Colapsa proyecto de Ley de Inmigración en el Senado; se evaporan expectativas de cubanos con I-220A
La propuesta colapsó por el bloqueo de la oposición republicana, echando por tierra meses de negociaciones con los demócratas sobre una legislación enfocada en detener los cruces por la frontera y poner en control la inmigración ilegal.
Para miles de inmigrantes cubanos con documento I-220A, el proyecto legislativo bipartidista que este miércoles fue rechazado en el Senado de Estados Unidos había activado las esperanzas de abrir una compuerta hacia la regularización de su estatus en el país.
Pero la propuesta colapsó por el bloqueo de la oposición republicana, echando por tierra meses de negociaciones con los demócratas sobre una legislación enfocada en detener los cruces por la frontera y poner en control la inmigración ilegal.
“Esta es una oportunidad para que el Senado decida si no vamos a hacer nada, o vamos a hacer algo… Es un tema que ha atormentado, francamente, a este órgano legislativo y hace tres décadas que no aprobamos nada en la ley para poder cambiar la seguridad fronteriza”, dijo el senador republicano por Oklahoma, James Lankford, gestor de la propuesta, en un discurso en el hemiciclo del Senado justo antes de la votación.
Lankford dijo que las personas en las comunidades están pidiendo una acción a los políticos para parar la ola migratoria, y la responsabilidad es tanto de republicanos, demócratas e independientes.
La votación fue de 49 votos a favor y 50 en contra, lo que quedó muy lejos de los 60 necesarios para aprobar el proyecto. Cuatro republicanos votaron a favor de seguir adelante con la legislación y seis demócratas, entre ellos el cubanoamericano Bob Menéndez, votaron en contra, argumentando que el compromiso fronterizo era una concesión demasiado costosa.
A pesar del recrudecimiento de los controles migratorios y las exigencias para el asilo, la ahora congelada HR 815 contenía sin embargo una regulación especial que eximiría a los cubanos de tener que ser inspeccionados, admitidos y puestos en libertad bajo parole para poder beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano (CAA) al año y un día de su permanencia en el país.
De acuerdo con la cláusula, descrita en el proyecto entre las páginas 149-150, “los extranjeros que sean nativos o ciudadanos de Cuba o Haití y hayan sido puestos en libertad condicional” se considerarán personas elegibles para recibir provisiones de alimentos, servicios de salud y ayuda suplementaria, al amparo de la Ley de Educación y Asistencia para Refugiados, de 1980.
Por el texto descrito en la regla, quedaría zanjada la controversia legal sobre el I-220A, que no es oficialmente reconocido por los jueces de inmigración y las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como un documento de admisión, sino como un permiso de libertad bajo supervisión.
Pero había un potencial obstáculo a la vista. La propuesta no se aplicaría de manera retroactiva, de manera que de aprobarse no protegería a los cubanos presentes con posesión del I-220A en territorio estadounidense, muchos de ellos con sus casos de asilo y petición de residencia permanente en proceso.
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) dictaminó el pasado año que el I-220A no es un parole y no puede aceptarse para solicitar residencia permanente con CAA,
Se calcula que unos 400 mil cubanos con I-220A se encuentran en el país en diferentes fases de sus procesos migratorios.
De cualquier forma, la ventaja estaba en que la cláusula creaba un recurso válido de beneficio para los casos de I-220A, pues desde la eliminación de la normativa de pies secos/pies mojados, en enero de 2017, miles de cubanos han recibido distintos tipos de documentos al llegar por la frontera de México e ingresar al país para litigar sus asilos.
“La incoherencia de las decisiones de DHS y CBP [Aduanas y Protección de Fronteras] y USCIS a la hora de entregar documentos en los puntos fronterizos y procesar los casos demuestra que no hay un criterio uniforme de admisión, y eso es lo que va a terminar por resolver la situación de los cubanos con I-220A”, dijo el abogado Willy Allen, quien desde un inicio dijo sentirse escéptico sobre el proyecto de ley.
Allen considera que finalmente tendrá que producirse una decisión administrativa para enmendar las irregularidades de los procedimientos oficiales y conceder la residencia legal a los cubanos registrados con I-220A.
Lo cierto es que tanto la cláusula especial para cubanos como la propia propuesta de ley estaban en terreno movedizo.
El proyecto enfrentó a la vez dura oposición en la Cámara de Representantes, donde no solo tuvo rechazo en la bancada republicana, sino también entre algunos legisladores demócratas, renuentes a aceptar las severas restricciones antiinmigrantes.
El líder de la Cámara, el representante Mike Johnson, manifestó que el proyecto estaba muerto y no sería considerado, mientras el expresidente Donald Trump instó a sus partidarios a no aprobar ningún plan migratorio “si no es perfecto”.
“Solo un tonto o un demócrata de izquierda radical votaría por esta horrenda legislación”, escribió Trump en la red Truth Social.
No obstante, partidarios del proyecto de ley insistieron en que representaba la propuesta fronteriza bipartidista más completa en años, incluyendo numerosas prioridades republicanas.
La legislación redoblaría las dificultades para la llegada y la permanencia de los cubanos y el resto de los inmigrantes en Estados Unidos.
El plan buscaba agilizar el sistema de inmigración en cuanto a las peticiones de asilo y procesos de deportación, reforzaba los criterios de la entrevista de “miedo creíble”, otorgaba mayor poder de determinación a los funcionarios de asilo sin tener que pasar por los tribunales de inmigración.
Los cruces fronterizos ilegales quedarían restringidos y se prohibirían las solicitudes de asilo si la media diaria alcanzaba las 4,000 entradas durante una semana. Si superaban los 5,000 como promedio diario en una semana o los 8,500 en un día, el DHS estaría obligado a hacer uso de la suspensión.
En el primer año, el gobierno podría utilizar la suspensión durante 270 días y luego por 225 días naturales en el segundo año, y 180 días, en el tercer año.
Las autoridades tramitarían al menos 1,400 solicitudes de asilo diarias en los puertos de entrada, como está procediendo a través de la aplicación móvil CBP One. Se preservaba la autoridad de la administración para proceder con el parole humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses.
Pero todo es ahora letra muerta.
También quedaron sin autorizarse los $60,000 millones de dólares propuestos en ayuda de guerra a Ucrania y $14,000 millones para Israel, con el respaldo del presidente Joe Biden. La ayuda para los conflictos en el extranjero estaba condicionada a los $20,230 millones asignados para el control de la frontera.