Desmantelamiento de USAID: 1,600 empleados a la calle y futuro incierto sobre fondos para Cuba
El panorama es de incertidumbre para miles de personas asociadas a los proyectos de la USAID, porque mientras la batalla oscila entre disposiciones administrativas y litigios en los tribunales, las perspectivas no son esperanzadoras para los afectados.
El desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está en marcha y las perspectivas de revertir los pasos de su eventual desaparición no parecen viables.
El gobierno de Donald Trump está avanzando rápido hacia las fases finales de la moribunda USAID y desde este lunes al menos 1,600 empleados quedarán cesanteados y casi todos los restantes serán puestos bajo una licencia administrativa que, de hecho, augura sus respectivos despidos en una fecha cercana.
Una cantidad de alrededor de 600 empleados radicados en Estados Unidos permanecerán en funciones para continuar las labores esenciales de la agencia federal.
La decisión se produjo después de que el juez federal de Washington DC, Carl J. Nichols, determinó el pasado viernes que el gobierno podía seguir adelante con su plan de despedir a miles de empleados de USAID en dependencias en Estados Unidos y en todo el mundo. El juez Nichols, nominado por Trump en 2019, había puesto antes en pausa el paquete de despidos para valorar una demanda de los empleados que buscaba seguir bloqueando temporalmente el plan gubernamental, impulsado por el magnate Elon Musk.
El fallo judicial desató de inmediato la acción de Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para alertar a los empleados que quedarían cesantes del total de 2,200 previstos inicialmente para ser despedidos.
“A las 11:59 pm del domingo 23 de febrero de 2025, a las 17:00 horas (hora del Este de Estados Unidos), todo el personal contratado directamente por USAID, con excepción del personal designado responsable de funciones cruciales para la misión, liderazgo central y/o programas especialmente designados, será puesto en licencia administrativa a nivel mundial”, según el aviso enviado a trabajadores de la agencia.
Una versión del aviso enviado en mensaje a los empleados apareció este domingo en el sitio web de USAID.
La medida constituye la más impactante señal de que el desmantelamiento de la USAID es una prioridad en los objetivos trazados por Musk para reducir el tamaño del gobierno federal y supuestamente garantizar la eficiencia de sus dependencias. Y va siendo cada vez más claro que la presunta restructuración anunciada el pasado mes es, en esencia, una estrategia para desmantelar completamente la agencia.
De hecho, los 600 empleados que quedarán en funciones estarán mayormente a cargo de los viajes de los trabajadores de USAID y sus familias en el extranjero, según fuentes internas de la agencia. Los planes del gobierno de Trump se vislumbran con mayor agresividad contra los más de 10,000 empleados de USAID, que quedarían reducidos a unos 290 puestos, según reveló el diario The New York Times.
El aviso dominical de USAID indicó que la agencia está “comprometida a mantener a salvo a su personal en el extranjero”, y aseguró que no cortará “el acceso de los empleados de USAID en el exterior a los sistemas del organismo y otros apoyos”.
Los trabajadores asociados en el extranjero tendrán un plazo de 30 días para retornar a Estados Unidos.
Un tema sensible es que las cartas de notificación a los contratistas despedidos de USAID, en las cuales se excluyen los nombres o cargos de quienes las reciben, podría dificultar la obtención de beneficios de desempleo a los cesanteados.
Los esfuerzos emprendidos por la administración Trump, con la punta de lanza de Musk, están centrados en desarticular la USAID y la NED, su brazo asociado. En estas cuatro semanas de mandato trumpista fue cerrada la sede de la agencia en Washington DC, se cancelaron cientos de programas de ayuda, desarrollo y promoción de la democracia alrededor del mundo, incluidas las provisiones financieras para grupos e iniciativas relacionadas con Cuba.
El panorama es de incertidumbre para miles de personas asociadas a la USAID y sus proyectos, porque mientras la batalla oscila entre disposiciones administrativas y litigios en los tribunales, los afectados no tienen claro el camino a seguir ni la manera más efectiva para capear el temporal y esperar por una posible reconsideración de restaurar los fondos a las iniciativas congeladas, evaluando a cada promotor y a cada país.
Pero al menos dos fuentes de larga trayectoria en las esferas federales dijeron a Cafe Fuerte que funcionarios de alta jerarquía en el Departamento de Estado consideran que la USAID es un punto muerto, y que los fondos no serán reasignados de la misma forma en que venían concediéndose hasta ahora.
Tanto Trump como Musk piensan que la entidad era un despilfarro colosal que se estaba utilizando con un criterio de promover tendenciosamente la agenda liberal, y que no debe haber marcha atrás. Más fuerte que eso, el magnante devenido funcionario de alto rango de la actual administración, ha catalogado a la USAID como “una organización criminal”.
