezolanos.
FALLO DE LA CORTE SUPREMA SOBRE LA DEPORTACIÓN EXPEDITA DE VENEZOLANOS