Tribunal Supremo bloquea orden judicial para retornar a inmigrante deportado desde El Salvador

El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este lunes bloquear temporalmente la orden judicial que exige el retorno del inmigrante salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García, deportado por la administración de Donald Trump sin haber cumplido un debido proceso legal.

Actuando por iniciativa propia, el presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr, emitió la tarde de este lunes una “suspensión administrativa”, lo que concede una breve pausa en el caso para dar tiempo al máximo tribunal de la nación a considerar el asunto.

La “suspensión administrativa” constituye una medida temporal para conceder a los jueces un respiro mientras el tribunal en pleno considera el asunto en litigio, convertido en un caso de alto perfil jurídico y con implicaciones constitucionales.

Se espera que los jueces del Supremo tomen una decisión final en los próximos días, aunque no necesariamente esta semana.

Roberts Jr, bloqueó temporalmente la orden de un juez federal de primera instancia que ordenó a la administración Trump a devolver al inmigrante salvadoreño, quien fue deportado indebidamente a su país de origen y se encuentra en la prisión de alta seguridad en San San Salvador, conocida como CECOT.

La orden se emitió apenas horas después de que el gobierno solicitara de emergencia a la Corte Suprema que bloqueara la orden de la jueza Paula Xinis, del tribunal federal de Distrito de Maryland, quien instruyó al gobierno a devolver al inmigrante, con plazo hasta las 23:59 de este lunes.

La jueza Xinis declaró que el gobierno cometió un “grave error” al enviar a Ábrego García a una prisión de mala reputación en El Salvador, el pasado mes.

En la solicitud de urgencia del gobierno, D. John Sauer, fiscal general de Estados Unidos, afirmó que la jueza Xinis se había excedido en su autoridad al ejercer “diplomacia de tribunal de distrito”, ya que implicaría una colaboración con el gobierno de El Salvador para lograr la liberación y retorno del detenido.

“Si este precedente se mantiene, otros tribunales de distrito podrían ordenar a Estados Unidos que negocie con éxito el regreso de otros extranjeros deportados en cualquier parte del mundo antes del cierre de sus operaciones”, escribió Sauer, quien es el cuarto fiscal de mayor rango en el Departamento de Justicia y está dedicado a los casos ante la Corte Suprema.

Su cargo (solicitor general) es nombrado por el presidente Trump y responde directamente a la Secretaria de Justicia, Pam Bondi, quien se la mostrado opuesta a retornar al inmigrante salvadoreño.

El fiscal criticó el fallo judicial como parte de una lógica errada que daría jurisdicción extraterritorial a los tribunales de distrito sobre las relaciones diplomáticas de Estados Unidos alrededor del mundo.

En respuesta al tribunal, los abogados de Ábrego García afirmaron que su cliente se encuentra en una prisión extranjera únicamente como resultado de un “error kafkiano”, cometido por el gobierno estadounidense.

“La orden del tribunal de distrito que instruye al gobierno a facilitar el regreso de Ábrego García es rutinaria. En ningún caso implica política exterior ni política migratoria nacional”, argumentaron los abogados de la defensa.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó la deportación de Ábrego García, de 29 años, bajo el argumento de que es miembro de la violenta pandilla transnacional MS-13, designada recientemente como organización terrorista.

La jueza Xinis, nombrada por el presidente Barack Obama, consideró que esas acusaciones se basaban en una sola acusación sin fundamento.

“Las pruebas contra Abrego García consistían únicamente en su gorra y sudadera con capucha de los Chicago Bulls, y de una acusación vaga y sin corroborar de un informante confidencial que afirmaba pertenecer a la camarilla occidental de la MS-13 en Nueva York, un lugar donde nunca ha vivido”, escribió la jueza en su fallo reclamando el retorno del joven salvadoreño.

Abrego García ha vivido libremente en Estados Unidos durante años, pero nunca fue acusado de ningún delito. Contaba con una orden de retención en el país, dictada por un juez de inmigración que las autoridades de ICE no respetaron al detenerlo.

El abogado Erez Reuveni, representante del Departamento de Justicia, admitió en una audiencia judicial que Ábrego García no debió ser deportado. La secretaria Bondi apartó a Reuveni del caso y luego lo puso en excedencia.

Un panel de un tribunal de apelaciones ratificó el fallo de la jueza Xinis y comparó la deportación involuntaria de Ábrego García con un “secuestro oficial”.

El caso es clave para determinar si la administración Trump puede desoír las decisiones judiciales, lo que derivaría inevitablemente en una crisis constitucional en el país.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele se ha incluso burlado del fallo judicial ordenando el retorno de Ábrego García.