Jueza federal anulará revocación del parole humanitario
La jueza Indira Talwani dijo que emitirá una orden para anular la suspensión del programa, que estaba previsto llegar a su término el próximo 24 de abril.
Una jueza federal decidió este jueves impedir que la administración de Donald Trump ponga fin al programa de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, identificado como CHNV.
La jueza Indira Talwani, de un tribunal de distrito en Boston, Massachusetts, dijo que emitirá una orden para anular la suspensión del programa, que estaba previsto llegar a su término el próximo 24 de abril. La orden pudiera darse a conocer esta misma semana.
Talwani recordó que la ley vigente proporciona una vía para expulsar de manera expedita a las personas que cruzan ilegalmente la frontera, pero no a aquellos inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos con un permiso de entrada en virtud de una concesión de libertad condicional (parole), de acuerdo con reportes periodísticos de la audiencia.
«Lo que se está priorizando aquí no es a personas que cruzaron la frontera, sino a las personas que siguieron las reglas», dijo la jueza, que fue nombrada por Barack Obama en 2014.
Aunque pudiera ser un alivio temporal, la decisión marca un revés judicial para el gobierno y beneficiará a unos 532 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que entraron al país con derecho a permanecer por dos años y recibir un permiso de trabajo. La iniciativa se hizo efectiva para los venezolanos desde octubre de 2022 y a partir de enero de 2023 para el resto de las tres nacionalidades seleccionadas.
Un total de 110,240 cubanos lograron ingresar al país bajo el programa.
La jueza afirmó que la justificación del gobierno para revocar el estatus de las personas que ya se encuentran legalmente en el país le resultaba “confusa”, por lo que emitirá pronto una orden para suspender de inmediato la notificación publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal.
El pasado 25 de marzo, el DHS anunció la revocación del parole humanitario a miles de personas, y advirtió que todos los beneficiarios que no tuvieran otra protección migratoria estaban sujetos a una posible deportación en 30 días.
El DHS también invitó a las personas sin provisiones legales para permanecer en el país a que se autodeporten usando la aplicación móvil CBP Home.
Pero Talwani cuestionó insistentemente la argumentación del gobierno para cancelar el parole humanitario y dijo que la decisión de cancelar el programa establecido por la administración Biden se basó en una “interpretación errónea de la ley”.
“Las personas enfrentan ahora la opción de huir del país o quedarse y arriesgarse a perderlo todo”, expresó la jueza. “El quid de la cuestión radica en que al acortar el período de parole otorgado a estas personas, la secretaria [del DHS, Kristi Noem], debió aplicar una decisión razonada”.
Agregó que no exigiría que el CHNV siguiera aceptando nuevos solicitantes por tratarse de un asunto de política migratoria más amplio, pero enfatizó que lo esencial es que “había un acuerdo y ahora ese acuerdo se ha visto socavado”.
El proceso judicial en Boston está motivado por una demanda de grupos de benefiarios, patrocinadores y grupos defensores de los inmigrantes. Otra demanda contra la cancelación del programa fue radicada en una corte de Washington DC y está aún pendiente de decisión.
Fuera del tribunal, defensores de los inmigrantes y representantes de organizaciones involucradas en la demanda, coincidieron en que las críticas a este programa contradicen la política migratoria del gobierno de Trump, según el reporte de Associated Press.
“Escuchamos el discurso de que la gente viene aquí ilegalmente y que el gobierno quiere erradicar la inmigración ilegal. Pero hoy vemos claramente que no es así. Incluso quienes tienen estatus legal, pagan sus impuestos y trabajan están siendo atacados”, dijo Guerline Jozef, fundadora y directora ejecutiva de la Alianza del Puente Haitiano.
De cualquier forma, la orden anunciada por la jueza Talwani y un fallo final en el caso pudiera ser retado en un tribunal superior o incluso llegar al Tribunal Supremo, donde la administración Trump ha llevado ya nueve solicitudes de emergencia en sus 80 días de mandato.