USAID is a criminal organization https://t.co/FY7P52XTYC
— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025
“Las perspectivas no son alentadoras y la gente afectada debe pensar en que entramos en una nueva era en la concepción de estos planes de cooperación, y ningún sector ni organización ni país están exentos de este reajuste”, dijo una fuente bajo condición de anonimato. “Piensen en una planadora”.
Los funcionarios de USAID también recibieron otro balde de agua fría la pasada semana, con la comunicación de que se estaban cancelando alrededor de 800 premios y contratos administrados a través de la agencia.
Otra de las fuentes consultadas reconoció que “va a ser un proceso difícil, pero se ejecutará con rapidez”.
“En el caso de Cuba, no me parece realista pensar que los proyectos, organizaciones y personas que contaban con financiamiento de la USAID y la NED, estarán de vuelta en los próximos 90 días”, pronosticó el informante.
El Secretario de Estado, Marco Rubio, quien fue nombrado por Trump como administrador interino de la USAID, dijo en una entrevista reciente con la cadena Fox News que la toma de control de la agencia por el gobierno “no tenía como objetivo deshacerse de la ayuda extranjera”.
Sin embargo, admitió que existe actualmente una “insubordinación de rango” dentro de la agencia, y que hay empleados que están siendo “poco cooperativos”, por lo que se vio obligado a tomar medidas drásticas para hacer avanzar las transformaciones previstas.
Rubio es la esperanza de numerosos grupos que creen en la restauración plena de la ayuda exterior para proyectos de democratización en Cuba y Venezuela. Por el momento, esos financiamientos están puestos en pausa por al menos 90 días.
“El efecto de todo esto es paralizante y desmoralizador”, dijo el integrante de un proyecto dirigido a la sociedad cubana. “No tenemos respuestas claras, no vemos la luz al final del túnel y creo que hay una sensación de miedo a hablar públicamente sobre esto para evitar ser perjudicado en caso de que vuelvan a asignarse fondos”.
El testimoniante, un exiliado cubano que pidió no ser identificado, señaló que su agrupación ha despedido temporalmente a dos de sus empleados contratados.
Medios y plataformas informativas de temas cubanos se han lanzado a recaudar fondos entre su audiencia, con carácter de emergencia, para tratar de compensar la pérdida de ingresos de la USAID y la NED.
“Y es obvio que esta situación está condicionando también las coberturas sobre Cuba, de lo que se habla o no se habla, de lo que se publica o no, con el mismo cálculo previsor”, agregó la fuente.
En realidad, en el mapa cambiante de la USAID hay que establecer dos planos de conflicto: los despidos inminentes, que ya están en proceso, y los fondos congelados, sobre los cuales hay un intenso debate en los tribunales.
La pasada semana, un juez federal de Washington DC ordenó al gobierno que levante temporalmente una congelación de fondos que ha paralizado la ayuda humanitaria y el trabajo de la USAID, y fijó un plazo de cinco días para que la administración demuestre que está cumpliendo con ello.
El fallo del juez Amir H. Ali, nombrado por Joe Biden, recordó “la devastación financiera que el corte de pagos casi de la noche a la mañana ha causado a proveedores y organizaciones sin fines de lucro que canalizan gran parte de la ayuda estadounidense en el extranjero”.
“Los funcionarios de la administración no han ofrecido ninguna explicación de por qué una suspensión general de toda la ayuda extranjera asignada por el Congreso, que desencadenó una onda expansiva y trastocó los contratos con miles de grupos sin fines de lucro, empresas y otras entidades, fue un acto racional para revisar los programas”, dijo el veredicto judicial.
El dictamen del juez Ali fue el primero en desafiar la congelación de fondos que mantenía la administración de Trump, y respondió a un creciente número de demandas por parte de grupos de empleados y proveedores gubernamentales que están reclamando protección judicial ante los vertiginosos recortes de la USAID en el exterior.
Las demandas de los sindicatos de trabajadores del gobierno y los contratistas de USAID argumentan que la administración carece de la autoridad constitucional para eliminar una agencia independiente o programas financiados por el Congreso sin la aprobación de los legisladores.
“Ninguna de las acciones de los acusados para desmantelar USAID se tomaron de conformidad con la autorización del Congreso”, indica una demanda, interpuesta por la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior, la pasada semana. “De acuerdo con el estatuto federal, el Congreso es la única entidad que puede desmantelar legalmente la agencia”.
Los demócratas en el Congreso también temen que las medidas de Trump para desmantelar USAID puedan servir como un caso de prueba para recortar drásticamente o cerrar otros departamentos y agencias federales.