Administración Biden considera restringir política de asilo y “miedo creíble” en la frontera
El plan afectaría a centenares de cubanos que a diario llegan o cruzan la frontera mexicana, y permitiría deportaciones expeditas a quienes no cumplan los requisitos exigidos.
La administración de Joe Biden planea aplicar nuevas regulaciones ejecutivas para impedir las solicitudes de asilo y producir deportaciones expeditas de inmigrantes en un esfuerzo por frenar el flujo descontrolado por la frontera desde México, según reportes de funcionarios desde Washington.
El plan, que afectaría a centenares de cubanos que a diario llegan o cruzan la frontera mexicana, fue reportado este miércoles por varios medios de liderazgo informativo en Estados Unidos citando funcionarios y personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato. Al menos dos congresistas demócratas en el Congreso confirmaron que conocen la estrategia prevista, pero declinaron comentar al respecto.
La propuesta bajo consideración impediría solicitar asilo a las personas que cruzan ilegalmente la frontera y activaría una cláusula de la Ley de Inmigración (INA) que descalifica la petición de refugio de aquellas personas que arriben a territorio estadounidense por lugares no oficialmente establecidos como puertos de entrada.
Además, la administración discute implementar un nivel de exigencia mayor durante la entrevista de “miedo creíble” para dificultar que los inmigrantes puedan rebasar la etapa inicial de la solicitud de asilo, y facilitar la deportación inmediata de las personas que no cumplan los estándares exigidos o violen las reglas de entrada al país.
El plan pudiera anunciarse tan pronto como la semana próxima, antes del discurso sobre el estado de la nación, que debe pronunciar Biden el 7 de marzo.
Los puntos principales de este enfoque radical de la administración Biden estaban contenidos en el proyecto bipartidista de ley de inmigración y seguridad fronteriza que colapsó en el Senado, el pasado 7 de febrero, debido a la oposición de un sector republicano. La legislación, que estuvo en negociación durante cinco meses, era considerada como la más restrictiva propuesta sobre inmigración en décadas.
Al parecer, la propuesta no afectaría a los solicitantes de cita de asilo mediante la aplicación CBP One. En una conferencia telefónica este miércoles con altos funcionarios del Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Blas Núñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en DHS, negó versiones de que el programa de CBP One fuera a ser eliminado.
“No hay ningún plan para terminar con citas de CBP One, que es un mecanismo muy importante y lo utilizamos para organizar la presentación de personas en los puntos de entrada de manera segura y ordenada… Vamos a seguir utilizando ese sistema”, dijo el funcionario.
Pero la administración sí estaría valorando aplicar un cierre total de frontera cuando haya un “factor desencadenante”, causado por cifras de cruces ilegales considerados excesivos para un plazo de tiempo determinado.
Si se toman parámetros similares a los incluidos en el proyecto legislativo abordo en el Congreso, se cerraría la frontera cada vez que se registre un flujo promedio de 5,000 inmigrantes diarios en una semana u 8,500 en un solo día.
Las decisiones finales sobre el plan no están tomadas, según las fuentes consultadas. Pero existe una alta probabilidad de materializarlo, teniendo en cuenta que la frontera sigue teniendo una avalancha imparable de inmigrantes. Y la crisis migratoria es el elemento más erosionante que tiene Biden entre el electorado estadounidenses a solo ocho meses de la elección presidencial.
Las estadísticas de DHS indican que desde el arribo de Biden a la Casa Blanca han entrado de manera irregular a Estados Unidos más de 8.5 millones de inmigrantes, de ellos 1.2 millones de ellos en los primeros cuatro meses del presente año fiscal, a pesar de las iniciativas disuasorias como el parole humanitario y los centros de movilidad segura.
En el caso de los cubanos, en la etapa de Biden las entradas ilegales suman 542,937 hasta el pasado enero.
La puesta en marcha de las nuevas normativas tendría efecto de contragolpe contra la bancada republicana que anuló la propuesta legislativa de seguridad fronteriza, pero es un arma de doble filo para el presidente, que pudiera ser cuestionado por no aplicar las medidas a su alcance hasta que la crisis se agravó al punto de poner en peligro su reelección.
“Ciertamente hay muchos retos y obstáculos para aplicar este plan de medidas, pero algo tendrá que hacer la administración”, dijo a Café Fuerte una fuente en Washington. “Quedarse paralizada en este momento es suicida”.
Los retos son tanto financieros como legales. Por un lado, el presupuesto está seriamente limitado actualmente para las operaciones de las agencias federales desplegadas en puntos fronterizos, al punto de que circularon versiones de que el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendría que liberar a parte de las personas retenidas por carencia de recursos en los centros de detención.
La administración deberá desbloquear fondos adicionales para implementar cualquiera de las iniciativas de control fronterizo mientras no se llegue a un acuerdo sobre el presupuesto.
Pero también, las disposiciones administrativas podrían enfrentar demandas legales por parte de grupos defensores de los inmigrantes, como ocurrió con la orden ejecutiva de Donald Trump en 2018, cuando intentó bloquear la entrada a los inmigrantes ilegales fuera de los puertos oficiales. Exactamente una de las opciones que sopesa ahora Biden.
La orden de Trump resultó entonces bloqueada por un juez federal de California y luego confirmada en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y la Corte Suprema de Estados Unidos.