Trump otorga poderes especiales a ICE para deportar a beneficiarios del parole humanitario y CBP One

La administración de Donald Trump concedió poderes especiales a los funcionarios del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para deportar de manera expedita a inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos bajo los programas de parole humanitario y CBP One, según indica una instrucción gubernamental de última hora.

El diario The New York Times reveló el contenido de un memorando interno, firmado la noche de este jueves por Benjamine C. Huffman, jefe interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mediante el cual se otorga a los funcionarios de ICE luz verde para usar poderes expansivos de deportación que durante mucho tiempo estuvieron solo reservados para expulsar por vía rápida a inmigrantes en la frontera sur.

Huffman fue designado jefe interino por Trump a la espera de confirmación de Kristi Noem, quien ya tuvo su audiencia correspondiente en el Senado.

El documento constituye una guía de procedimiento que da plena autoridad a los representantes de ICE para expulsar a personas protegidas por dos programas implementados por la administración Biden como estrategia para frenar la inmigración ilegal.

La noticia resulta un balde de agua fría para 1.46 millones de personas acogidas a protección migratoria en territorio estadounidense bajo ambos programas, establecidos simultáneamente en enero de 2023 y cancelados por una orden ejecutiva de Trump tras asumir su nuevo mandato en la Casa Blanca.

El parole humanitario (CHNV) fue establecido por la administración Biden para los venezolanos en octubre de 2022, y añadió a nacionales de Cuba, Haití y Nicaragua desde enero de 2023. Un total de 531,690 inmigrantes de las cuatro nacionalidades lograron entrar al país, entre ellos 110,240 cubanos.

En cuanto al CBP One, un programa de citas de asilo en la frontera sur, permitió beneficiarse a más de 904,500 personas de diversas nacionalidades, mayormente venezolanos, cubanos y mexicanos.

Las instrucciones del memorando parecen también aplicables a inmigrantes afganos y ucranianos que ingresaron a Estados Unidos bajo sendos programas para refugiados.

La decisión deja claro que Trump va a cumplir sus promesas de campaña hasta las últimas consecuencias, y que no solo intentará movilizar el aparato de control de la inmigración contra los indocumentados y criminales, sino incluso para expulsar a quienes ingresaron por vías previamente autorizadas y con supervisión.

Ambos programas emblemáticos de la política migratoria de Biden habían enfrentado fuertes críticas de los republicanos, incluidos funcionarios de la actual administración Trump, como una forma de facilitar la inmigración ilegal bajo la apariencia de un programa gubernamental.

 Los inmigrantes avalados bajo el CHNV tenían visto bueno para permanecer en el país hasta dos años bajo un estatus legal temporal, sin extensión. Los cubanos tenían la alternativa de obtener su residencia permanente al término de un año, al amparo de la Ley de Ajuste Cubano.

Las personas que cruzaron la frontera con la solicitud de asilo tras cumplir la cita de CBP One tienen un caso abierto en los tribunales de inmigración para buscar asilo político.

Sin embargo, el memorando parece permitir la deportación, independientemente de si los inmigrantes han cumplido su tiempo de permanencia legal o aguardan por concluir su proceso jurídico.

No está claro si el memorado podría afectar a unos 400 mil cubanos que están en el país con el documento I-220A, que es clasificado como un documento de libertad con supervisión, pero no un parole. La mayoría de estos casos aguarda por una fecha establecida para defender su petición de asilo ante un juez de inmigración.

Un alto funcionario de Seguridad Nacional, que hablo con el diario neoyorquino bajo condición de anonimato, dijo que el esfuerzo se basó en la creencia de Trump de que los programas de inmigración de Biden nunca fueron legales, pues no pasaron la aprobación del Congreso, y que los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente deben ser expulsados ​​​​rápidamente.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y arquitecto de las políticas de inmigración de línea dura de Trump, ha dejado en claro que se opone a ambos programas.

“Aquí hay una idea: no envíen en avión a millones de inmigrantes ilegales desde estados fallidos a miles de millas de distancia a pequeñas ciudades en todo el corazón de Estados Unidos”, dijo Miller en las redes sociales el pasado septiembre.

El proceso para llegar a este memorando viene encaminándose desde entonces.

Trump lo había pronosticado desde su campaña presidencial y este lunes no perdió tiempo en ordenar al DHS que cerrara los programas de la era Biden.

La orden ejecutiva fue firmada en el propio edificio del Capitolio, y ese mismo día Huffman emitió un memorando decretando la eliminación gradual de todos esos programas.

El martes, el DHS emitió una hoja de ruta con autoridad para rastrear inmigrantes en escuelas, hospitales e iglesias, y amplió los poderes de deportación.

El jueves, Huffman proporcionó orientación adicional a la agencia sobre las dos decisiones clave y cómo proceder para cumplirlas.

El memorando orienta a los funcionarios del ICE analizar los casos de inmigrantes que la agencia tiene en sus registros y pueden ser deportados de manera expedita, eludiendo los tribunales de inmigración. El documento sugiere que los funcionarios prioricen a los inmigrantes que han estado en el país por más de un año y no han solicitado asilo.

También faculta a los funcionarios de ICE para retirar el parole o estatus legal temporal, bajo el que están la mayoría de los protegidos de ambos programas.

Si los migrantes ya están en el proceso de deportación formal, que puede tomar años, los funcionarios del ICE pueden proceder a cerrar su caso y colocarlos en el programa de deportación acelerada.

El memorando también brinda a los funcionarios del ICE la capacidad de apuntar a aquellos que han estado en el país bajo un programa temporal, pero han permanecido más de dos años para los procedimientos formales de deportación.

Las noticias sobre el documento fueron recibidas de inmediato con duras críticas por parte de defensores de los inmigrantes y ex funcionarios de Biden, según The New York Times.

“Además de generar serias preocupaciones legales, someter a personas que cumplieron con las reglas a un proceso de deportación sumaria es una traición indignante y sin precedentes”, dijo Tom Jawetz, abogado de alto rango del DHS durante la administración saliente.

Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, grupo de defensa de los inmigrantes, dijo que la decisión es un grave error.

“Las comunidades estadounidenses han abierto sus corazones y hogares a personas de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Afganistán y Ucrania”, dijo Tumlin. “Castigar a personas que hicieron todo lo que el gobierno les pidió, y muchas de las cuales tenían patrocinadores en Estados Unidos, con este procedimiento de deportación sumaria es espantoso”.

Sobre el tema de las deportaciones expeditas, la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU) ya había impugnado la orden de Trump en un tribunal federal en Washington DC, el pasado miércoles. El litigio interpuesto por ACLU argumenta que la decisión violó la ley federal.

“La administración Trump quiere usar esta política ilegal para impulsar su agenda de deportación masiva y destrozar comunidades”, dijo Anand Balakrishnan, abogado de ACLU, en un comunicado. “Ampliar la deportación acelerada le daría a Trump una clave para eludir el debido proceso y la Constitución, y nuevamente estamos aquí para luchar contra eso”.