Justicia en vilo: Jueza emite restricción temporal contra orden de Trump para congelar fondos federales

Una jueza federal puso este lunes bajo una restricción temporal la orden del presidente Donald Trump para suspender subvenciones y fondos gubernamentales, lo que amplía el litigio legal sobre las decisiones emitidas por la nueva administración respecto a las operaciones de entidades y programas en ejercicio durante décadas en el país.

La jueza Loren AliKhan del Distrito de Columbia, prolongó el congelamiento que decretó la pasada semana sobre las órdenes ejecutivas del presidente y criticó duramente las acciones de la administración Trump durante la porfía legal, según el documento de 30 páginas, obtenido por CaféFuerte.

La restricción temporal de AliKhan se produjo luego de una audiencia el lunes, cuando se vencía el plazo precio establecido para ventilar el asunto.

“El equilibrio de los valores y el interés público favorecen en gran medida la concesión de la solicitud de los demandantes”, escribió AliKhan refiriéndose a la demanda presentada el pasado martes 28 de enero por Democracy Forward y otros grupos afines a la defensa de los derechos civiles. “En lugar de adoptar un enfoque mesurado para identificar el gasto supuestamente derrochador, los demandados cortaron el suministro de combustible a una vasta y complicada maquinaria nacional, aparentemente sin ninguna consideración por las consecuencias de esa decisión”.

En su opinión, AliKhan observó que la evidencia presentada por los demandantes pinta “un panorama crudo de pánico a nivel nacional a raíz del congelamiento de fondos”, e indicó que las organizaciones “con todas las misiones imaginables (atención médica, investigación científica, refugios de emergencia y más) fueron excluidas de los portales de financiación o se les negaron recursos críticos… Muchas de las organizaciones dependen de la financiación federal para pagar a sus trabajadores, lo que significa que la congelación las obligó a enviar al personal a casa o cerrar sus puertas”.

Los drásticos recortes ordenados por Trump apuntan no solo a esferas básicas como la asistencia alimentaria y los programas de salud pública y servicios a personas vulnerables, sino que congelan todas las ayudas establecidas para organizaciones, proyectos y préstamos bajo financiamiento de las agencias federales hacia el exterior, lo que implica un impacto directo sobre grupos y medios de prensa que promueven la democratización de Cuba.

De hecho, hay numerosas organizaciones y proyectos sobre Cuba que están paralizados después de la congelación decretada por Trump, y el panorama no puede resultar más incierto luego de que Trump decidiera un eventual desmantelamiento de la USAID, este lunes, y nombrara como su director interino al Secretario de Estado, Marco Rubio.

Las críticas más virulentas contra USAID han sido disparadas por el empresario Elon Musk, nombrado para encabezar el flamante Departamento de Eficiencia Gubernamental, calificando la agencia de un “lugar podrido”, con altas cuotas de dilapidación de los fondos de los contribuyentes.

La orden de AliKhan sigue a otra orden judicial en un caso federal separado contra la administración Trump sobre el mismo asunto. En Rhode Island, el juez de distrito John McConnell emitió otra orden de restricción temporal al mismo tiempo que criticaba a la administración por excederse.

El caso de Rhode Island fue presentado por fiscales generales estatales de 22 estados demócratas y Washington DC.

“La acción ejecutiva de la administración suspende unilateralmente el pago de fondos federales a los estados y otros simplemente por elegir hacerlo, sin importar el estatuto de autorización o asignación, el régimen regulatorio o los términos de la subvención en sí”, escribió McConnell en su dictamen del pasado viernes.

El juez agregó que “la administración no cita ninguna autoridad legal que le permita hacerlo; de hecho, ninguna ley federal autorizaría la acción unilateral del ejecutivo en este caso”.

Después de la orden de AliKhan la semana pasada, el gobierno retiró el memorando de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca (OMB) que había motivado la demanda de Democracy Forward y otras ONGs.

La administración Trump argumentó en la audiencia que esta retirada del documento debería haber puesto fin al litigio, pero la jueza no estuvo de acuerdo.

“El gobierno está tratando de superar un obstáculo impuesto judicialmente sin realmente cesar la conducta cuestionada”, suscribó AliKhan, quien fue nombrada por el presidente Joe Biden. “Hay pocas cosas que pueden ser más engañosas”.

Por el momento, el debate sobre las medidas instrumentadas por la administración Trump se está desplazando hacia la esfera judicial, donde los organismos y personas afectadas tratan de hallar un espacio de mesura y contención a las decisiones radicales del gobierno recién estrenado.

Este martes, funcionarios del FBI demandaron a la administración Trump en los tribunales federales para oponerse a la decisión de revelar sus nombres como parte de las purgas y despidos forzosos decretados por el gobierno. Los demandantes cuestionan a la administración por revelar sus nombres en virtud de la exigencia del equipo de Trump de que el FBI entregue la lista de los agentes que trabajaron en las investigaciones sobre los disturbios ocurridos en el Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021.

Y también este martes siete familias con hijos transgénero o no binarios presentaron una demanda contra la orden ejecutiva de Trump para detener el apoyo federal a la atención médica de afirmación de género que beneficia a personas transgénero menores de 19 años.

PFLAG, un grupo nacional de familiares de personas LGBTQ+, y GLMA, una organización de médicos, también son demandantes en el litigio, interpuesto en un tribunal federal de Baltimore.

ORDEN DE RESTRICCIÓN TEMPORAL DICTADA POR LA JUEZA FEDERAL LOREN ALIKHAN